Crisis política y constitucionalismo ideológico

Agustín Squella ha llamado a los constituyentes a apresurar su trabajo, para redactar la Carta Fundamental en el plazo establecido. Ve con preocupación que ello se alcance, por el “fuego cruzado” que habría en la Convención Constitucional desde una minoría de izquierda y derecha radical.

Comparto su preocupación y sus comentarios al trabajo de la Convención. Quisiera agregar dos puntos: la crisis política, con la atracción de volver al pueblo que tienen los constituyentes de izquierda radical, y el constitucionalismo ideológico, compartido no solo por núcleos de constituyentes, sino también por expertos y académicos que formulan propuestas para la nueva Constitución.

La crisis política se manifiesta en el predominio en la ciudadanía de una visión crítica de la política y de los políticos, una baja confianza en las instituciones y en las élites políticas, una baja participación electoral, acentuada por el voto voluntario, y el desplome de los partidos que dominaron la política en los últimos 30 años, los de la ex Concertación y RN y la UDI, sin que el espacio dejado por ellos haya sido ocupado por otros partidos que tengan solidez organizativa y liderazgo.

La crisis política golpeó a la Convención Constitucional. La elección del 15 y 16 de mayo movilizó a una minoría de 43,6% del electorado, el porcentaje más bajo en procesos electorales después de la dictadura de Pinochet. Este fue un retroceso respecto de la participación en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, de un 50,9%. En siete meses, un millón de personas, la inmensa mayoría de las cuales votó por una nueva Constitución, se desplazó al abstencionismo.

La Convención Constitucional deberá redactar una Carta Magna para toda la sociedad, no considerando a la minoría que le votó.

Los entusiastas constituyentes de una cierta izquierda no tomaron nota de este hecho. Impulsan mecanismos de participación, como “plebiscitos dirimentes”, para resolver diferencias. Recurren al pueblo para fortalecer el proceso constituyente, después que este les dio la espalda en las elecciones de mayo. La experiencia comparada (Italia es un buen ejemplo) muestra que los mecanismos de participación directa favorecen a minorías situadas en los extremos del espectro político y no al sistema político (Von Beyme, 1996).

[cita tipo=»destaque»]La crisis política golpeó a la Convención Constitucional. En siete meses, un millón de personas, la inmensa mayoría de las cuales votó por una nueva Constitución, se desplazó al abstencionismo. La Convención Constitucional deberá redactar una Carta Magna para toda la sociedad, no considerando a la minoría que le votó. Pero los entusiastas constituyentes de una cierta izquierda no tomaron nota de este hecho e impulsan mecanismos de participación, como “plebiscitos dirimentes”, para resolver diferencias.[/cita]

El segundo problema es el “constitucionalismo ideológico”, en los términos de Ernst Fraenkel (1964). Este concibe la redacción de la Carta Fundamental como una tarea de expertos, que poseen el conocimiento para ello y se guían por el bien superior del Estado, sin tener preferencias políticas. Se desenvuelve fuera de la sociedad y desconoce la diferencia entre el texto de la Constitución y la Constitución en la práctica (Verfassungswirklichkeit). Esta última es el concepto que cuenta, porque puede adaptarse para enfrentar nuevos desafíos. El plebiscito de 1988 lo demostró, permitiendo poner fin a la dictadura por la acción de los partidos y de la sociedad civil.

En el caso de Chile, el constitucionalismo ideológico desconoce las causas del proceso constituyente, que se encuentran en el estallido social del 18 de octubre de 2019. Este se produjo por el malestar de la ciudadanía contra el sistema económico (“el modelo”) y sus principales instituciones en particular (encarnado en movimientos como “No + AFP”) y cuestionó los altos costos de la educación y la salud. Corresponde a una economía de “mercado puro”, en los conceptos de Linz y Stepan (1996), que la definen por la extrema autonomía del mercado, la debilidad del Estado regulador para combatir las prácticas monopólicas y de colusión y para defender al consumidor. También se caracteriza por una alta concentración económica, que es fuente de poder económico y político, y por las amplias desigualdades de ingreso. La empresa considera principalmente al capital, desconociendo al trabajo y a las organizaciones de trabajadores, con lo cual limita el pluralismo de la sociedad.  Por estos motivos, el sistema económico es incompatible con la democracia. El estallido social lo demostró.

El constitucionalismo ideológico desconoce la naturaleza del 18 de octubre del 2019. La violencia de grupos minoritarios contra bienes públicos y privados, y la acción de Carabineros contra manifestantes pacíficos y violentos, dejó en un segundo plano su naturaleza original. Fue una “asonada” (Arturo Fontaine, 24 de octubre 2019), con “la imagen (de) las llamaradas devorando lo construido a través de muchas generaciones sucesivas, como si el mensaje fuera: quememos lo que existe”.

Esta interpretación ignora el malestar ciudadano contra el sistema económico, que fue reconocido en su momento por grandes empresarios y dirigentes gremiales. Alfonso Swett, entonces presidente de la CPC, opinó que “tenemos que meternos las manos al bolsillo y que duela” (El Mercurio, 30 de octubre de 2019). Andrónico Luksic escribió una columna titulada “Ayudemos a pagar la cuenta”, proponiendo aumentar el ingreso mínimo (Pulso, 26 de octubre de 2019), que concretaría en las empresas del grupo. Richard von Appen, presidente del grupo Ultramar, actual presidente de la Sofofa, propuso aumentar el impuesto a los más ricos: “Nosotros debiéramos contribuir más a través del global complementario, donde la tasa va a subir al 40%, y yo estaría dispuesto a que esa tasa fuera más alta, de 45% o 50%” (El Mercurio, 3 de noviembre de 2019).

Los constituyentes deben considerar la crisis política y esforzarse por disminuirla y no ignorarla. Los procesos políticos pueden sufrir quiebres o retrocesos. En segundo lugar, deben cambiar el paradigma que define al sistema económico vigente, con base en la Constitución de 1980, y reemplazarlo por otro de economía mixta o de economía social de mercado. Esto es más urgente e importante que el cambio del régimen de gobierno a uno parlamentario o semipresidencial, como se propone desde el constitucionalismo ideológico. Aquí se encuentra una de las cuestiones capitales para la estabilidad política futura.