Opinión
Hoy, necesitamos una Estrategia para la Educación Superior, señalada en el artículo 8 de la Ley 21.091, que se articule y colabore con el sistema de acreditación. De lo contrario, los esfuerzos que todos desarrollemos para velar por la calidad no serán suficientes o no estarán en sintonía estrecha con esa estrategia.
En un contexto económico y social desafiante, la Ley 21.091, sobre Educación Superior, provee un espacio de oportunidades al reconocer el potencial de la Educación Superior Técnico Profesional (TP) para aportar al desarrollo de las personas y de los territorios, mediante su identificación como un subsistema independiente del universitario y para el cual en mayo de 2018 se incorporaron dos nuevas funciones: Vinculación con el Medio e Innovación.
La misma ley introdujo cambios sustantivos en el aseguramiento de la calidad en Educación Superior. El hecho de que la acreditación sea obligatoria y que las instituciones de educación superior (IES) enfrentemos a criterios y estándares nuevos y más exigentes, asociados a cinco dimensiones, desafía a todo el sistema, relevando la necesidad de contar con políticas públicas complementarias que apoyen la labor de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que es el actor que está emitiendo las directrices en la materia, impulsando desde la regulación (junto con la Superintendencia), un fortalecimiento de la inserción laboral de los estudiantes, la articulación entre distintos niveles educativos, la equidad de género, diversidad e inclusión, entre otros, todo lo cual moviliza a las IES a afrontar desafíos nuevos.
El nuevo modelo de acreditación comenzará a regir el 1 de octubre de 2023, y generará aprendizajes nuevos para la CNA y las IES, además de requerir más recursos para mantener la mejora continua de las instituciones. Dado que los criterios y estándares son más exigentes y las funciones de Vinculación con el Medio e Innovación son relativamente recientes para el subsistema TP, se necesita de una política pública más amplia, que contribuya al diseño de un modelo de desarrollo que fortalezca la educación superior y la labor impulsada por la CNA, pues, hoy, es la política que está velando por una educación pertinente y de calidad, en sintonía con los requerimientos de los sectores productivos, territorios y, en especial, de las personas.
Hoy, necesitamos una Estrategia para la Educación Superior, señalada en el artículo 8 de la Ley 21.091, que se articule y colabore con el sistema de acreditación. De lo contrario, los esfuerzos que todos desarrollemos para velar por la calidad no serán suficientes o no estarán en sintonía estrecha con esa estrategia. Así, es necesario fortalecer a las IES TP en la mejora continua de su quehacer y apoyar en forma integral el rol y las responsabilidades de la CNA. La calidad y su mejora continua son elementos habilitadores, y el nuevo modelo de acreditación es una oportunidad para que, desde él, elaboremos Estrategia para el desarrollo de la educación superior y cómo esperamos que contribuya a alcanzar la calidad de vida de un país desarrollado.
Nuestros estudiantes merecen que la promesa de una educación pertinente y de calidad, de un mejor futuro y de mayor movilidad social, se produzca en un horizonte de desarrollo del país en el cual logren visualizar cuál será su aporte. En este escenario, la Estrategia para la Educación Superior es una promesa, la calidad es un habilitador, y el modelo de desarrollo del país y sus personas, es un imperativo.
