El bloqueo institucional de Chile

El rechazo parlamentario a las diferentes formas de quinto retiro de fondos de las AFP, aunque razonable y necesario, dejó en descampado el bloqueo en que se encuentra el sistema político chileno. Ello es más que un problema institucional, pues va más allá del régimen político, y golpea tanto las expectativas de conducción de gobierno como las económicas, culturales y políticas de toda la sociedad. La portada noticiosa de hoy en el país es la desorientación y la especulación.

Es evidente que no hay salidas inmediatas, que puedan activarse de manera espontánea. La manida frase de un viejo e influyente político de que “hay que dejar que las instituciones funcionen”, ya no alcanza, si no existe voluntad de maniobra democrática de las fuerzas políticas para sentarse a conversar y construir prioridades. Lo que se percibe es que cada cual, como una obra del absurdo de Ionesco, está ensimismado en su guión, sin coherencia ni idea de país.

El escenario no tiene salidas, excepto que los actores políticos con representación en la principal arena política del país, el Congreso Nacional, se sienten a dialogar. Sería un error estratégico para el país canalizar las presiones –positiva o negativamente– sobre la Convención Constitucional.

Para ello, parece indispensable que ocurran algunas cosas. Entre ellas, que el actual Ejecutivo asuma que el bloqueo que genera el empate político lo pone en una perspectiva de gobierno de transición y no de gobierno fundacional. Que son ilusorias las promesas de programa si la cotidianidad, con los problemas urgentes que presenta, no se atiende. Para que haya más gobierno, se requiere mejor administración. Y mejor administración no necesariamente son más cosas, sino menos cosas y priorizadas de acuerdo a los recursos que se tiene; más coherentes y ordenadas que lo que hemos visto hasta ahora.

Se requiere, además, que la oposición entienda que la inmovilidad política en aguas turbulentas y en curso de crisis es de principiantes, y que hoy más que nunca es esencial que demuestre voluntad democrática y disposición a conversar, y no se siente a esperar que el edificio se derrumbe solo. En esos escombros quedará, seguramente, el capital político de todos, izquierdas y derechas.

Lo mismo ocurre con el poder de las grandes empresas, que no muestran disposición real a integrarse a las soluciones que satisfagan las demandas ciudadanas, aunque sea en parte. Pensar que el estallido social de octubre de 2019 no dejó instalada en el país la idea de una redistribución de bienestar, carece de toda racionalidad. La oportunidad hoy no es de ganancias especulativas sino de estabilidad, y muchos grandes empresarios no dan muestras de quererla. Piénsese en la mancha de aceite que cubre la canasta familiar hoy día.

El marco legal y de legitimidad para orientar una maniobra democrática descansa en la legislación vigente, incluida la Constitución –reformada decenas de veces– que nos gobierna, y en los partidos políticos legalmente constituidos y representados. Cualquier mirada especulativa sobre el aporte de la Convención Constitucional como salida a este escenario, resulta inútil y acotada.

La responsabilidad ante el escenario es compartida. Pero a la cabeza del proceso de diálogo para el desbloqueo del sistema debe estar el Presidente de la República. Esta es la hora en que tiene que demostrar que puede realizar su principal promesa: dialogar con todos; pero sin olvidar que debe también administrar.

A más de alguien le puede parecer que la expresión “maniobra democrática” es una demostración de traición o de objetivos oscuros del poder. Maniobrar es moverse en un sentido, cuyo objetivo puede ser positivo o negativo, según la pericia y honestidad de quien dirige la maniobra. Pero ella lleva implícito, como hoy en el país, que hay que moverse para sortear el vendaval. Y seguramente arrojar lastre por la borda, sobre todo, ideológico, de izquierdas y derechas.