Opinión
Dado el rol marginal que cumple nuestro país en la emisión global de gases de efecto invernadero, los elementos estructurales que propone la mencionada taxonomía pueden apuntar en la dirección correcta.
Durante los últimos años, las presiones impuestas por el cambio climático han situado la idea de la transición energética justa como un consenso global fijado en diversos instrumentos normativos nacionales, entre ellos, la Estrategia Climática de Largo Plazo y las recientes actualizaciones de nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. A su vez, la necesidad de participar del proceso mundial de descarbonización ha llevado a impulsar las industrias del litio e hidrógeno verde, permitiendo participar y aprovechar los ciclos de boom de precios, como ya se demostró el año 2022.
Hasta la fecha hemos atestiguado cómo la atención se ha concentrado en los sectores que reportan mayores cifras económicas y que, de hecho, no aportan necesariamente al proceso nacional de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Así, algunos hitos relevantes han sido pasados por alto, como el lanzamiento de la Estructura de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientales para Chile por el Ministerio de Hacienda. Cabe destacar que el país lleva trabajando en este instrumento desde el año 2020, con el “Acuerdo Verde”, constituyéndose como una política que ha tenido continuidad a través de los gobiernos y que seguirá siendo depurada durante los años venideros.
Las taxonomías económicas corresponden a sistemas de clasificación que permiten caracterizar con criterios objetivos a los diversos sectores y actividades económicas, aportando a su comparabilidad y a la mayor transparencia ante los mercados. En específico, la virtud de este instrumento será, una vez se publique, resguardar y fomentar la sostenibilidad ambiental de la matriz económica, buscando evitar el greenwashing mientras se incentiva el financiamiento de actividades alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Así, el presente documento plantea como elegibles a sectores como el piscisilvoagropecuario, manufacturero, inmobiliario e hídrico, entre otros, ampliando la discusión desde sectores específicos hacia la diversa y compleja gama que compone las actividades que sostienen nuestra sociedad.
A partir de la experiencia de reactivación ante la crisis social, económica y sanitaria que causó el COVID-19, contrapuesta con la crisis climática que vivimos día a día, desde Espacio Público buscamos impulsar una reflexión en torno a la transición justa que incorpore las necesidades y experiencias de los territorios, especialmente de los grupos más vulnerables.
Por eso, nos parece relevante destacar la necesidad de incorporar en dicha taxonomía condiciones fundamentales para el fomento de empleos verdes, por un lado, asegurando la formalidad y dignidad de las condiciones de trabajo, a la vez que se promueva el resguardo e integridad de los ecosistemas en torno a los que se desarrollan las actividades económicas.
Dado el rol marginal que cumple nuestro país en la emisión global de gases de efecto invernadero, los elementos estructurales que propone la mencionada taxonomía pueden apuntar en la dirección correcta: llevando la discusión más allá de las condiciones de carbono neutralidad, hacia la adaptación de los territorios. En este tránsito no puede perderse el sentido de justicia y restauración ecosistémica que Chile ha planteado en sus compromisos climáticos, construyendo las condiciones para la transformación de nuestra matriz económica hacia la sostenibilidad en su conjunto.
