Opinión
Uno de los principales desafíos que se aborda dice relación con la urgente necesidad de mejorar la calidad del suministro eléctrico y la resiliencia de la redes.
El marco normativo que rige los sistemas de distribución de electricidad, establecido a principios de la década de los 80, ha permanecido prácticamente inalterado desde su concepción, experimentando solo ajustes menores que no afectan sus principios fundamentales. Principios que, en su época, posibilitaron alcanzar una alta electrificación de manera costo-eficiente pero que, en la actualidad, se han convertido en una piedra de tope, no solo para mejorar la calidad del suministro eléctrico, sino que también para implementar exitosamente diversas medidas relacionadas con la descarbonización y la transición energética.
Llevamos casi una década discutiendo la necesidad de reformar el marco normativo sin lograr avances significativos.
En este contexto, el 28 de septiembre recién pasado, la Comisión de Minería y Energía y la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del Senado, organizaron el seminario “Reforma Integral de la Distribución Eléctrica: Mesa de Trabajo 2020-2021”, en el cual se dio a conocer el informe encargado por dichas comisiones en septiembre de 2020, en cuyo proceso de elaboración se convocó además a una decena de prestigiosos académicos de distintas casas de estudio.
Durante este evento, el Dr. Humberto Verdejo, destacado académico, nos recordó el incumplimiento del mandato legal que exigía la presentación de un proyecto de ley para una reforma integral del marco normativo de la distribución de electricidad a mediados de 2020, incumplimiento que, por cierto, fue reconocido en esa misma instancia por el propio ministro de Energía. Asimismo, el Dr. Verdejo presentó las recomendaciones elaboradas por los académicos para abordar los principales desafíos del sector, las que tienen una transversal acogida por parte de los representantes de diversos gremios.
Uno de los principales desafíos que se aborda dice relación con la urgente necesidad de mejorar la calidad del suministro eléctrico y la resiliencia de la redes. En efecto, el 2022 experimentamos en promedio alrededor de 13,5 horas sin electricidad, existiendo comunas rurales que enfrentaron más de 100 horas de indisponibilidad. Cabe destacar que en estas comunas rurales normalmente residen los grupos socialmente más vulnerables de la población. Esta insostenible situación se agrava aún más si consideramos que eventos naturales, como incendios forestales, tormentas e inundaciones, se han visto intensificados por el cambio climático, causando estragos en las redes de distribución.
Otro desafío que se enfrenta con las recomendaciones presentadas tiene que ver con la transformación de las redes de distribución en plataformas habilitadoras para la transición energética y la descarbonización, de modo de permitir una penetración exitosa de la generación distribuida y las energías limpias.
Todo lo anterior debe venir acompañado de mecanismos de protección a los clientes, de modo que las soluciones que se implementen tengan siempre en el foco los beneficios que se producen para ellos. No podemos avanzar si solo unos pocos se benefician; debemos asegurarnos de que todos tengan acceso y protección.
Es sorprendente que, a pesar de la urgencia de avanzar en estas medidas y del alto nivel de consenso en la industria y la academia, la autoridad no haya tomado medidas concretas, más aún cuando debió haber presentado una iniciativa legal hace más de 3 años. Puede ser que la modificación del marco normativo de la distribución de electricidad parezca una tarea monumental, pero no por ello se puede seguir posponiéndola. Ahora es el momento de avanzar en una reforma que permita avanzar hacia un futuro energético más sostenible, equitativo y resiliente.
