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Acusaciones cruzadas

por 8 noviembre, 2021

Acusaciones cruzadas
En medio de los extremos que se acusan recíprocamente en la Convención, un amplio sector, el más amplio, asiste perplejo y ya algo cansado a este fuego cruzado, si bien no deja de encontrar alguna razón a quienes hacen los disparos. Sí, en efecto, hay algunos (muy pocos) que actúan como si quisieran ver fracasada a la Convención –en medio del proceso en curso o en el plebiscito de salida–, como hay otros (también minoría) a los que se nota muy interesados en que la Convención se distraiga y posponga la entrega del nuevo texto constitucional para después del 4 de julio de 2022, aunque para que esto último ocurriera se necesitaría de una reforma constitucional que el actual Congreso Nacional no aprobaría, pero vaya uno a saber el que se renovará parcialmente en pocos días más. El apretadísimo cronograma que acaba de aprobar la Convención para sus próximos 9 meses abona, desde luego sin quererlo, la posición de quienes querrían disponer de ese plazo superior a un año.
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 A un sector de nuestra Convención Constitucional se le acusa de estar actuando para hacer fracasar el proceso en curso. En ocasiones la imputación baja algo de tono y a ese mismo sector se le acusa de obstruir el avance de la Convención. Por su parte, desde ese sector acusado se replica a los acusadores que a lo menos parte de estos se encontrarán demorando conscientemente el trabajo del organismo a ver qué pasa con las elecciones de fin de este mes o si acaso se abre la posibilidad de pedir más tiempo del máximo que tiene la Convención (un año) para hacer su trabajo.

Y vean ustedes: hacer fracasar, obstruir y demorar. Eso de mayor a menor, pero igualmente grave en cualquiera de los casos.

Digamos que las dos primeras de tales disposiciones o actitudes –que las hay del lado de parte de la derecha– son al fin y al cabo una sola, puesto que si se obstruye algo es para que ese algo no tenga lugar. Demorar es ya otra cosa, si bien se trata de una actitud que también se observa dentro de la Convención, esta vez hacia el lado de la izquierda.

En medio de esos extremos que se acusan recíprocamente, un amplio sector, el más amplio, asiste perplejo y ya algo cansado a este fuego cruzado, si bien no deja de encontrar alguna razón a quienes hacen los disparos. Sí, en efecto, hay algunos (muy pocos) que actúan como si quisieran ver fracasada a la Convención –en medio del proceso en curso o en el plebiscito de salida–, como hay otros (también minoría) a los que se nota muy interesados en que la Convención se distraiga y posponga la entrega del nuevo texto constitucional para después del 4 de julio de 2022, aunque para que esto último ocurriera se necesitaría de una reforma constitucional que el actual Congreso Nacional no aprobaría, pero vaya uno a saber el que se renovará parcialmente en pocos días más. El apretadísimo cronograma que acaba de aprobar la Convención para sus próximos 9 meses abona, desde luego sin quererlo, la posición de quienes querrían disponer de ese plazo superior a un año.

¿Poder constituyente, constituido o ambas cosas a la vez? ¿Poder constituyente originario o derivado? Los constituyentes parecemos muy preocupados del poder que tenemos, del alcance de nuestras competencias y de los derechos que nos asisten, y algo menos de nuestros deberes, el principal de los cuales es elaborar y proponer al país una nueva Constitución y hacerlo dentro de un plazo no superior a un año, luego del cual la Convención se entenderá disuelta.

Nos encontramos trabajando en eso, es cierto, e implementando varias modalidades de participación popular –enhorabuena–, aunque la cantidad y frecuencia de estas últimas no debería poner en riesgo el deber principal antes señalado. Ni la urgencia de empezar a aprobar normas constitucionales debe ser al precio de cancelar la participación, ni esta ser llevada a un punto que pudiera no tomarle el peso a esa urgencia. La Convención en pleno en regiones, cada una de sus 7 comisiones temáticas lo mismo, los convencionales una semana territorial al mes: todo eso está muy bien, aunque estoy seguro de que habrá que ajustar tales salidas para que no afecten el cumplimiento del deber principal que tiene la Convención dentro del tiempo de que dispone.

Nadie entendería el día de mañana que no cumplamos dentro de plazo y que la única respuesta fuera que no calculamos debidamente las salidas a terreno. Por lo demás, hay otras formas de participación –desde audiencias públicas hasta iniciativas populares de normas constitucionales– que no suponen desplazamientos territoriales que toman varios días.

Quienes llegamos a la Convención Constitucional no lo hicimos para exhibirlo como un logro personal. Llegamos para responsabilizarnos de algo. “Acepto”, dijimos el 4 de julio de este año, y lo que aceptamos, sin hacer un juramento, fue claramente un compromiso.

Y un compromiso con plazo mínimo (9 meses) y otro máximo (12 meses), pero ni un día más.

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