Opinión
La contundente derrota del Apruebo en el referéndum del 4S, a nivel mundial, pasa a ser un caso bastante excepcional. Desde 1950, a nivel mundial, los proyectos constitucionales fueron, normalmente, aprobados por los ciudadanos. Chile es una excepción y ocurrió a siete días de la conmemoración de un 11 de septiembre, fecha del golpe militar de 1973, desde donde nació la Constitución autoritaria que por más de 42 años el país ha querido cambiar, y cuando llegó –finalmente– la oportunidad de hacerlo, una gran mayoría de chilenos prefirió rechazar un nuevo texto constitucional, por ahora. No se pronunció en contra de una nueva Constitución. Eso ya lo resolvió en el plebiscito de octubre 2022. Rechazó un texto. Habrá tiempo para decantar los resultados y estudiar la diversidad de factores que influyeron en este proceso.
Lo previo: si no hubiese sido por el estallido social del 18 de octubre 2019, en este año 2022 no habría sido posible imaginar siquiera que una nueva Constitución, como proyecto, fuese realidad. Como resultado de ese estallido los partidos políticos tuvieron que concordar el acuerdo del 15 de noviembre 2019 para abrir camino a un proceso constitucional resolutivo. Luego, el Congreso debió legislar para hacer viable la demanda y se convocó a la elección de una Convención que incorporó, ante los asombrados ojos del mundo, dos características únicas e innovadoras: paridad de género y escaños reservados para los Pueblos Indígenas, excluidos constitucionalmente desde hace 212 años. Luego vino la elección de convencionales. Los resultados fueron ampliamente favorables para independientes en desmedro de los partidos políticos, cuyos candidatos fueron rechazados en su gran mayoría. Lo que viene después es una sumatoria de acontecimientos de alta complejidad.
La derecha resintió esta situación. Su posición decayó notablemente. No logró una votación significativa en la Convención y quedó en franca minoría. Por tanto, se parapetó. En tanto, los electos convencionales independientes y de partidos de izquierda en su mayoría tomaron el control de la Convención e, influidos por el legado del estallido social, probablemente, cometieron el primer error fundamental de anunciar –en cierto modo– la refundación total de Chile. Desde ahí comenzó un proceso de debates arduo, trabajoso, complejo y lleno de vicisitudes políticas, culturales e ideológicas. La fuerza del estallido social fue precisa y determinada pero no sería perenne. Los convencionales tenían en sus manos la posibilidad de compaginar los sueños y anhelos de millones de chilenos con la necesaria tarea de construir, aunque fuese con dificultad, los consensos básicos para avanzar hacia un Apruebo seguro y convertir el legado del estallido en una llave para abrir una puerta.
La derecha, desde su situación de minoría, reaccionó agresivamente ante lo que consideró una actitud revanchista de algunos convencionales. Se allanó, sin embargo, a la mecánica y decisiones de la Convención, pero buscó –con éxito– los puntos débiles del debate y preparó la estrategia que resultó fulminante en todo lo relativo a los temas que apuntaron a temas corporativos, políticos y financieros de su especial interés. Esos puntos débiles fueron el maximalismo de algunos temas, la idea de refundar el país casi desde cero, cambios drásticos en el sistema político y extremar las posibilidades de incorporar lo que más se pudiese en relación con derechos indígenas. La actuación de algunos convencionales, Rojas Vade, entre otros, y del mundo independiente, contribuyó poderosamente a ir debilitando las fortalezas de una Convención que comenzó con una muy amplia simpatía ciudadana que luego se fue distanciando en el tiempo. Y distintos errores, actos y declaraciones insólitas de convencionales fuera de un contexto de sensatez, fueron amplificados por los medios de prensa, generando incertidumbre en la sociedad.
En el caso de los Pueblos Indígenas, el texto redactado en forma oficial y aprobado por el Pleno de la Convención no contenía nada nuevo ni distinto de lo que Chile ya ha avanzado en derechos indígenas: 1) Ley Indígena 19.253 de 1993; 2) informe oficial del Estado sobre Verdad y Nuevo Trato con los PPII, el 2004; 3) Declaración Universal de derechos de los PPII (ONU), el 2007; 4) Ratificación del Convenio 169, el 2008; y 5) Declaración Americana de Derechos Indígenas, del 2016. Sin embargo, como la mayoría o la totalidad de estos documentos oficiales de Chile, de entre 1993 y el 2016, no son ampliamente conocidos y no han sido estudiados en profundidad por la clase política y tampoco por los convencionales en su gran mayoría, menos por el mundo conservador, en cierta manera se tendió a crear un conjunto de artículos (53 de 388), dispersos a través del texto constitucional, haciendo difícil una pedagogía de estos.
Al margen de estos documentos y leyes oficiales, vigentes en Chile, un sector de los convencionales indígenas con el apoyo de otros convencionales avanzaron a niveles mayores con el tema de la plurinacionalidad, tema que no siendo conocido y trabajado ampliamente en Chile e incluso entre los Pueblos Indígenas, fue recogido por la derecha como una bandera de lucha política e ideológica para hacer creer al país que las demandas indígenas habían excedido todo límite y convirtieron la idea de plurinacionalidad casi al nivel de la campaña conservadora de la elección presidencial entre Piñera 2 y Guillier con el lema de “Chilezuela”. Lo menos que dijeron –erróneamente, pero no era su interés hacer pedagogía– fue que con la plurinacionalidad el país entero se fragmentaría. Absurdo, pero lo dijeron y parte importante del país les creyó, sin haber siquiera nunca estudiado o debatido suficiente sobre el tema.
El país, en estos años cruciales desde el 2019, afectado por el estallido social y sus fuertes implicancias, cruzando por el valle de la pandemia que ha cobrado tantas vidas y sometido a duros procedimientos de cuarentenas y vacunaciones, y navegando con dificultad en medio de varias tensiones económicas, con retiros forzados de sus ahorros, carestía de la vida, inflación y para más remate soportando delincuencia, inseguridad en las calles y portonazos y hechos de violencia en el norte y en el sur, se ha convertido en un terreno fértil para las campañas del miedo y de la desconfianza. Y esas campañas volcaron en contra del Apruebo toda su artillería.
El tiempo para difundir realmente la nueva Constitución fue corto. El texto impreso no era fácil de conseguir rápidamente. Luego se editaron miles de ejemplares que ayudaron a un mejor conocimiento y eso fue una gran contribución del Gobierno a la educación cívica. Un libro difícil, lleno de tecnicismos. Aun así, muchísimas personas lo tenían como libro de cabecera. Pero el tiempo de conversar y comprender era muy corto. Y la campaña conservadora en su contra golpeaba hora a hora a través de los medios de comunicación.
Habrá tiempo para un mayor estudio de la sociología de las campañas del Apruebo y del Rechazo. Solo digamos que, en cualquier caso, el compromiso mayoritario hoy, de Chile, sigue siendo una nueva Constitución. El país no ha retrocedido en esta demanda. No dijo en la noche del 4S que nos quedemos otros varios años con la Constitución de inspiración pinochetista. Eso ya lo descartó con el plebiscito del 2022. Pero dijo ahora que el texto presentado no era adecuado y el país queda entonces a la espera de uno nuevo. Y el Presidente Boric ya había adelantado un criterio fundamental: en caso de que no hubiese Apruebo, se convocará a una nueva Convención Constitucional.
La derecha sabe que en este tema tampoco hay retroceso y cometería un error intentando capitalizar (aprovechar) el resultado electoral del Rechazo como un atributo totalmente propio. Una nueva Constitución redactada por una “comisión de notables” es inaceptable en una democracia moderna. O que el actual Congreso Nacional se constituya como órgano constituyente, tampoco. El camino sigue siendo una Convención electa por los ciudadanos y para la segunda etapa habrá condiciones precisas para asegurar una calidad necesaria, sobre todo para construir acuerdos.
Y en materia de criterios, hay dos que ya están plenamente instalados: la paridad de género es un hecho cultural y político irredargüible y la participación de los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos políticos plenos, también. No son materia de discusión. Será objeto de debate cómo se hacen los ajustes de forma y fondo para la elección de los(as) nuevos(as) convencionales. Y reiniciaremos el proceso constitucional hasta arribar a un nuevo texto con mayores cuotas de acuerdos políticos, sociales y culturales, con la convicción de que todos los sectores deberán poner lo mejor de sí para construir una ecuación justa y equilibrada.
Aprenderemos así de nuestros propios procesos. El proyecto presentado por la Convención fue afectado en contra por el voto ciudadano y en forma amplia. Pero los anhelos de una sociedad, cansada de un orden constitucional de 42 años con inspiración autoritaria, no están afectados. Solo es cuestión de tiempo conseguir un nuevo orden constitucional, pluricultural, más justo y con una mejor democracia.
