Relaciones Internacionales: los desafíos del Gobierno del Presidente Boric

A pocas semanas de su elección, el Presidente electo Gabriel Boric ya es una figura internacional. No puede ser de otro modo cuando se trata de un líder que con tan solo 35 años derrotó a un contrincante de extrema derecha que resonaba con las figuras de Jair Bolsonaro y Donald Trump. Su apellido de origen croata ha llamado la atención en los Balcanes, los medios interesados en temas económicos se preguntan por la forma en que su Gobierno afectará las inversiones y quienes disfrutan de la historia estarán siempre disponibles para transferir a Boric algo del aura de Salvador Allende. El Presidente electo tiene además sus propios méritos: habilidades blandas, habla inglés, se siente cómodo en las redes sociales y puede conversar con soltura sobre música, poesía y filosofía. Por si fuera poco, la expectación internacional que produce el proceso constitucional hace anticipar que, si el COVID lo permite, Boric podrá viajar por las capitales más prestigiosas del mundo, así como recibir las visitas más ilustres, con una cobertura muy positiva. Pero sin importar este punto de partida tan favorable, el tema de las relaciones internacionales ha demostrado ser una piedra en el zapato para el Presidente electo y su coalición desde antes de asumir. Las causas de esas dificultades son profundas y no tienen solución fácil. 

La primera dice relación con que, en el mundo ideológico e intelectual en que se mueve el Presidente electo, prima una comprensión deficiente de los procesos de globalización. Los temas de globalización económica se miran con recelo, los tratados de libre comercio y el ingreso de capital extranjero son vistos como un atentado contra la soberanía. Por el otro lado, en los temas valóricos de la globalización, como el cambio climático o las migraciones, su agenda se percibe menos sintonizada de lo parece esperar el promedio de la población. Esta idea de que hay un lado “bueno” y uno “malo” de la globalización es demasiado simplista. Irónicamente, es igualmente simplista a la que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera, aunque en su caso con signos opuestos: la globalización económica es vista como inequívocamente positiva, la globalización valórica como un atentado a la soberanía.

Un segundo desafío dice relación con el rol distinto que los derechos humanos tienen en las agendas políticas de activistas y cuando se debe abordarlos desde el Estado. El dirigente estudiantil, diputado y candidato Boric ha sido siempre muy claro en su condena a las violaciones a los derechos humanos en regímenes de todo tipo. Por eso, su idea de una “política internacional” basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos suena bien y puede parecer deseable. Pero también tiene muchos problemas. Puede ser contraproducente porque los lazos culturales, artísticos y de cooperación tecnológica pueden mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerados en los países que se propone boicotear.

Peor aun, es imposible implementar en la práctica porque es inviable romper relaciones con todos los regímenes que violan los derechos humanos en el planeta. Producto de esa inconsistencia, se la termina usando de forma cínica o estratégica, lo que a su vez erosiona aun más la legitimidad de los derechos humanos que se espera resguardar. Así, por ejemplo, promover el boicot a Israel producto de su política en Palestina no genera costos internos, se ganan aliados en el mundo ideológico “antiimperialista” y los costos económicos para el país son manejables –así como tampoco genera ningún efecto real en la población que se busca ayudar–. Pero es imposible medir con la misma vara a China, a pesar del genocidio de la población Uigur, sus amenazas de invadir Taiwán, la censura permanente bajo la que viven sus habitantes y las persecuciones a disidentes en Hong Kong. En este caso no hay presión nacional o internacional comparable por implementar un boicot cuyo resultado sería, por lo demás, llevar nuestra economía a la quiebra. 

Porque los derechos humanos son una forma de proteger a los ciudadanos frente a los abusos de sus Estados, los propios Estados no pueden transformarse en jueces de los abusos a los derechos humanos que tienen lugar en otros lugares. Ese rol, que es fundamental, les corresponde a organizaciones nacionales e internacionales como ONGs, tribunales y la sociedad civil. Pensemos el siguiente caso hipotético: el candidato Boric acaba de salir electo Presidente en un país imaginario donde reside una importante comunidad de chilenos. Puesto que el Estado de Chile ha implementado una política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los pueblos indígenas por más de 200 años, ¿promovería ese Presidente Boric un boicot contra Chile?