Opinión
El caso del audio de Hermosilla se presenta como una oportunidad para el Gobierno en días donde se discuten las grandes reformas, incluida la del pacto fiscal (otrora reforma tributaria).
Al leer la declaración pública del reconocido abogado de la plaza, Luis Hermosilla, emitida después que Ciper Chile publicara el audio en donde se da cuenta del presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se asiste a uno de los problemas que el poder económico y político han querido guardar bajo la alfombra del malestar social del último tiempo: el ropaje de gala de la corrupción en Chile.
En este escueto comunicado (escrito con la habilidad de quien conoce la dinámica de los grandes medios), uno de los abogados penalistas más cotizados del país alega que aquella grabación, donde él mismo aparece diciendo “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”, correspondería a una acción ilegal que pone en tela de juicio al Estado de Derecho y el rol de los abogados. Lo cierto es que esta grabación permite delatar un asunto que es del máximo interés ciudadano: ¿hasta dónde el poder económico puede permanecer anónimo?
Lo primero que habría que aclarar, respecto a este caso, es que el Código Penal castiga la obtención mediante medios subrepticios de conversaciones de carácter privado y su posterior difusión. Pero si Luis, Samuel y Leonarda conversan, para ellos la conversación no es privada, lo es para quien se entromete, graba a escondidas y luego divulga. Al parecer, todo indica que la grabación y la posterior difusión del audio no las hizo un entrometido, sino que un interlocutor indiscreto.
Aclarado este punto que emerge como un desesperado distractor en el comunicado de Hermosilla, asoma el que debería ser el principal desvelo de los ciudadanos y las instituciones del Estado: el poderoso equipo de abogados que trabaja para los grandes empresarios en pos de rebajar el pago de sus impuestos, con técnicas que aprovechan los vacíos legales existentes y otras que, evidentemente (es cosa de recurrir al audio en cuestión), van contra lo permitido por la ley (fraude al fisco).
Se trata de abogados que operarían, en las modernas calles del barrio alto, como planificadores tributarios, oficio que al erario nacional le puede generar tanto o más daño que la industria de la piratería o del comercio informal. El audio de Hermosilla devela lo que, a estas alturas, parecer ser un rasgo característico de parte importante del poder económico local: el comportamiento tributario de los denominados “leones de Sanhattan”.
Asimismo, el que aparecieran mencionadas supuestas coimas a funcionarios públicos encargados de la fiscalización tributaria, constituiría un grave caso de corrupción que, sumado a los ya conocidos casos de corrupción en instituciones como Carabineros o el Ejército, llegaría para hundir, aún más, ese supuesto estatus del que nos jactábamos hasta hace poco tiempo y que nos exhibía, en términos de probidad, como un país distinto al barrio latinoamericano.
El caso del audio de Hermosilla se presenta como una oportunidad para el Gobierno en días donde se discuten las grandes reformas, incluida la del pacto fiscal (otrora reforma tributaria). El que la ciudadanía se entere, a través de un audio, de las trampas que es capaz de cometer el poder económico con tal de evadir el pago de impuestos, constituye una oportunidad para un Gobierno que, dada su inexperiencia y poca capacidad de negociación, no ha podido, hasta ahora, sacar adelante sus grandes reformas. Es cosa de aparecer en un matinal con el audio de Hermosilla y preguntarle a la audiencia: ¿cuántas viviendas sociales u hospitales públicos podríamos construir sin la existencia de abogados que ayuden a evadir impuestos a los grandes empresarios?
Es posible que a este Gobierno no se le presente una oportunidad mejor que esta, la del audio de Hermosilla, para asumir la ofensiva a través de una reforma tributaria. Es ahora que el país aplaudiría una propuesta que ponga en la mesa de los empresarios y sus cancerberos de la política una propuesta de institucionalidad con dientes grandes, para perseguir los delitos tributarios de una manera eficaz.
