Opinión
Nos encontramos en una coyuntura crítica. Una crisis social desatada en octubre del 2019 sin resolver, en suspenso. Una institucionalidad que se ha revelado incapaz de canalizar las demandas de la población. Una élite política y empresarial ensimismada y errante. Una ciudadanía que se resiste a ser descifrada o inscrita: “ni de izquierda ni de derecha” parece decir, pero con demandas y urgencias concretas, comportamiento político zigzagueante y decisiones taxativas, el rechazo a la propuesta constitucional es un síntoma de aquello. La delincuencia y el narcotráfico, la inmigración, el conflicto mapuche y la crisis medioambiental. A nivel internacional, el conflicto Rusia-Ucrania, el continuo aumento del precio del petróleo, las materias primas y los alimentos, así como el cierre de las fronteras de China, principal cliente comercial de Chile, tanto a nivel de exportación como de importación, son algunos de los factores que han afectado fuertemente nuestra economía.
La disrupción de la pandemia y su resaca configuró un marco de desaceleración económica mundial. En Chile, los niveles de inflación no tienen precedentes en los últimos 30 años. La tasa de interés ha aumentado constantemente, lo mismo la Unidad de Fomento, reajustabilidad que ha impactado fuertemente en los costos de los créditos hipotecarios y en la posibilidad de acceso a la vivienda propia. A fines del 2022, las remuneraciones reales completaron 14 meses de caída, retrocediendo a niveles de hace 4 años y se espera que sigan a la baja. De forma paralela, según publicó el Banco Central, la deuda total de los hogares aumentó, situándose en 48,2% del Producto Interno Bruto, a causa del incremento de los préstamos bancarios.
Respecto del mercado del trabajo, la tasa de ocupación a nivel nacional, sobre todo el año 2020, se vio fuertemente afectada. En efecto, en el trimestre mayo-julio esta mostró una bajada histórica que llegó a 45%, 12,9 puntos menos que el mismo trimestre del año 2019. Hasta fines del 2020 y comienzos del 2021 la tasa de ocupación del país subió de manera constante, llegando a 51,6% en diciembre-febrero 2021. Posteriormente, luego de un retroceso en los primeros meses del 2021, se observa un incremento, lento pero constante, que en el trimestre septiembre-noviembre del 2022 se expresa con una tasa de ocupación de 55,1%, la más alta en casi tres años, pero aún inferior a las registradas previo a la pandemia, que superaban el 58%. Aún así, se mira con preocupación el aumento en los despidos “por necesidades de la empresa”, los cuales, respecto del 2021, se han incrementado en un 30%.
Aquellas regiones que, desde comienzos de la pandemia se mantuvieron permanentemente sobre el promedio de la tasa de ocupación nacional han sido Aysén, Magallanes, Santiago y Antofagasta. Tarapacá, que en este período en general estuvo sobre el promedio nacional, entre marzo y julio se ubicó un par de puntos por debajo. Lo mismo Atacama en el trimestre enero-marzo 2020. Todas las demás regiones, en la mayor parte del período 2020-2022, se mantuvieron bajo el promedio de ocupación nacional. Las situaciones más críticas se observaron el año 2020 en La Araucanía, con una tasa de ocupación de 38,4% en el trimestre mayo-julio; Ñuble, con una tasa de 41,1% en el trimestre abril -junio; y Valparaíso, con una ocupación de 41,7% en junio-agosto.
Por otro lado, regiones cuyo comportamiento productivo tradicionalmente está marcado por la estacionalidad, específicamente del sector agrícola, como son O’Higgins (azul en el gráfico siguiente) y Maule (verde en el gráfico siguiente), cuyas tasas de ocupación se incrementan en verano y descienden en los meses centrales, particularmente durante el año 2020, igualaron su comportamiento respecto de la curva del promedio de ocupación nacional (gris en el gráfico siguiente), que para la pandemia tuvo un descenso inusual, volviendo a mostrar su diferencia típica durante el 2021, aunque con niveles evidentemente menores a los de los años anteriores.
Específicamente en la región de O’Higgins, desde el trimestre junio-agosto 2020 se observa cierta recuperación en las cifras de la tasa de ocupación, la cual se ha incrementado durante los últimos dos años, aunque en el 2022 esta recuperación fue menos acelerada que en el 2021, lo mismo que para el 2023 respecto del 2022. Este comportamiento, conociendo el carácter estacionario de la economía regional y atendiendo a los elementos de contexto expuestos en un comienzo, hacen prever que la recuperación en la ocupación regional será gradual, más pausada y paulatina que en los períodos 2020-2021 y 2021-2022, aunque con mejores cifras y, es de esperar, con mayor estabilidad.
Muy probablemente, los factores que aportarán en la evolución de la tasa de ocupación durante el año 2023 serán la extensión durante todo el primer semestre del IFE Laboral y el Subsidio Protege, lo cual se estima que contribuirá a la creación de cerca de 600 mil empleos formales a nivel nacional. La regularización del comercio internacional a partir del fin de las restricciones que impuso la pandemia es otro elemento que puede afectar positivamente a la economía local y regional, la cual está altamente integrada a los circuitos de exportación global.
El incremento a $410.000 bruto del ingreso mínimo mensual, a partir de enero de 2023, si bien en un primer momento puede provocar una distorsión en el mercado del trabajo, esta será absorbida rápidamente, como ocurre en cada ajuste del sueldo mínimo, permitiendo un arreglo salarial para capear en parte, quizá mínima y en algunos casos insuficiente, las alzas en el costo de la vida a cerca de un millón de personas que perciben esta remuneración a nivel nacional.
Otras iniciativas, como son los proyectos laborales que impulsará el Ejecutivo durante el presente año, a saber: la negociación colectiva ramal, la promoción de la equidad salarial y la calificación de enfermedades profesionales, además de la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, actualmente en discusión en el Parlamento, pueden resultar problemáticas para la facción más conservadora, reaccionaria y retrógrada del empresariado, así como también para las micro, pequeñas y medianas empresas, por sus particularidades y fragilidad, con lo cual, políticas que esperan modernizar las relaciones laborales del país, así como mejorar la productividad de las empresas y las condiciones de vida de las personas y sus familias, podrían transformarse en una amenaza para la recuperación si no se realizan con el tacto político necesario, de forma gradual y consensuada.
