Opinión
A pesar de que el anuncio parece una primera respuesta que busca establecer prioridades ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, es ineludible preguntarse si los problemas en Chile responden a un bajo gasto presupuestario en el área o se pueden explicar en alguna medida por este factor.
A tres semanas de que el Gobierno ingrese el proyecto de Presupuestos 2024, la discusión de este representa una gran oportunidad para revisar la evolución del gasto fiscal. Determinar las partidas que requieren un mayor financiamiento no es solo un ejercicio de priorización, sino también permite examinar la evidencia nacional y comparada y determinar cuál debería ser el gasto en cada área.
El 6 de abril el Presidente Gabriel Boric anunció un aumento en el presupuesto de seguridad pública de 1500 millones de dólares anuales, lo cual, en palabras del ministro Marcel, significa “un aumento del 40% en lo que el Estado gasta en las funciones de seguridad ciudadana y de administración de justicia”. Se trata de un monto que representa el 0,49% del PIB del año 2022, un incremento anual inaudito en el área en caso de concretarse.
A pesar de que el anuncio parece una primera respuesta que busca establecer prioridades ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, es ineludible preguntarse si los problemas en Chile responden a un bajo gasto presupuestario en el área o se pueden explicar en alguna medida por este factor.
Para encontrar respuestas puede ser interesante no solo examinar la evolución que ha tenido el gasto en esta materia en la última década, sino también observar de manera comparada nuestro gasto en relación con otros países y si este es concordante con nuestros niveles de ingreso.
En nuestro reciente informe sobre seguridad pública, buscamos responder algunas de estas interrogantes, tomando como punto de partida la información presupuestaria que existe tanto en Chile como en diversos países en el mundo. Además, buscamos dimensionar qué implica este aumento del gasto anunciado en abril pasado en términos comparativos y en relación con su propia evolución.
Así, parte de lo que documentamos es que tanto como porcentaje del gasto total como en porcentaje del PIB, el gasto público en seguridad ha disminuido los últimos años. En ese sentido, el aumento anunciado por el Gobierno permite recuperar terreno y equipararse en esta materia dentro de los máximos observados durante la última década.
También, a nivel comparado, Chile se ubica en el promedio según el porcentaje del PIB y porcentaje del Gasto Total con respecto a Latinoamérica y solo bajo Costa Rica en términos monetarios per cápita. Cuando hacemos el análisis con países europeos, vemos que Chile se ubica en el promedio en términos del porcentaje del PIB, arriba en relación con el porcentaje del Gasto Total, pero bajo en términos per cápita. Finalmente, a nivel más desagregado, identificamos que nuestro gasto en prisiones y sistemas de justicia es proporcionalmente alto en relación con la proporción del gasto en seguridad que países europeos destinan a sus policías.
Esta revisión busca poner en perspectiva el gasto de seguridad en Chile. Más allá del monto concreto que tenga el aumento en próximos ejercicios presupuestarios, hacemos un llamado a que la determinación del presupuesto esté acompañada de una estrategia de seguimiento del gasto; de evaluación de las políticas implementadas; y que incluya el fortalecimiento de la infraestructura del Estado para producir evidencia independiente en materia de seguridad.
La seguridad ha sido tradicionalmente un área donde no ha existido un seguimiento adecuado de los programas que se implementan y del rendimiento que tienen los esfuerzos fiscales y, por lo mismo, no necesariamente mayores recursos pueden significar mejores resultados. No podemos desaprovechar la oportunidad que representa un aumento tan significativo como el anunciado en abril.
