Opinión
Las discusiones durante este año por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile resaltaron los desacuerdos históricos en las narrativas acerca de cómo entender este hecho, y el lugar que ocupa en la conformación de nuestra identidad colectiva.
La capacidad para desarrollar narrativas acerca de nosotros es fundamental para consolidar un sentido de la identidad. Estas narrativas son relatos consistentes que aportan una representación global de quiénes somos como resultado de la interpretación de nuestras historias, experiencias, recuerdos, relaciones y rasgos psicológicos. Desde diferentes éticas aplicadas, como la neuroética y la bioética, nuestro interés por la identidad narrativa deriva principalmente de que esta se considera un requisito necesario para poder ser agentes morales, por ser el lugar a partir del cual damos forma a nuestras intenciones, acciones y planeamos nuestro proyecto de vida, tanto individual como colectivo.
Las discusiones durante este año por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile resaltaron los desacuerdos históricos en las narrativas acerca de cómo entender este hecho, y el lugar que ocupa en la conformación de nuestra identidad colectiva. Más allá de la grieta que constituye en el tejido social, la falta de un consenso mínimo en torno a una narrativa podría amenazar la posibilidad misma de nuestra identidad, lo que como mencionamos implica una limitación de nuestra agencia moral colectiva.
La filósofa Françoise Baylis considera que, en el proceso de consolidar nuestra identidad individual o colectiva, las narrativas que construimos no pueden validarse o invalidarse de manera unilateral, por parte de nosotros o de otros: Sin un mutuo reconocimiento no hay identidad. Por lo tanto, es necesario que las diferentes narrativas en disputa encuentren un cierto punto de equilibrio o acuerdo a través de un proceso de comunicación interpersonal en el que sean expresadas, cuestionadas, discutidas y reformuladas.
Con este fin, el derecho a la libertad de expresión garantiza el espacio de diálogo para avanzar hacia este equilibrio, posibilitando que se debatan las manifestaciones del pensamiento humano. Sin embargo, en el contexto de la conmemoración, hay también desacuerdos fundamentales en torno a este derecho, como demuestra el debate sobre la libertad de expresión y el negacionismo.
Este año se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que tipifica el delito de justificación, aprobación o negación de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. A esta iniciativa se han opuesto propuestas como la enmienda al proyecto constitucional relacionada con el “derecho a la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio”. Según la explicación de un consejero republicano, “la única razón que motiva esa enmienda es asegurarle a la ciudadanía la libertad de expresión frente al llamado negacionismo”.
Ahora bien, en otros contextos de discusión las posiciones acerca de la libertad de expresión parecen invertirse. Esta libertad fue uno de los derechos más limitados durante el mismo golpe de Estado, y por lo tanto su protección es parte del rechazo a las políticas de la dictadura. Por ejemplo, el anteproyecto de la nueva Constitución consagra explícitamente “la libertad creativa, su libre ejercicio y su difusión”, así como “el respeto a todas las manifestaciones de la cultura”. En este caso, los consejeros del Partido Republicano se han opuesto a la iniciativa, presentando una enmienda que somete el punto a la condición de que tales manifestaciones culturales “no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad nacional del país”. Sin embargo, esto es inconsistente con la reivindicación de la libertad de expresión abanderada por los mismos actores sociales.
De esta manera, parece que la consistencia interna de las dos narrativas en disputa en torno a los hechos conmemorados hace necesario aceptar la libertad de expresión como un punto mínimo de acuerdo. No se trata de un acuerdo descriptivo acerca de los contenidos de una interpretación aceptada colectivamente, sino de un acuerdo normativo sobre cómo construir el espacio desde donde avanzar hacia un consenso de base signado por el reconocimiento que, como vimos, es el único camino posible para la consolidación de una auténtica identidad colectiva.
En la medida en que las decisiones deben estar apoyadas en una representación global sobre quienes somos, la capacidad de autodeterminación de una sociedad para proyectarse hacia un futuro conjunto sólo puede operar desde un punto de origen identitario consistente, que no puede carecer de un mínimo acuerdo sobre la interpretación de los momentos más significativos de nuestra historia.
