Opinión
En este contexto, una nueva política hidroclimática en Chile debería enfocarse en mejorar la observación, la investigación y la distribución de datos. Esto podría involucrar la implementación de radares meteorológicos avanzados, la expansión de estaciones de monitoreo en áreas estratégicas y el desarrollo de modelos de pronóstico actualizados. También es crucial establecer protocolos para compartir y distribuir datos de manera efectiva y transparente.
Este 2023 estamos experimentando un evento de El Niño que no habíamos visto desde 2015. En ese evento previo, las lluvias no lograron alcanzar el promedio histórico en el centro-sur de Chile. Sin embargo, este año ya hemos tenido dos tormentas que están ayudando a recuperar la acumulación anual de lluvia en varias áreas del valle central. A pesar de estos beneficios, este patrón de clima tiene sus desventajas.
En el contexto del cambio climático global, se ha observado en varias partes del mundo que las lluvias son cada vez más intensas y concentradas en pocos días, con tasas horarias que superan los 10 mm/h con frecuencia. Parte de esta lluvia cae en zonas cálidas, cerca de las cabeceras de las cuencas, lo que desencadena inundaciones y escorrentías rápidas.
En un país como Chile, con una topografía compleja dominada por los Andes, sería razonable esperar una política pública fuerte en temas hidroclimáticos para abordar tanto sequías como lluvias extremas en el contexto del cambio climático. Sin embargo, la realidad actual no refleja esta expectativa.
El Plan de Acción de Cambio Climático 2017-2022 (PACC) aborda diferentes aspectos del cambio climático, incluyendo medidas de adaptación, mitigación y gestión. A pesar de reconocer la importancia de las sequías y lluvias extremas, su enfoque es limitado. Por ejemplo, hay escasa atención a la medición, modelado y proyección de las reservas de agua, especialmente en las altas montañas de Chile. La falta de inversión en estaciones de monitoreo y tecnología limita el acceso a información crucial para la toma de decisiones.
En términos de institucionalidad, Chile cuenta con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aguas (DGA) para manejar aspectos climáticos e hídricos. Sin embargo, su enfoque sectorial limita su capacidad para liderar la adaptación hidroclimática que el país necesita. Ejemplos de instituciones en otros países, como la NOAA en Estados Unidos, destacan la importancia de incluir la investigación científica y la protección de la población en la misión institucional.
En cuanto a los sistemas de observación, Chile dispone de diversas redes de medición meteorológica, pero su cobertura es desigual y limitada en áreas clave, como la alta cordillera. La disponibilidad y accesibilidad de datos también es un desafío. Plataformas como Vismet y ArClim ofrecen información, pero sus limitaciones dificultan la toma de decisiones en tiempo real.
En este contexto, una nueva política hidroclimática en Chile debería enfocarse en mejorar la observación, la investigación y la distribución de datos. Esto podría involucrar la implementación de radares meteorológicos avanzados, la expansión de estaciones de monitoreo en áreas estratégicas y el desarrollo de modelos de pronóstico actualizados. También es crucial establecer protocolos para compartir y distribuir datos de manera efectiva y transparente.
En resumen, este evento de El Niño, con efectos mixtos en términos de lluvias extremas y recuperación de sequías en Chile, ha puesto en evidencia la falta de una política hidroclimática sólida y una limitada capacidad institucional para abordar estos desafíos, que plantean la necesidad de medidas más robustas para enfrentar eventos climáticos extremos y sus impactos en nuestro territorio.
