Opinión
En septiembre próximo se enteran cincuenta años del golpe de Estado en Chile y la instalación de un régimen de facto que se mantuvo en el poder largamente. Al referirse a este período resulta paradojal que incluso los más abiertamente contrarios a ese gobierno despótico lo nombren como una “dictadura cívico militar”.
Que fue una “dictadura” eso no se discute. La definición referencial señala que se trata de un régimen que, por la fuerza o violencia, concentra el poder y sujeta a su control las instituciones públicas, censura los medios de comunicación e impide el libre ejercicio de los derechos humanos, tanto sociales como personales. Por cierto, persigue toda disidencia política, castiga con el exilio o la relegación a sus opositores y busca capturar, someter a torturas, encarcelar o quitarle la vida a quienes se organizan como resistencia para enfrentarla. Todo esto sucedió en nuestro país en ese período trágico. Que era una dictadura eso no se discute.
Pero decir que la dictadura fue “cívica” es un error político, a menos que enmarquemos este término en una concepción fascista de civismo. Pero si inscribimos lo cívico en un paradigma democrático, hemos de reconocerlo como un espacio donde las personas tanto individual como asociadamente pueden ejercer sus derechos y hacerse parte de las decisiones políticas, e incluso protestar libremente contra las injusticias. Si es así, lo cívico remite a civismo democrático, y éste se entiende como una práctica cultural de convivencia donde deben primar los valores propios de la igualdad, la tolerancia, la no-discriminación, el diálogo y la participación ciudadana. Todo lo contrario a las conductas dictatoriales, que eran completamente incívicas.
Sin embargo, fue el propio régimen dictatorial, ilegítimo en su origen y permanencia, el que secuestró tempranamente el concepto de lo cívico para autodefinirse. Así, en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, del 11 de marzo de 1974, se advierte: “Como lo expusiera el propio Presidente de la Junta de Gobierno, ésta considera parte de su misión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico militar, que ya está surgiendo de la realidad de los hechos que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno”.
Como una resistencia conceptual podríamos entonces hablar de una dictadura ya no cívico-militar sino civil-militar. En el entendido, claro está, de que hubo un decisivo involucramiento de civiles en los preparativos del Golpe, y cuando éste se produce, en la delación o ajusticiamiento de aquellos otros civiles, esto es, de ciudadanos que eran partidarios del gobierno popular.
La acepción de civil en el Derecho viene a regular, en un muy amplio código de normas y acuerdos contractuales, lo que siendo materia de ley es propio de las relaciones personales o asociativas entre las y los ciudadanos. Aquí, en este punto, deben consignarse como violaciones de facto de estas garantías legales, el conjunto de arbitrariedades que en relación a sus bienes y derechos sociales sufrieron las personas que eran identificadas como de izquierda. El régimen autoritario de esos años desconoció sistemáticamente los derechos civiles de quienes eran perseguidos por sus afiliaciones partidarias, sindicales o estudiantiles. A la vez, quienes tenían un pensamiento crítico sobre lo que estaba pasando en el país se sentían obligados a cuidar sus palabras para no perder sus fuentes laborales o la alternativa de seguir estudios superiores. La dictadura no fue una dictadura de la civilidad, sino contra la civilidad.
Mas la ilegítima ocupación del Estado democrático exigió a sus promotores, como un requerimiento ineludible, controlar el poder dentro de las Fuerzas Armadas. En esa perspectiva, un hito nefasto fue el magnicidio del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, un mes después de que Salvador Allende obtuviera la primera mayoría presidencial. Es claro que un golpe contra la institucionalidad democrática no era posible con esa jefatura al mando del Ejército. Pero más aún, la determinación golpista debería luego enfrentarse a su legado sobre el respeto absoluto que le deben los militares al orden constitucional democrático, lo que se conoció como ‘doctrina Schneider’. Su sucesor en la jefatura uniformada, el general Carlos Prats, compartía en todos sus términos esta posición doctrinaria, y por lo mismo, para los militares golpistas era imprescindible deshacerse de él. Se les confirmó aquello el 29 de junio de 1973 cuando Prats, a la cabeza del alto mando del Ejército, logra frustrar la sublevación de un coronel con su regimiento, lo que se conoció como el “tanquetazo”. Dos meses después, con la idea de bajar las tensiones políticas que se produjeron al tomar Prats una responsabilidad ministerial, él deja la comandancia en jefe para que la asuma Pinochet, quien le seguía en la línea de mando, y que era de toda su confianza. Este último, como consumación de una tragedia mayor, dará el visto bueno al asesinato de su ex jefe militar, en Buenos Aires.
De manera que el golpe de hace cincuenta años también fue contra los propios uniformados que por honor y doctrina se le opusieron. Así las cosas, la dictadura civil-militar igualmente persiguió a los militares que tachó como enemigos del nuevo régimen. Las fuerzas armadas que ocuparon el poder político institucional establecieron un régimen político militarista en alianza con las sociedades empresariales que propugnaban una concepción neoliberal de la economía, todo lo cual en connivencia con aqullos medios de comunicación que no fueron intervenidos o prohibidos.
En consecuencia, no fue una “dictadura cívica”, porque el orden dictatorial que se impuso fue incívico. Si es por los actores genéricos que se concertaron para imponerla y sostenerla podría decirse que era una “dictadura civil-militar”. Más allá de quienes celebraron el Golpe, que no fueron pocos, debe precisarse que sólo fue un subconjunto de civiles quienes motivaron la sedición castrense, los cuales obtuvieron luego, en la administración de la economía, grandes beneficios, en contraste con el aumento vertical de la pobreza en los sectores populares.
Eso es en lo que respecta a los sujetos colectivos del quiebre de la institucionalidad democrática: civiles y militares golpistas. Pero no es suficiente definir el régimen dictatorial sólo como una “dictadura civil-militar”, sin señalar cuáles eran las orientaciones ideológicas que la caracterizaron. Y es que fue, asimismo, una “dictadura neoliberal y militarista”.
Fueron “neoliberales”, qué duda cabe. Siguiendo un modelo copiado de la escuela económica de la Universidad de Chicago, impulsaron una desatada privatización de la mayor parte de las empresas estatales, además de apropiarse de la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y de sus cotizaciones para la salud. La capitalización privada de estos recursos y la rebaja sustantiva de los impuestos a las ganancias empresariales llevaron a una polarización de la situación económica de la sociedad, entre los propietarios de fortunas siderales, unos sectores medios altamente endeudados y una población pobre desposeída de un presente y un futuro dignos. Es claro que esta utilización de los bienes económicos sociales y patrimoniales para el enriquecimiento de un sector privilegiado no se habría podido realizar sin el control represivo del país por el estamento militar, cuyas jefaturas en público defendían el modelo neoliberal y privadamente eran beneficiadas por comisiones ilícitas.
Y fueron “militaristas”, porque promovieron una ocupación de la institucionalidad política por las Fuerzas Armadas y un control de la sociabilidad con estados de excepción, toques de queda, y allanamientos, a lo cual se suma la manipulación de las efemérides en las escuelas y liceos para utilizar los valores patrios como legitimadores del gobierno militar. Militaristas porque, utilizando las instituciones de la defensa nacional, decidieron sobre la vida o la muerte de sus adversarios, y declararon unilateralmente una guerra interna, sin el respeto debido a las convenciones humanitarias. Militaristas porque ilegítimamente, con el poder de las armas, reprimieron las protestas para hacer posible la entronización de un modelo, neoliberal en lo económico y autoritario en lo político.
Entonces, y para concluir, ¿cómo nombrar la dictadura? Como una dictadura de civiles y militares, transversalmente neoliberales y militaristas, cuyo régimen violó de un modo sistémico los valores de los derechos humanos y los principios de la democracia.
