Opinión
Ante el aumento de la migración hacia Chile se ha puesto al centro del debate el control migratorio y aspectos vinculados a la seguridad. Sin embargo, la migración también ha generado importantes aportes al desarrollo del país, que podrían ser mayores si las políticas públicas avanzan en la dirección correcta.
Los datos Casen 2022 permiten observar varios de estos aspectos. Primero, la población migrante es más joven que la población local: mientras 42% de los chilenos está entre los 15 y los 44 años, en el caso de los migrantes es 68%. Esto tiene implicancias positivas para la fuerza laboral, aportes al sistema de seguridad social y contribuciones al fisco.
Segundo, los migrantes presentan mayores tasas de ocupación laboral que los chilenos y aportan con su trabajo en sectores donde la presencia de chilenos es más baja (por ejemplo en el sector agrícola, actividades de servicios o el sector de comidas y hotelería). Junto con eso, aportan a través de sus propias actividades comerciales: uno de cada cinco de los trabajadores migrantes trabaja por cuenta propia.
Tercero, la población migrante presenta niveles de educación más altos: la proporción de migrantes con educación superior completa (29%) y media completa (67%) es mayor que la de los chilenos (20% y 53%, respectivamente). Por último, la migración también ha contribuido al crecimiento del país y a las arcas fiscales. Según un análisis de la Cepal, entre 2009 y 2017, la población migrante de origen latinoamericano aportó con 11,5% del PIB de Chile. Al mismo tiempo, los migrantes aportan al fisco más recursos de los que el Estado gasta en ellos (principalmente por pago de impuestos y trámites migratorios) .
Sin embargo, existen desafíos importantes para potenciar los aportes de la población migrante. Un primer aspecto a enfrentar es la informalidad laboral y la irregularidad migratoria. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, casi un tercio de los trabajadores migrantes están ocupados informalmente. La encuesta Casen 2022 muestra que 20% de los trabajadores asalariados migrantes no tiene un contrato de trabajo.
Junto con eso, un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas UC muestra que dos de cada cinco vendedores ambulantes en la Región Metropolitana son migrantes. De estos, más de un 70% tiene una visa de residencia otorgada o en trámite. Sin embargo, cerca del 90% de los vendedores migrantes no cuenta con un permiso municipal. Por lo tanto, el problema no es solo de irregularidad migratoria, sino de los requisitos e incentivos que existen para realizar actividades por cuenta propia de manera formal. Los vendedores migrantes muestran mayor interés que los chilenos en formalizar su trabajo, pero al mismo tiempo dan cuenta de menor conocimiento de lo que se requiere para concretar esto.
En línea con lo anterior, la regularidad migratoria también es fundamental, pues permite que las personas migrantes trabajen y realicen actividades económicas de manera formal, pagando impuestos y contribuyendo al sistema de seguridad social. Hoy sabemos que en Chile hay al menos 200 mil personas en situación migratoria irregular inscritas en el procedimiento de empadronamiento que está desarrollando el Gobierno, por lo que va a ser muy relevante el análisis que se realice para definir posibles criterios de regularización asociados a oportunidades laborales y realización de actividades económicas.
Otro elemento importante a abordar es el aprovechamiento del capital humano de la población migrante. Según datos de Casen 2022, más de la mitad de los trabajadores migrantes que tienen estudios de educación superior están empleados en labores que requieren niveles de calificación inferiores. En el caso de migrantes que llegaron entre 2020 y 2022, el subempleo por calificación aumenta a 81%. Parte importante de esta brecha puede estar vinculada a la dificultad para convalidar títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero. Si bien la Ley de Migración permite ampliar el número de instituciones encargadas de este proceso, está pendiente que el Ministerio de Educación elabore un reglamento que haga posible avanzar en esta materia.
Por otra parte, tanto para empleadores como trabajadores migrantes es fundamental que el sistema de visados se ajuste a la realidad del país, funcione en plazos razonables y tenga procesos transparentes. En esto el Servicio Nacional de Migraciones ha avanzado de manera positiva reduciendo los tiempos de tramitación de visados (si bien aún hay bastante por mejorar) y entregando mayor información durante estos procesos. Uno de los principales desafíos a seguir trabajando es que los tipos de visados laborales se ajusten a las necesidades de empleadores y trabajadores, que la información necesaria sea fácil de acceder y comprender, y que los procesos de postulación y otorgamiento sean expeditos.
