Opinión
Si se aprueba la propuesta, este espacio será más amplio y con más actores. Si se rechaza se mantendrá como está hasta hoy. Ahora bien, en cualquiera de los casos, el aprendizaje del recorrido de estos meses, por cansador y agotador que parezca a ratos, es claro: requerimos continuar profundizando nuestra capacidad de escucha, de deliberación, de argumentación para el abordaje de nuestros problemas públicos, ya que ese carácter inherente de las políticas públicas no se termina con la votación que realizaremos en menos de un mes más.
A menos de un mes del plebiscito de salida, nos encontramos en medio del debate acerca de las implicancias de la aprobación o rechazo de la propuesta de Constitución. Si este lo llevamos al campo de las políticas públicas, destacan dos ámbitos donde la propuesta modifica la situación actual y emerge una reflexión general.
Primero, la propuesta de Constitución establece un marco en cuanto a derechos sociales, civiles y políticos, y al rol del Estado que es más amplio que la Constitución actual. Este cambio de paradigma pudiera significar modificaciones sustantivas en cuanto a las políticas públicas, moviendo el cerco de lo posible hasta ahora. Se configuran derechos sociales esenciales como la educación, salud o previsión social, pero también se avanza en problemáticas clave en las sociedades contemporáneas y que crisis como la pandemia, han explicitado aún más. Así, como ejemplo, el establecimiento del derecho al cuidado insta al Estado a definir un Sistema Integral de Cuidados y políticas públicas al respecto. O el derecho a la ciudad y al territorio, que debiera implicar iniciativas que aseguren que todas las personas puedan habitar, producir y participar de las ciudades y de los asentamientos humanos.
Junto con ello, amplía la participación de actores en el “juego de las políticas públicas”, hasta ahora estrecho y acotado en el sistema político chileno. Así por ejemplo, el establecimiento de mecanismos de participación directa tales como la Iniciativa Popular de Ley y la Iniciativa Popular de Norma Regional y Municipal, abre una puerta a la sociedad civil para participar en este proceso. Asimismo, se pone énfasis en redistribuir y descentralizar los espacios de toma de decisión, al establecer las Entidades Regionales Autónomas, las cuales tendrán además la responsabilidad de promocionar, fomentar y garantizar mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que les competen. Por último, también se entregan mayores atribuciones en materia de ley a las Cámara de Diputados y Diputadas y a la Cámara de las Regiones.
[cita tipo=»destaque»]Las discusiones que se desarrollaron en la Convención, así como las que hoy se están dando respecto al sistema político, los derechos de los pueblos originarios, la paridad u otros aspectos, no forman parte de una “politización artificial” de conflictos técnicos.[/cita]
De aprobarse la propuesta de Constitución, existirá un espectro más amplio de discusión para las políticas públicas, un mayor número de actores y de instancias de participación. Ahora bien, la reflexión asociada a esta posibilidad se refiere a recordar un aspecto central de las políticas públicas. Estas se definen como cursos de acción y flujos de información, que, a través de diversas actividades e instrumentos buscan solucionar un problema público. El punto clave aquí es que tanto la definición del problema, así como la búsqueda de alternativas y toma de decisión, es un campo de tensiones y posiciones inherentes a la complejidad de las sociedades contemporáneas.
Las políticas públicas son espacios de conflicto, ya que existen intereses en juego y siempre, en mayor o menor grado, de manera directa o indirecta, existirán sectores que serán beneficiados y otros perjudicados. La aprobación o rechazo de esta Constitución no elimina los espacios de conflicto que existen ante los problemas públicos que hoy nos aquejan, ni ante los que enfrentaremos en el futuro. Las discusiones que se desarrollaron en la Convención, así como las que hoy se están dando respecto al sistema político, los derechos de los pueblos originarios, la paridad u otros aspectos, no forman parte de una “politización artificial” de conflictos técnicos. Todo lo contrario. Expresan posiciones diversas ante problemáticas complejas. Si se aprueba la propuesta, este espacio será más amplio y con más actores. Si se rechaza se mantendrá como está hasta hoy. Ahora bien, en cualquiera de los casos, el aprendizaje del recorrido de estos meses, por cansador y agotador que parezca a ratos, es claro: requerimos continuar profundizando nuestra capacidad de escucha, de deliberación, de argumentación para el abordaje de nuestros problemas públicos, ya que ese carácter inherente de las políticas públicas no se termina con la votación que realizaremos en menos de un mes más.
