Opinión
La participación ciudadana en el proceso constituyente ya comenzó a darse en los territorios a partir del estallido social, donde se desarrollaron de forma autoconvocada distintos espacios sociales de participación y diálogo a través de cabildos territoriales en plazas y parques, espacios laborales y ONGs. En ellos quedó de manifiesto el interés público de la ciudadanía por buscar soluciones a las demandas expuestas. Sin embargo, si no se establece un sistema formal en el reglamento de la Convención, esta energía no tendrá espacios de canalización reales, pudiéndose agudizar la desconfianza, desconexión y frustración del mundo social en cuanto al funcionamiento del sistema político. El punto es cómo lograr que el proceso sea lo más inclusivo, amplio y comprensivo posible.
Aprovechemos el probable aplazamiento de las elecciones para pensar en un sistema de participación ciudadana para la Convención Constitucional. La desconexión entre el mundo político y social, y la desconfianza de la ciudadanía, hacen imprescindible dotar de legitimidad al proceso constituyente, donde el protagonismo ciudadano debe existir pues, tal como plantea Claudia Heiss en ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? (2020), el “momento constituyente vincula el ‘qué’ al ‘cómo’. Ello porque no solo pide un cambio en las reglas del juego, sino que reclama el protagonismo en esa tarea”.
La participación ciudadana es un rasgo cada vez más relevante en los procesos de cambio constitucional, especialmente en las constituciones latinoamericanas de las últimas décadas.
Como ha señalado la OCDE, en contextos democráticos el involucramiento de la ciudadanía robustece los procesos constituyentes, dotándolos de mayor legitimidad, transparencia y eficiencia. De esta manera, los mecanismos de participación a establecer deberían considerar estándares como: incidencia en la toma de decisiones; inclusión y representatividad de actores e intereses -considerando sus características para asegurar su participación-; transparencia y acceso a la información; y la generación de colaboración y alianzas.
Para que esto sea posible es necesario generar un sistema de participación que permita contar con los habilitadores para lograr los estándares señalados donde la transparencia, la información, la inclusión de los tradicionalmente excluidos, el proceso de comunicación y la educación son clave.
La participación ciudadana en el proceso constituyente ya comenzó a darse en los territorios a partir del estallido social, donde se desarrollaron de forma autoconvocada distintos espacios sociales de participación y diálogo a través de cabildos territoriales en plazas y parques, espacios laborales y ONGs. En ellos quedó de manifiesto el interés público de la ciudadanía por buscar soluciones a las demandas expuestas. Sin embargo, si no se establece un sistema formal en el reglamento de la Convención, esta energía no tendrá espacios de canalización reales, pudiéndose agudizar la desconfianza, desconexión y frustración del mundo social en cuanto al funcionamiento del sistema político. El punto es cómo lograr que el proceso sea lo más inclusivo, amplio y comprensivo posible.
Al avanzar en un sistema de participación para la Convención también debemos considerar la importancia de la deliberación, proceso del cual no tenemos mucha experiencia como país.
La deliberación refiere a la capacidad de la ciudadanía de ser un actor, no solo recibiendo información, sino también participando del debate o, en otras palabras, produciendo argumentos, indican Cohen (1997), Dryzek (2000) en Welp y Soto (2017).
Yanina Welp y Francisco Soto (2019), en su estudio Más allá de modas y cortinas de humo: la deliberación ciudadana en cambios constitucionales, levantan las siguientes variables a mirar en un proceso deliberativo, aunadas en dos grupos de condiciones que serán determinantes: las referidas al mecanismo de deliberación (acceso a la información, tiempo, actores convocados y apertura del debate) y al método de procesamiento de los contenidos generados (si existe o no, si ha sido comunicado previamente, si es trazable y si permite conectar -y cómo- los contenidos con el texto final).
Por tanto, en un proceso de diseño de un sistema de participación ciudadana dentro de la Convención Constitucional deberíamos pensar en satisfacer los estándares de participación ya señalados, establecer los habilitadores necesarios para que ello sea posible y evaluar las condiciones de deliberación, procesamiento de datos y trazabilidad, para permitir que el proceso sea efectivamente incidente y demostrable a una ciudadanía desconfiada y frustrada como la chilena.
Solo así será posible avanzar en el nuevo pacto social que Chile necesita y en el cual nos encontramos encaminados. Una oportunidad histórica y única en la cual tenemos que estar presentes.
