Opinión
La desigualdad en nuestro país es un desafío que ha centrado la discusión de todos los sectores. Existen diversas explicaciones ofrecidas frente al estallido social y la forma en que nuestro país debe apostar a enfrentar los años que vienen, pero quiero detenerme en la importancia de las transferencias directas. Chile ha privilegiado programas de transferencias indirectas, enfocándose en sistemas de prestaciones públicas que aseguren ciertas condiciones a la población o sistemas sociales de entrega de bienes y servicios. Otorgar directamente una cantidad de dinero a los ciudadanos se ha establecido solo para programas con altísima focalización.
Diversos estudios han demostrado que antes de impuestos Chile tiene un coeficiente de Gini (el que es usado ampliamente para medir la desigualdad) de 0,50 similar a varios países OCDE. La gran diferencia viene después, ya que cuando se agregan las transferencias desde el Estado estos países bajan su Gini a alrededor de 0,35 pero Chile sólo logra disminuir a 0,46.
Soy un convencido de que debemos aumentar las transferencias directas al bolsillo de las personas si queremos disminuir la desigualdad en Chile y aumentar las oportunidades.
Un primer paso fue el Ingreso Mínimo Garantizado que tramité durante mi ejercicio como Ministro de Desarrollo Social. En este esfuerzo, se busca complementar los ingresos de los trabajadores con remuneraciones menores a $300.000 líquidos. Esta es una política que debe perfeccionarse y perdurar.
Una nueva propuesta que hemos presentado recientemente es el “Alivio tributario para clase media y sectores vulnerables”. El IVA es el mejor sistema recaudador que tenemos pero también es altamente regresivo. Creemos que las exenciones son desaconsejables ya que muchas veces se asignan en base a grupos de presión que no velan por el bienestar general.
Nuestra propuesta considera una devolución de ese IVA, calculado sobre la canasta básica de alimentos y el promedio de gastos en medicamentos de usuarios de Fonasa, que podría llegar a más de la mitad de las familias chilenas y en la que un hogar de 4 personas recibiría una transferencia por $133.000 trimestral.
Este programa podría también incentivar el uso de la boleta electrónica, lo cual permitiría mayor formalización y recaudación. Esto ya que supone avanzar gradualmente hacia un sistema basado en la trazabilidad del gasto (contar con información en línea del gasto por rut).
Nuestro país debe avanzar en políticas de este tipo, que permitan resolver la alta desigualdad y el descontento y frustración que ello genera, y que no se resuelve sólo a través de sistemas de redistribución indirectas.
