Opinión
Las empresas participan en entornos organizacionales que son dinámicos y complejos y, en este contexto, en la opinión pública se está debatiendo sobre la posibilidad de que las compañías fijen sus sueldos o salarios en Unidad de Fomento (UF), esto como consecuencia del incremento en el costo de la vida y la evidente disminución del poder adquisitivo. La UF cambia de acuerdo con la variación que experimenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y su existencia permite preservar el poder adquisitivo del dinero.
Las personas perciben que sus remuneraciones cada vez les permiten acceder a menos productos y servicios, y esto se debe a que como país estamos experimentando alzas inflacionarias importantes. El IPC escaló en mayo un 1,2%, y es el tercer mes consecutivo con incrementos por sobre un 1%, con lo que la inflación llega a un 6,1% en los cinco primeros meses del 2022 y alcanza un 11,5% en los últimos 12 meses móviles, el mayor nivel en 28 años; y esta situación pareciera no tener mejoras en el corto plazo, puesto que el Banco Central proyecta que para el trimestre de julio a septiembre la inflación rozaría un 13% de aumento anual, lo cual se explica tanto por lo que está ocurriendo a nivel global como también por el complejo escenario económico que evidencia Chile, y que se encuentra acompañado de un proceso político y social de profundas transformaciones.
Siendo así, ¿pueden las empresas establecer los sueldos de sus colaboradores en UF? En general, las compañías no tienen la capacidad de establecer los sueldos en UF, pues esto haría que el incremento de sus costos operacionales, debido a una remuneración volátil, se tenga que trasladar al precio de los productos o servicios. Las empresas, y en especial las pymes, no siempre pueden reaccionar de manera oportuna y eficiente al incremento en sus costos, ello debido a que tienen el problema de subir el precio sin afectar la demanda; es decir, sin disminuir sus niveles de venta. En efecto, cuando las empresas no tienen poder de mercado, se ven complicadas para subir el precio, ya que los clientes reaccionarán a este incremento con una disminución en la demanda, dado que pueden acceder a otros bienes que prestan la misma función o satisfacen la misma necesidad.
En principio esto debería ser bueno para la economía, ya que, si solo algunas de las empresas que participan en el mercado suben sus precios, entonces los consumidores tienen la posibilidad de ir a la competencia y adquirir productos y servicios en mejores condiciones; sin embargo, el incremento de la inflación afecta a los mercados en su conjunto y, por consiguiente, la decisión de subir los precios no será de solo algunas compañías, sino que se presentará como una reacción competitiva más bien generalizada entre los oferentes. Esta realidad puede situar a las organizaciones en riesgos de sostenibilidad cuando los precios de venta no permitan cubrir los costos de producción y otros relacionados con su funcionamiento. En el corto plazo, esto implicaría la posibilidad de que se genere desempleo o que las compañías reconsideren nuevas contrataciones y, a mediano o largo plazo, que la empresa tenga que cerrar sus operaciones.
Lo anterior, evidentemente, no es bueno para la economía, ya que no está en línea con la generación de puestos de trabajo; el desempleo en Chile bajó al 7,7% en el trimestre febrero-abril, marcando una caída de 2,5 puntos porcentuales, en comparación con igual periodo del año pasado y de 0,1 respecto al primer trimestre de 2022.
Además, esta problemática podría desencadenar en un escenario de inercia inflacionaria, donde la tasa de inflación muestre una evolución que no pueda ser explicada solo por factores monetarios o fiscales, sino que corresponda al persistente incremento de los precios de las mercancías; esto es porque el incremento de los precios en un respectivo mes no refleja lo que sucede en dicho momento, sino lo que ha ocurrido en el pasado o lo que puede llegar a pasar, más allá del efecto de medidas de corto plazo a las que pueda apelar el Gobierno o el Banco Central.
Este fenómeno se presenta en aquellas empresas que realizan sus ventas en pesos y no en UF, por cuanto no están en condiciones competitivas para ajustar el pago de sus remuneraciones a los cambios en el costo de la vida. Dichas compañías tienen el desafío de invertir en niveles superiores de calidad, innovación y respuesta a los clientes, como forma de diferenciarse de los competidores, pero, al mismo tiempo, deben enfocarse en la mejora de la eficiencia o la disminución de sus costos de producción.
Cuestión diferente es cuando las empresas generan sus ingresos en UF y/o cuando tienen la capacidad económica para enfrentar las consecuencias de la variación en los costos, sin poner en riesgo sus operaciones y la continuidad del negocio; en este caso, los salarios están indexados en UF, con lo cual tendrían un reajuste mensual.
En el caso de las empresas que generan ingresos en pesos, estas tienen el desafío de mejorar la productividad de sus operaciones y procurar considerar el costo de la vida en la remuneración de sus trabajadores, logrando así que este no se haga únicamente de manera anual, sino que en períodos más acotados, evitando un desfase entre la remuneración y la variación que han tenido los precios de los bienes y servicios que son consumidos por los hogares chilenos, ya que, cuando se hace el cálculo del IPC, este se referencia acorde a la variación que ha tenido dicho índice respecto del mes anterior.
