Opinión
Los tratados comerciales actuales llevan a que los productos de dichos países puedan entrar al territorio chileno en forma ilimitada y sin pago de aranceles. Es decir, no se puede evitar, ni limitar, ni modificar la competencia proveniente de dichos países.
La definición más habitualmente aceptada del concepto de seguridad alimentaria es la que elaboró la FAO en 2016, que dice que “la seguridad alimentaria es una situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable”. Se trata de una definición o conceptualización que peca de mucha ambigüedad diplomática, pero, aun así, hay algunas consideraciones más concretas que se pueden deducir a partir de ella.
En primer lugar, se puede decir que la seguridad alimentaria depende de la cantidad de alimentos que el país esté en condiciones de producir dentro de su territorio. Mientras mayor sea esta producción, mayor será la seguridad del país en materia alimenticia, siempre y cuando estemos hablando de bienes altamente importantes en la dieta de la población de ese país.
Así, por ejemplo, siendo el trigo un producto agrícola y alimenticio tan relevante en la dieta de los chilenos, mientras más trigo se pueda producir dentro del país, más seguro estará el país en materia alimenticia. Sin embargo, las cifras muestran claramente que la siembra y la producción de trigo en territorio chileno han venido disminuyendo a lo largo del presente siglo.
A principios del siglo, en el año agrícola 2000-2001 la superficie sembrada de trigo alcanzaba a las 426.100 hectáreas. Diez años después, en 2010-2011, esa superficie había disminuido a 271.415 hectáreas. En 2020-2021 esa superficie era solo de 226.275 hectáreas. En 20 años la tierra sembrada de trigo se ha reducido casi a la mitad. Esto implica necesariamente que la seguridad alimentaria del país se ha reducido. Estamos más inseguros, no porque tengamos menos trigo para el consumo de los chilenos, sino porque ese trigo viene cada vez en mayor medida del exterior, es decir, se importa, lo cual implica que la provisión de este alimento depende en mayor medida de procesos y decisiones que quedan fuera del control de las autoridades nacionales.
El crecimiento de las importaciones –que va a parejas con la reducción de las siembras y de la producción interna– lleva al país a gastar en ello, en 2022, la suma de 1.882,45 millones de dólares, en circunstancias que en el año 2003 esa cifra era escasamente de 272,3 millones de dólares.
Alguien podría defender toda esta situación diciendo que, si la producción interna de trigo cae, la solución más sensata es importarlo para impedir que el consumo interno no tenga como abastecerse. Sin embargo, la relación causal no es esa. No es que las importaciones crecen porque la producción cae, sino todo lo contrario: la producción cae porque aumentan las importaciones. Los productores agrícolas de La Araucanía no pueden competir con el precio del trigo que proviene del exterior. Y mientras más trigo se importe, en mayor medida se obliga a los productores locales a abandonar dicho cultivo.
¿Y porque aumentan las importaciones? ¿Por qué no prohibirlas o por lo menos limitarlas? Muy sencillo: porque no se puede, de acuerdo con los muchos tratados comerciales que se han firmado, entre ellos, varios con importantes productores mundiales de trigo. Eso ha llevado a que importemos en el año 2022, desde Argentina, trigo por un valor de 724.730 miles de dólares, desde Canadá 271.250 miles de dólares y desde Estados Unidos 230.410 miles de dólares. Esos países están hoy en día muy dispuestos a vendernos tanto trigo como se pueda, y tenemos, por lo tanto, asegurado el pan nuestro de cada día. Pero el día de mañana pueden generarse problemas climáticos, económicos o políticos que lleven a que esos países no puedan o no quieran vendernos lo que necesitamos, lo cual es una figura cada vez más corriente en el mundo contemporáneo. En ese escenario, la posibilidad de abastecernos de trigo queda sujeta a las decisiones o condiciones de otros países que quedan fueran del campo de decisiones soberanas de nuestro país y que afectan negativamente nuestra seguridad alimentaria.
Los tratados comerciales actuales llevan a que los productos de dichos países puedan entrar al territorio chileno en forma ilimitada y sin pago de aranceles. Es decir, no se puede evitar, ni limitar, ni modificar la competencia proveniente de dichos países. La telaraña legal que nosotros mismos hemos construido nos lleva a esa situación. A cambio de eso Chile ha ganado la posibilidad de que nuestros productos entren sin arancel al mercado de dichos países, con lo cual se supone que Chile ha obtenido un beneficio neto positivo, por lo menos en el corto plazo.
¿Se puede modificar esta situación? En forma unilateral, creo que obtendríamos con ello más perdidas que beneficios, pues los países actúan con criterios de reciprocidad y no de beneficencia. Pero, en el campo del comercio internacional, todo hoy en día es posible de ser negociado. Para ello es necesario partir por tener claro qué se quiere lograr, aun cuando sea en el largo plazo, y tener claro también qué se está dispuesto a ceder para lograr aquello, pues estas cosas no son gratis. En todo caso, un camino, por largo que sea, siempre comienza con el primer paso.
