Es crucial abordar diligentemente, tanto a nivel administrativo como judicial, toda práctica que vaya en contra de la integridad, tanto del Estado como de la sociedad civil y el sector privado.
Existe motivo para creer que el denominado “caso convenios” está siguiendo su curso político y judicial, y se espera que se aclaren y sancionen irregularidades o delitos, en caso de haber. Sin embargo, lo que no parece tener una vía de abordaje igualmente reconocible es el impacto que este caso puede tener en el sector de las organizaciones sin fines de lucro en el país. Es notable una andanada de críticas y cuestionamientos hacia “las fundaciones” en varios espacios y círculos.
En las redes sociales, por ejemplo, han surgido numerosos comentarios que, sin hacer distinciones, acusan a “las fundaciones” en general de ser arreglos organizativos diseñados para desviar recursos públicos de manera maliciosa hacia causas políticas o beneficios personales. Además, algunos hablan de lo que sería un “generalizado” maridaje entre instituciones gubernamentales y grupos de organizaciones sociales, como si estas últimas solo dependieran de financiamiento público.
Abordar o concebir de esta manera a todas las organizaciones de la sociedad civil del país es una simplificación desinformada que, no obstante, puede causar un gran daño a la confianza pública que merece la sociedad civil organizada.
Según los últimos estudios, en Chile hay alrededor de 213.000 organizaciones sin fines de lucro activas, dedicadas a una amplia gama de áreas de acción, como la social, ambiental, desarrollo territorial, vivienda, cultura, deporte, representación y otras. La historia reciente de Chile estaría incompleta si no se reconociera, por ejemplo, su importante papel ante flagelos como la pobreza, la crisis ambiental, la pandemia del COVID-19 e, incluso, las recientes emergencias registradas en el país.
Este denso y diverso entramado asociativo no es nuevo y refleja los diversos propósitos que la ciudadanía persigue dentro del marco de una sociedad democrática. Las organizaciones –descritas como orgánicas autónomas y privadas– cuentan con la adhesión voluntaria de miles de personas y movilizan recursos de múltiples fuentes (donde los aportes estatales son apenas unos entre varios), capacidades, innovación y otros elementos fundamentales para el bienestar social.
Y no son pocos los expertos que afirman que estas organizaciones, al tiempo que “crean”, también “necesitan” confianza en su labor. Esta es un elemento vital para su subsistencia y desarrollo, que les permite obtener apoyo legítimo tanto de individuos como de instituciones, y así llevar a cabo su actividad.
De ahí que resulte particularmente preocupante que algunos difundan generalizaciones infundadas, simplistas e injuriosas que ponen en entredicho la integridad de un sector de que, por lo demás, ha ido aumentando progresivamente sus estándares de transparencia y rendición de cuentas de la mano de iniciativas innovadoras impulsadas por algunas de sus plataformas. En tal contexto, los recientes llamados “a no meter a todos en el mismo saco” son pertinentes.
Es crucial abordar diligentemente, tanto a nivel administrativo como judicial, toda práctica que vaya en contra de la integridad, tanto del Estado como de la sociedad civil y el sector privado. También es crítico avanzar en normativas o estándares que aumenten la ambición en probidad y rendición de cuentas (muy especialmente para el Estado y sus colaboradores). Sin embargo, tan relevante como lo anterior es descartar cualquier discurso irresponsable y sin fundamentos que busque socavar la justa confianza social hacia un sector relevante, como es la sociedad civil organizada de Chile.
