Opinión
La Convención Constituyente ya comienza la deliberación y votación respecto de las normas de educación –ya sea presentadas por convencionales y pueblos originarios– y las propuestas populares que alcanzaron las firmas necesarias. Uno de los temas que ha generado debate ha sido la libertad de enseñanza, entendida y consagrada en la actual Constitución como el derecho preferente de los padres de elegir el establecimiento para educar a sus hijos y el derecho de privados de acceder al sistema educativo con financiamiento público.
Por sobre el derecho a la educación, algunos sectores han enarbolado la libertad de enseñanza como bandera de la calidad educativa, al sostener que las escuelas privadas pueden hacer tan bien, o incluso mejor, el trabajo educativo que las escuelas municipales. En este contexto, propongo ir más allá y avanzar hacia el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en la discusión constituyente.
Quisiera socializar la dificultad que están teniendo las escuelas particular privadas y las escuelas particular subvencionadas en garantizar la participación, la inclusión y una adecuada convivencia escolar.
El análisis de la encuesta de estudiantes que acompaña el SIMCE para sexto y octavo básico en los años 2014, 2017 y 2018 demuestra que son los estudiantes de escuelas municipales quienes tienen mejor percepción sobre su convivencia escolar. El lector planteará “¡Qué extraño! pues siempre se ha comunicado que son estas escuelas las que presentan más conflicto y violencia”. Lo que ocurre es que la Agencia de Calidad de la Educación entrega un índice global que pondera en un 50% la percepción de los estudiantes, en un 40% la de los apoderados y en un 10% la de los profesores. Con este índice agregado, en efecto, las escuelas municipales exhiben una calidad de la convivencia escolar más débil, pero al atender solamente a la percepción de estudiantes esto cambia. Desde un enfoque de derechos, la pregunta es ¿qué hace el Estado para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, independiente de su nivel socioeconómico o de la dependencia de su establecimiento educacional –y desde su propia voz y no la de los adultos– vivan en ambientes seguros y libres de violencia?
Pues bien, las medidas implementadas por el Estado para resguardar estos derechos se aplican de manera diferenciada según la dependencia del establecimiento educacional. Así, de acuerdo a la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Nº 20.590) las escuelas privadas no están obligadas a recibir visitas de la Agencia de Calidad de la Educación, aún cuando sus indicadores sean bajos y pongan en riesgo los derechos de los niños. A su vez, la Ley de Violencia Escolar (Nº 20.536), que establece la participación de estudiantes en la revisión de los planes de gestión de la convivencia escolar en la instancia de Consejo Escolar, no se aplica a escuelas particulares. Finalmente, la Ley de Inclusión (Nº 20.845) que mandata a las escuelas no seleccionar a sus estudiantes –y, por lo tanto, a recibir a aquellos que presentan habilidades distintas o requieren de apoyos diferenciados– tampoco se aplica a las escuelas particulares privadas.
Lo que tenemos entonces es que la ley ubica a los establecimientos privados en una situación de menor regulación en temas tan relevantes como participación escolar, deliberación de reglamentos, plan de mejora de la convivencia escolar y formación ciudadana. Avanzar en esta línea es fundamental pensando en el presente pero también en el futuro y la democracia. Como la literatura lo ha reportado, el 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del país en el período 1990-2016 egresaron de 14 colegios de élite de Santiago (PNUD, 2017).
El tratamiento diferencial que existe para las escuelas privadas y su falta de regulación, tiene varias consecuencias. En primer lugar, estas inequidades se leen como privilegios y contribuyen a acentuar el malestar social. En segundo lugar, estas inequidades vulneran los derechos de estudiantes de escuelas privadas, pues se les limita en la participación, la convivencia en la diversidad y el aseguramiento de un buen clima escolar y; finalmente, no contribuyen a formar ciudadanos que puedan vincularse con la diferencia social en un país que apunta a la plurinacionalidad, que se hace cada vez más diverso en orientaciones de género y que es cada vez más cosmopolita, por nombrar algunas diferencias. Esperamos que el nuevo texto constitucional siente las bases de un sistema educativo que resguarde el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de su dependencia, y en donde sean agentes activos dentro de una comunidad democrática de aprendizaje.
