Libre para elegir

En el año 1980, Rose y Milton Friedman publican Free to Choose (Libre para elegir), dando a conocer a un público masivo sus principales reflexiones sobre una determinada forma de comprender la libertad para la obtención de la prosperidad principalmente mediante el mercado. En forma paralela, la televisión pública norteamericana transmitió un documental de 10 capítulos basado en dicha obra. Durante la dictadura en nuestro país, dicha serie fue emitida como parte de la sección de la Franja Cultural de Televisión Nacional de Chile. A su vez, en noviembre de 1981 se realizó en la ciudad de Viña del Mar el XI Encuentro Regional de la Mont Pelerin Society, participando los principales exponentes internacionales y nacionales de las ideas neoliberales, que tuvo dentro de sus principales oradores al matrimonio Friedman.

En la Constitución de 1980 se cristalizó el programa político contenido sustantivamente en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile de 1974, entendiendo la finalidad del Estado en permitir la búsqueda del bien individual por medio de una particular comprensión del principio de subsidiariedad, del derecho de propiedad privada individual y la libre iniciativa económica. Todo enmarcado dentro de un proyecto de reconstrucción nacional de la sociedad por medio de un maridaje entre ideas autoritarias conservadoras –gremialistas, corporativistas y nacionalistas– e ideas liberales conservadoras o neoliberales, las que disciplinaron a la democracia y al mercado, a partir de un diagnóstico y una respuesta reactiva radical de economía política. 

La libertad de elección que allí es planteada, y que recoge parte sustantiva de las ideas neoliberales destacadas en forma previa, es ideológicamente parcial y funcional.

Parcial, pues se entiende a la libertad únicamente en su faz económica, bajo el paradigma del individualismo metodológico u homo oeconomicus, como forma de interactuar y elegir libremente en la sociedad. Funcional, ​​pues permite la justificación de un utópico orden natural y espontáneo del mercado, en el que las interacciones de los individuos libres en este se dan por autodescubrimiento o por decisiones racionales científicas. Para custodiar lo anterior se torna vital el rol del Estado por medio del establecimiento de un orden normativo que asegure dicho fin.

He aquí la importancia del diseño institucional de los vencedores que se impuso en este proyecto identitario –el cual aún se encuentra vigente–, pues se plasmó una peregrina visión de la libertad de elegir con rango constitucional que hace incompatible cualquier otra aproximación liberal, democratacristiana o socialdemócrata. Así se articuló una legislación y política pública tendiente a constitucionalizar regímenes o sistemas –como el de AFP o Isapre– en que la satisfacción de los derechos sociales queda entregada al orden espontáneo y normativo descrito.

Con el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación continuaron con el consenso global en materia económica en vista del término de la Guerra Fría y comenzaron un proceso de modernización institucional, social y de integración al ámbito internacional, pero haciéndose cargo progresivamente de los diversos problemas a través de importantes reformas y políticas públicas de urgencia para Chile, tanto para profundizar la democracia como enfrentar flagelos sociales sustantivos.

Esto, a pesar de las condicionantes propias de la transición democrática chilena. Primero, la presencia de Pinochet como comandante en Jefe del Ejército. Segundo, la persistencia de diversos enclaves autoritarios a nivel constitucional y orgánico constitucional que han sido eliminados o morigerados durante las últimas décadas. Y tercero, el uso reiterado de estas herramientas por parte de la derecha durante la deliberación democrática, destinadas, en este caso concreto, a defender esta particular versión de la libertad de elección, en especial, aquellas referidas a las modernizaciones impulsadas por el gobierno militar y cuyo sustento se puede trazar a partir del programa económico denominado “El Ladrillo”.

En vista de lo anterior, ya sea por razones pragmáticas o intuitivas, la paulatina construcción de un intento de economía social de mercado bajo ideas ordoliberales –como una sofisticada versión del liberalismo conservador que no fetichiza las relaciones sociales en el mercado–, mejoró ostensiblemente las condiciones de vida de las chilenas y los chilenos en un contexto de “igual libertad”. Sin embargo, y a pesar de los importantes avances experimentados, diversas promesas quedaron pendientes de cumplirse y existen varios desafíos propios del siglo XXI por enfrentar en una democracia constitucional, todo esto, ante la persistencia de la Constitución de los vencedores y en el marco del insuficiente diseño institucional identitario e ideológico. He ahí una parte importante del malestar constitucional y la crisis institucional que experimenta nuestro país.

En el acuerdo transversal adoptado para articular a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho (ESDD), el anteproyecto de la Comisión Experta opta por un camino distinto al descrito, a través de dos características. Primero, la libertad de elección no solo se entiende únicamente desde su faz económica, sino que también incluye sus dimensiones políticas y de autodeterminación moral. Y segundo, dicho texto no adopta una posición de política pública ideológica determinada, sino que habilita para que sea la deliberación democrática de los poderes constituidos los que resuelven la forma de satisfacer y garantizar el ejercicio de los derechos sociales por medio de múltiples opciones políticas igualmente legítimas, tanto a nivel de sistemas o prestadores públicos y privados de dichas necesidades públicas.

Sin embargo, con las enmiendas presentadas por las bancadas de derechas –propias y transversales– en el Consejo Constitucional, se insiste en la lógica de vencedores –en este caso circunstanciales– de articular la libertad de elección en los términos ideológicos y reduccionistas descritos anteriormente. Es decir, la persistencia de un determinado modelo que torna incompatible e inconstitucional otras alternativas de política pública. 

Las consecuencias de la aprobación de dichas enmiendas implicarían la alta posibilidad de desfigurar la fórmula del ESDD, la que incluye otras dimensiones que son igualmente fundamentales para la vida de las personas, en sus complementarias vertientes de libertad e igualdad política y de libertad e igualdad social, que conforman la dignidad humana. Además, quebraría el frágil acuerdo político alcanzado en el texto presentado por la Comisión Experta, hito inédito e histórico en nuestra historia constitucional y política.

Esperemos que entre los diversos grupos políticos presentes en los órganos del proceso constitucional se logre un acuerdo coherente, consistente y lo más transversal posible, que permita plenamente a las personas ejercer su libre elección, tanto en términos morales, políticos y económicos en el marco del ESDD.

Así, se comunicaría un anhelo sumamente deseado por la ciudadanía, como lo refleja la encuesta Chile Dice 2023 “Imaginarios ciudadanos sobre la democracia en Chile”, estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado y Criteria Research, en el marco de los 50 años del quiebre institucional: que las elites políticas dejen atrás sus diferencias ideológicas y logren acuerdos sustantivos orientados al bien común de las chilenas y chilenos sobre esta sensible temática, orientando futuros encuentros de entendimientos sobre otros temas importantes y urgentes para una ciudadanía insatisfecha, pero que, afortunadamente, mantiene aún una alta valoración de la democracia como marco fundamental de entendimiento y convivencia.