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No podemos seguir en el camino de convertir Chiloé en una zona de sacrificio

por 22 septiembre, 2021

No podemos seguir en el camino de convertir Chiloé en una zona de sacrificio

Crédito: Archivo

La imagen de un Chiloé apacible y atractivo para el turismo, contrasta con una institucionalidad que no solo permite sino que también derechamente fomenta la destrucción de ecosistemas y la proliferación de sectores económicos desregulados que concentran la riqueza sustraída. Por otra parte, este modelo de desarrollo tiene dramáticas consecuencias en los ecosistemas, causadas por la ausencia de estándares ambientales y por la escasa fiscalización.
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El reciente fallo de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección en contra del vertedero de Puntra el Roble, en Ancud, es solo un elemento en la larga historia del conflicto por los residuos en Chiloé. Las chilotas y chilotes lo saben mejor que nadie: el sistema político ha sido absolutamente incapaz de proveer de una solución adecuada a la endémica crisis relativa a la disposición de residuos en su territorio. Por ello, es evidente que el problema tiene raíces más profundas, que exigen un análisis de todas sus variables, con el objeto de proponer medidas a la altura del desafío.

En primer lugar, la imposibilidad de dar una solución real a este conflicto, tiene por una de sus causas la dinámica de despojo que tienen la región y el país con el Archipiélago. Nos relacionamos con el territorio chilote esencialmente como un espacio de extracción de recursos. Primero fue la acuicultura, hoy se expande hacia sectores como las turberas y las proyecciones de generación energética. La imagen de un Chiloé apacible y atractivo para el turismo, contrasta con una institucionalidad que no solo permite, sino que también derechamente fomenta la destrucción de ecosistemas y la proliferación de sectores económicos desregulados que concentran la riqueza sustraída. Por otra parte, este modelo de desarrollo tiene dramáticas consecuencias en los ecosistemas, causadas por la ausencia de estándares ambientales y escasa fiscalización. Finalmente, la dinámica de despojo se expresa también en las carencias en provisión de derechos sociales de calidad, en materias simbólicas como educación y salud.

Frente a esta situación, cabe mencionar que, el año 2014, la Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio caracterizó estos territorios como aquellos en que se cumplían 4 condiciones: un intenso desarrollo industrial que ha producido daño a ecosistemas, la proximidad de la población a procesos productivos contaminantes, la vulneración a los derechos humanos y el aumento de la vulnerabilidad y empobrecimiento de los habitantes. Calificar al Archipiélago con esta tristemente célebre denominación puede parecer aún lejano, pero, ¿acaso no se cumplen, al menos parcialmente, varias de estas condiciones? En ese caso, ¿qué pueden hacer nuestros representantes para detener ese proceso?

Es urgente reconstruir el modelo de gobernanza del territorio en nuestra región. Se acerca la negociación de la Ley de Presupuesto y poco y nada oímos de cuál será la postura de nuestros representantes en esa discusión. Sin presionar públicamente por mayores recursos para los municipios y Gobierno Regional, no será posible solucionar el problema de manera local, tal como debe ser. El espacio para soluciones innovadoras está ahí, esperando. ¿Por qué no podemos pensar cooperativas de disposición de residuos en localidades específicas, que cuenten con apoyo financiero regional y municipal? ¿Es descabellado realizar reciclaje y tratamiento de residuos orgánicos aquí en la región?

El diseño, construcción e implementación de un sistema de gestión de residuos sostenible es responsabilidad de los gobiernos locales, regionales y finalmente el nacional. Sin embargo, el Congreso Nacional cumple un rol fundamental en proporcionar el marco general en que debe realizarse ese urgente proceso. Por una parte, perfeccionar la regulación que directamente trata la basura. Es así como el principal cuerpo legal del área, la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), debe apurar su implementación y ampliarse más allá de los productos considerados actualmente, para transitar hacia un modelo que apunte como objetivo a una economía Basura Cero.

Ello puede lograrse con medidas al final de la cadena de consumo, como incluir metas más ambiciosas en materia de residuos orgánicos, que son aproximadamente el 50% de la basura domiciliaria. Actualmente la Ley REP no los menciona, por lo que no hay objetivos legales de valorización de estos, terminando en los vertederos y rellenos sanitarios. Asimismo, debemos avanzar en más medidas al comienzo de la cadena productiva, tanto prohibiendo ciertos productos (como ha sido el caso de muchos plásticos de un solo uso) y también exigiendo mayores estándares de durabilidad y reparabilidad de bienes de consumo.

Finalmente, es urgente reconstruir el modelo de gobernanza del territorio en nuestra región. Se acerca la negociación de la Ley de Presupuesto y poco y nada oímos de cuál será la postura de nuestros representantes en esa discusión. Sin presionar públicamente por mayores recursos para los municipios y Gobierno Regional, no será posible solucionar el problema de manera local, tal como debe ser. El espacio para soluciones innovadoras está ahí, esperando. ¿Por qué no podemos pensar cooperativas de disposición de residuos en localidades específicas, que cuenten con apoyo financiero regional y municipal? ¿Es descabellado realizar reciclaje y tratamiento de residuos orgánicos aquí en la región?

Este problema no es exclusivamente económico ni ecológico, es derechamente un problema de poder y el pueblo chilote demanda que quienes lo ostentan se hagan cargo de ejercerlo para dejar de vivir con la basura hasta el cuello. No podemos seguir en este camino de convertir Chiloé en una zona de sacrificio.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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