Señor Director:
En las últimas semanas diferentes medios de comunicación han instalado la idea de replicar la experiencia mexicana de segregar por sexo los vagones de Metro, como solución a la inseguridad que vivimos las mujeres en el transporte público.
Sabemos que los riesgos a la violencia sexual, en sus diferentes niveles, representan un tema sensible a la hora de pensar la movilidad de manera inclusiva, pues determina nuestros recorridos y tiempos. El espacio urbano no fue pensado para niñas, niños, adolescentes, mujeres, diversidades sexo genéricas.
La propuesta de segregar los vagones de metro proviene, esta vez, de la experiencia mexicana, implementada mediante el programa “Viajemos Seguras” en el transporte público de Ciudad de México. El informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2017 da cuenta que, con este programa, la disminución de la violencia sexual se limita sólo a aquella violencia que goza de impunidad en situaciones de aglomeración, principalmente las tocaciones, eyaculaciones o fotos sin consentimiento. Mientras que, situaciones como miradas lascivas, intimidación, persecuciones sexuales, exhibición de genitales, abusos o violaciones, no se ven afectadas, pues no dependen de la saturación de personas. Es más, en ocasiones, son facilitadas por la ausencia de estas.
El mismo informe demuestra que a la par de la disminución de algunas formas de violencia sexual, la iniciativa viene acompañada de un aumento de la violencia física en el transporte, lo que abre un profundo cuestionamiento sobre si realmente la separación de vagones aumenta el bienestar de las usuarias. A esto se suma que las mujeres no tienden a preferir los vagones segregados, sino que eligen el que primero llegue a su destino, pues al igual que el resto de la población, la mayor expectativa del transporte público es que sea eficiente.
Es evidente que una mirada de la ciudad y la movilidad con perspectiva de género, no espera que la separación de espacios termine con las discriminaciones y violencias hacia los cuerpos feminizados ya que, la sola idea de limitar a las mujeres al uso de una porción de un medio de transporte es la expresión de que como sociedad hemos fracasado ante la violencia machista. De hecho,no sólo no soluciona la seguridad urbana, sino que abre nuevos flancos.
Dentro de los nudos que observamos podemos mencionar que estos “vagones protegidos” no consideran a las personas trans y no binarias que deseen viajar en ellos, tampoco se hace cargo de los discursos de odio y discriminatorios, no establece mecanismos de fiscalización, y por último sólo se centra en la violencia de género al interior de los vagones olvidando que esta también ocurre en pasillos, accesos y salidas.
Sumado a lo anterior, obliga a posibles víctimas de violencia, a marginarse en los “vagones protegidos” y excluirse de los espacios que por derecho deberíamos poder usar todas las personas libremente. Este tipo de programas, además asume a las mujeres como únicas cuidadoras, al clasificar solo vagones para mujeres y niños, asignándole un espacio limitado para prácticamente toda la población que no son hombres.
En conclusión, la segregación en el transporte público no soluciona realmente el problema, pues las medidas de prevención ante la violencia deben, por un lado, recoger la pertinencia cultural y territorial de los contextos donde se deben implementar, ir en la línea de educar a los usuarios y funcionarios del transporte público, y tener mecanismos efectivos de denuncia y reacción ante posibles casos de violencia. Cuestión que debiera aplicarse, además, al transporte público en su conjunto, y no exclusivamente a aquellos que se presentan sólo en la Región Metropolitana.
Valentina Saavedra Meléndez, Florencia Pinto Troncoso,
Diego Rebolledo Flores, Karen Saavedra Hernández,
Integrantes Equipo de Ciudad y Cuidados,
Apruebo Dignidad.
