Opinión
Por último, no es de extrañar que la desconfianza impacte sobre la desafección que sienten las personas hacia la política y que la valoración de los chilenos hacia el sistema democrático haya caído en más de 25 puntos durante los últimos cuatro años (Criteria, 2023).
La confianza es como el oxígeno. No se ve, no se toca, no tiene sabor ni se huele; sin embargo, es imprescindible para la prolongación de las relaciones humanas y la subsistencia de las instituciones. A la vez, emprender, innovar y fortalecer la democracia depende de la confianza de las personas hacia los gobiernos, es por eso que, modernizar al Estado –transformarlo para que sus instituciones entreguen mejores bienes y servicios a la ciudadanía–, es un imperativo para acelerar el progreso de los países, acrecentar su competitividad e insertarlos en una plataforma de alto rendimiento con poder de adaptación frente a los cambios.
Los Estados 2.0 son aquellos capaces de internalizar las exigencias del escenario global, por lo que el desarrollo exitoso de Canadá, Nueva Zelanda y Australia ha sido por su capacidad de cimentar una institucionalidad sofisticada y flexible, logrando mayor estabilidad, mejor gobernanza y la capacidad de implementar políticas públicas sin que estas se vean obstaculizadas por agendas políticas cortoplacistas.
De acuerdo con la OCDE, la confianza se define como la creencia de una persona de que otra persona o institución actuarán de manera consistente con sus expectativas de comportamiento positivo. Es así, entonces, que existe consenso en que la legitimidad del sistema político depende del nivel de confianza entre las personas y sus gobiernos, transformándola en un elemento básico para la cohesión social, el bienestar y la capacidad del aparato público de implementar reformas; ya que esta, además, impacta sobre los resultados de las políticas públicas y convierte a las instituciones en más justas y eficientes, logrando mejorar la calidad de vida de las personas gracias a que son capaces de llegar a tiempo para satisfacer sus necesidades.
Por otra parte, la confianza institucional es decisiva para mejorar la gestión pública y diseñar reformas económicas que incentiven el empleo y la inversión. No obstante, Chile, al igual que en el resto de América Latina –región del mundo donde existe mayor desconfianza institucional–, posee niveles muy bajos de confianza hacia las entidades públicas con cifras que rozan el 30%, según el Consejo de Transparencia. Como consecuencia, ciudadanos que desconfían son más propensos a demandar una regulación excesiva, tanto del sistema público como privado, lo que distorsiona la actividad económica, suprime el crecimiento y rigidiza las normativas que afectan el emprendimiento.
Por último, no es de extrañar que la desconfianza impacte sobre la desafección que sienten las personas hacia la política y que la valoración de los chilenos hacia el sistema democrático haya caído en más de 25 puntos durante los últimos cuatro años (Criteria, 2023), situación preocupante para la buena salud de nuestra democracia, hoy aquejada por los recientes casos de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, los que no han hecho más que alimentar la hoguera del escepticismo ciudadano y que la población más vulnerable y dependiente del Estado no reciba los recursos que requiere para proyectarse, trabajar y lograr mayor autonomía.
Ahora que nos encontramos en pleno desarrollo de un nuevo proceso constitucional, se nos abre la oportunidad de transformar al Estado en sostenible y equilibrado. Es por esto que debemos tener conciencia y se deben realizar todos los esfuerzos para revertir nuestros bajos índices de confianza, ya que sin ella no existe modernización del Estado.
