¿Otra oportunidad perdida?

Vivimos tiempos únicos y valiosos. Nunca en nuestra historia republicana habíamos debatido y conversado sobre nuestro contrato social, sobre cómo debemos organizarnos y sobre cómo ejercer el poder. Todas nuestras constituciones fueron redactadas por una élite gobernante que marginaba a las ciudadanas y los ciudadanos de una experiencia democrática fundacional. En los comienzos de nuestra historia independiente, dentro de la élite que definía nuestro futuro institucional, se debatió sobre los temas que hoy nos convocan: Estado federal versus uno unitario, presidencialismo versus parlamentarismo y, en definitiva, cuán democrática y participativa debía ser nuestra sociedad.

La Constitución de 1828 cristalizó estos debates en favor de las ideas más liberales y nos entregaba un marco institucional democrático avanzado para la época, con ciertas autonomías provinciales y la eliminación de exigencias (como el saber leer y escribir) para acceder a derechos ciudadanos. Este rico proceso político fue interrumpido por la fuerza de las armas en la batalla de Lircay, posibilitando que los núcleos más autoritarios y menos democráticos de la oligarquía criolla terminaran imponiendo la Constitución de 1833, con lo que se aseguraron de excluir del sistema político a más del 90% de la población del país. Desde ese momento, nuestra historia política ha estado marcada por la exclusión y el autoritarismo que Portales y sus socios se encargaron de incorporar a nuestro ADN político, social y cultural.

Hoy parece que la fuerza de la costumbre, de manera sutil, quiere forzarnos a mantener prácticamente intacto ese ADN en la conformación de un nuevo sistema de gobierno, esto debido a que en la Comisión de Sistema Político pareciera que hay una mayoría inclinada por la versión más moderada del presidencialismo. Varios de sus integrantes han relatado que otra forma de gobierno, donde el Presidente no sea elegido de forma directa por la ciudadanía, sería muy compleja de explicarse a las personas, pues estos estarían muy acostumbrados a votar directamente por el Primer Mandatario. Es así como, pareciera, que es más cómodo morigerar un poco los excesos del presidencialismo, pero continuar con nuestra tradición de confiar los destinos de la nación en una sola persona, bajo un sistema vertical, sin mirar los problemas de gobernabilidad que este sistema nos ha traído por la incapacidad que tienen los gobiernos de llevar adelante su agenda y cumplir sus promesas.

Nuestro sistema político se agotó, se quedó sin apego por parte de la ciudadanía, debido a las múltiples promesas incumplidas y por ser un sistema que no escucha y solo ordena, que administra las aprensiones y los disensos, y controla mediante las amenazas y el miedo cualquier horizonte profundo de cambio. Queremos y debemos imaginar un Chile distinto, donde todos y todas importan y son necesarios para pensar el país y sus problemas, en que se les pide no solo cumplir la ley sino también ayudar a pensarla. Un sistema social donde el poder se desplaza del centro hacia una sociedad más horizontal, menos oligárquica y con un poder más desconcentrado. Aún podemos pensar un sistema diferente, donde los gobiernos puedan gobernar obedeciendo la voluntad soberana, pero, si seguimos pensando en las mismas fórmulas, obtendremos los mismos resultados.

Que no todas las decisiones relevantes dependan de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Que las regiones y territorios tengan voz propia y no sea siempre el centro metropolitano el que decida por ellas. Que la inclusión sea un principio rector de nuestro régimen político, para facilitar la expresión de toda la diversidad de nuestra sociedad. Que se abran canales para la deliberación ciudadana incidente en los asuntos públicos. Que se abran las compuertas para la inteligencia colectiva, la innovación y la cocreación de formas amables de convivir.

Todos estos son los desafíos que enfrentamos en este momento histórico, para avanzar hacia la desconcentración del poder.