Opinión
Crédito: Aton
Pocos hubieran esperado que Hernán Larraín Fernández, público defensor durante los años 90 del enclave alemán Colonia Dignidad (Villa Baviera) y de su líder pederasta Paul Schäfer, fuera designado por el Presidente Piñera como ministro de Justicia y Derechos Humanos. A lo que debe agregarse su desastrosa gestión de los organismos dependientes del ministerio, como el Registro Civil, Gendarmería y el ex Sename, con récords de licitaciones fallidas y de problemas de probidad y/o seguridad. La última, la licitación de cédulas y pasaportes, cuya adjudicación a Aisino fue declarada nula, y que nadie entiende cómo no tuvo una gestión más cuidadosa, creando problemas mayores, con afectación de la imagen internacional de eficiencia que goza el país y, además, enturbiando las relaciones con China. Ha sido una miniserie del canal de televisión alemán Deutsche Welle la que ha colmado el vaso de la vergüenza: este medio ha denunciado el estancamiento de las investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos en Colonia Dignidad y ha apuntado al ministro Hernán Larraín como responsable directo.
Pocas veces en la historia de Chile un Gobierno que termina su mandato se ha visto enfrentado a tanto desprestigio e indiferencia política sobre lo que hace y opina, como el actual. Ello era poco menos que impensable hasta hace poco, en un régimen político cuyo funcionamiento estuvo diseñado para girar en torno a un presidencialismo extremo. Tal principio resulta hoy meramente formal, y, a estas alturas, lo único que todos los actores políticos esperan, incluidos los de su propio bloque político, es que actúe con la mayor discreción y mesura posibles.
Sebastián Piñera entregará el Gobierno a otro Presidente que gobernará, inevitablemente, marcado por un momento de transición política, cualquiera sea su pertenencia doctrinaria. Parte de esa transición proviene de la Convención Constitucional, pero parte importante también por el deterioro de la institución presidencial, prácticamente demolida en su imagen y autoridad por el actual Gobierno. Por cierto, ello determina la calidad y legitimidad de la totalidad de su gabinete y de la administración del país en general.
Dos son los ministerios que hacen palanca estructural de esta crisis. Uno es el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad y el orden público interno, con La Araucanía como nudo de enorme complejidad, en total abandono. El otro, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una incoherente y cavernosa administración, y que ha estado bajo crítica política desde los inicios de este segundo mandato de Sebastián Piñera.
Pocos hubieran esperado que Hernán Larraín Fernández, público defensor del enclave alemán de Villa Baviera en los años 90, fuera designado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tanto por su inflexible identificación con el régimen dictatorial, como por sus advertencias y amenazas al Estado para intentar obstruir su acción policial, cuando Colonia Dignidad era investigada por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas allí durante la dictadura, y los repetidos abusos sexuales y delitos de pedofilia de su líder Paul Schäfer.
En esa oportunidad, 1996, siendo el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos senador de la República, dijo que la justicia “se había hecho eco de acusaciones de un niño de 5 años en contra de un anciano de 80, de las que luego se había retractado (sic)”; y hablando en un indeterminado plural señaló que “no permitiremos que se perturbe la vida de gente que quiere vivir en paz” (Minuto 27, 6° Capítulo, “Colonia Dignidad”, Serie de Netflix).
Para colmo, el exsenador y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos ha vivido dando certificados de buena conducta –para ser entregados a la justicia– en casos criminales, a diestra y siniestra, lo que ha incluido a familiares suyos incriminados por delitos de narcotráfico, y a terceros condenados por abusos de menores. Incluso manifestó públicamente su intención de tratar de influir en el juicio contra el exsenador UDI Jaime Orpis, hoy condenado por fraude al fisco y cohecho, a través de testificar a su favor (que era un “hombre probo y de bien”, según señaló), y, en un paroxismo de comedia, eligió sus oficinas en el Ministerio de Justicia como lugar para prestar dicha declaración. Fue tanta la molestia del resto del gabinete que tuvo que desistir de su empeño, mediante otra declaración pública.
Su gestión de los organismos dependientes del ministerio ha sido desastrosa. Registro Civil, Gendarmería y el ex Sename, actual Servicio de la Mejor Niñez, tienen el récord de grandes licitaciones fallidas y de problemas de probidad y/o seguridad. Ahora, acaba de declararse nula la adjudicación de la licitación de cédulas y pasaportes al consorcio chino encabezado por la empresa Aisino, que había calificado en primer lugar.
[cita tipo=»destaque»]Albert Einstein definía la locura como “hacer lo mismo una y otra vez esperando diferente resultado”. Es posible que el desempeño errático de Hernán Larraín, juzgados a la luz del juicio de Einstein, merezca matices, y no sea locura, sino que solo satisfacción de intereses corporativos de terceros o de otro tipo. Un hecho palpable es que el Presidente de la República se muestra conforme con su desempeño y no lo remueve de su cargo.[/cita]
Más allá de los problemas técnicos de la licitación, que llevaron a anular la licitación del Registro Civil, nadie entiende cómo un tema de tal envergadura y responsabilidad no tenga una gestión cuidadosa, y termine creando problemas mayores, con afectación de la imagen internacional de eficiencia que goza el país, además de enturbiar las relaciones diplomáticas con China.
Albert Einstein definía la locura como “hacer lo mismo una y otra vez esperando diferente resultado”. Es posible que el desempeño errático de Hernán Larraín, juzgados a la luz del juicio de Einstein, merezca matices, y no sea locura, sino que solo satisfacción de intereses corporativos de terceros o de otro tipo. Un hecho palpable es que el Presidente de la República se muestra conforme con su desempeño y no lo remueve de su cargo.
Nota aparte es su incoherente guerra contra los notarios, que devino en un proyecto de ley que casi no toca el oficio notarial, pero sí crea 3.000 cargos de fedatarios y pone en riesgo todo el sistema registral del país, fragmentándolo aún más, en vez de hacerlo global, compatible y transparente.
Pero su peor rating es ser ejemplo y confirmación del tono amoral del Gobierno de Sebastián Piñera, al ser designado como rostro oficial de los Derechos Humanos del país pese a la sombra de Colonia “Dignidad” y su evidente antipatía por los DD.HH.
En los primeros días en el cargo decidió tramitar ante el Congreso Nacional la anulación del proyecto de ley dejado por Michelle Bachelet destinado a reparar a los ex presos políticos calificados como tales en el Informe Valech. Ante la interpelación de que fue objeto, alegó “escasez de fondos”. Recientemente se enfrentó al Consejo para la Transparencia, negándose a publicar los indultos que se otorgan a los presos, lo que está obligado a hacer por ser actos con efectos sobre terceros. Esto, todo indica, para ocultar indultos otorgados a militares condenados por delitos de lesa humanidad entre 1973-1990. A ello hay que agregar la presentación del proyecto de “Ley Humanitaria”, que busca dar arresto domiciliario a enfermos terminales, lo que fue objetado por agrupaciones de Derechos Humanos como una forma encubierta de beneficiar a exuniformados encarcelados en Punta Peuco.
Pero ha sido una miniserie del prestigioso canal de televisión alemán Deutsche Welle lo que ha terminado por colmar el vaso de la vergüenza. Este medio ha denunciado el estancamiento de las investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos en Colonia Dignidad, y ha sindicado al ministro Larraín como responsable directo. El reportaje mencionó el acuerdo firmado entre Chile y Alemania en 2017 para que esta pudiese analizar en sus laboratorios los materiales extraídos desde las fosas de Colonia Dignidad, pero hasta la fecha Chile no ha enviado nada, porque el ministro de Justicia, Hernán Larraín, responsable político de hacerlo, según señaló el canal de TV, “durante mucho tiempo fue partidario de la secta”.
