Opinión
Un proceso constituyente equilibrado, muy compartido y con gran aprobación ciudadana haría una enorme contribución a la unidad nacional y al progreso de Chile.
Para que Chile progrese, hoy necesita construir unidad de visión y de propósito, ponerse de acuerdo en ciertos valores básicos compartidos que nos identifiquen y enorgullezca a la gran mayoría de los chilenos. Para esto es muy importante una buena Constitución que nos represente a todos.
También requerimos tener reglas claras que rijan nuestra institucionalidad con un sistema político eficaz y eficiente, que resuelva con rapidez y oportunidad los problemas, las necesidades ciudadanas, los nuevos desafíos y nuestros conflictos.
Por último, necesitamos construir lo más pronto posible consensos mínimos respecto de políticas públicas concretas, estables y básicas en educación, salud, previsión, vivienda, seguridad pública, infraestructura, cultura y ciencias y tecnología. En casi todas venimos rodando como un hámster enjaulado que camina en su rodillo sin avanzar. Para esto necesitamos un clima de colaboración y de consenso.
No necesariamente los tres requisitos deben cumplirse simultáneamente. Ojalá sí. Pero bastaría uno de ellos para que germine un despegue para retomar un camino de paz, progreso y desarrollo.
Lo que señalo no es un diagnóstico inventado, ni el descubrimiento de la pólvora, sino que lo demuestra nuestra historia. El progreso de Chile en los decenios y quinquenios desde 1833 a 1891; luego en el período desde 1938 a 1952; y finalmente en el período de la Concertación entre 1990 y 2010, son una prueba de ello.
Veamos. La Constitución de 1833 surgió luego de una guerra civil que ganaron los conservadores. Para llegar a la Constitución de 1833, Chile recorrió 10 años de ensayos constitucionales. En 1823 la Constitución Moralista, luego las Leyes Federales de 1826, posteriormente la Constitución Liberal de 1828, hasta aterrizar en la Constitución Conservadora de 1833. La de 1833 rigió por un siglo, estableció un gobierno fuerte, centralizado y despersonalizado, logró mantener el consenso general de la clase política de respetar el orden republicano.
Dentro de ese marco, entre 1833 y 1891 Chile tuvo avances notables: se dictó el Código Civil de Andrés Bello y el Código de Comercio; se fomentó la educación, se fundó la Universidad de Chile, se dictó la Ley de Instrucción Primaria, se instauró la educación pública gratuita; se construyeron los ferrocarriles, las líneas telegráficas, las redes de alcantarillado y agua potable, la iluminación pública, puertos y caminos. Se fomentó la ocupación del territorio sur, se instauró el voto masculino, se consagraron las libertades de reunión, de asociación y de enseñanza, se modernizó el país en muchos aspectos económicos, tecnológicos, culturales e institucionales. Y si le parece poco, Chile además venció en las guerras contra la Confederación Perú-Boliviana en 1839, en la guerra contra España en 1866 y en la Guerra del Pacífico en 1883.
Luego, la Constitución de 1925 igualmente se fraguó al calor de un período de grandes convulsiones políticas y sociales que también duraron un decenio. Pese a que la Constitución se aprobó en 1925 recién comenzó a regir siete años después, en 1932, cuando el “León” Alessandri retornó a la Presidencia. Hubo entonces casi una década de maduración previa a la vigencia de la Constitución de 1925.
Al amparo de esa Constitución, entre 1938 y 1952 se produjo una sucesión de gobiernos radicales, reformistas, democráticos y muy pragmáticos, formando alianzas amplias con diversas fuerzas políticas. Ello les permitió ejecutar programas que impulsaron la industrialización del país, el fomento empresarial, la creación de Corfo y empresas públicas fundamentales para el país. También se realizó una gran expansión de la educación pública, se fortaleció la clase media, los sindicatos y se aprobó el derecho a voto femenino. En ese período reinaron la negociación y los acuerdos, se hicieron coaliciones amplias en las que se integraron desde comunistas hasta liberales y conservadores.
Más tarde, desde 1990 a 2010, la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición muy amplia y bien cohesionada, logró crear un clima de acuerdos internos y externos respecto de políticas públicas y sociales en educación, salud, infraestructura, vivienda, reinserción de Chile en el mundo, la cultura y la mantención de los equilibrios macroeconómicos. Propició la reconciliación y el respeto a los derechos humanos, creó un sistema de protección social, buscando crecimiento con equidad. Desarrolló el Metro y un nuevo sistema de transporte público, etc. Fue probablemente el período más exitoso de nuestra historia.
Es de notar que la Concertación funcionó al amparo de la Constitución de 1980 que dicha coalición no compartía y que aspiró a sustituir desde 1990 en adelante. El sistema político no era justo y la oposición se resistió tenazmente a avanzar en reformas sociales y constitucionales que la Concertación pretendía. Pese a ello la Concertación fue muy exitosa. Ello demuestra que la concurrencia de los tres requisitos que señalé al inicio es deseable pero no indispensable.
Un proceso constituyente equilibrado, muy compartido y con gran aprobación ciudadana haría una enorme contribución a la unidad nacional y al progreso de Chile. Si el proyecto de Constitución que ahora se plebiscita es aprobado por un porcentaje marginal y no por la inmensa mayoría de los chilenos será fatal, no resolverá ninguna de las necesidades mencionadas, no será durable ni estable, no cerrará el proceso constituyente sino solo lo postergará y nos mantendrá divididos como país. Además este proyecto de Constitución es muy largo, tiene muchas contradicciones y vacíos que serán fuente permanente de conflictos constitucionales. Aprobar una Carta Magna para crear problemas y no solucionarlos, no tiene ningún sentido.
¿Cómo medir un grado de consenso y apoyo razonable en torno a un proyecto de nueva Constitución? Compárela con el porcentaje de aprobación que obtuvieron otras constituciones de Chile y el mundo. La de Francia, vigente desde 1958, se aprobó por un 83%; la de España, en 1978, por un 88%; la de Chile, de 1925, por un 95%; la reforma de la chilena de 1989, por un 91,25 %; la nueva Constitución de Islandia, por referendo no vinculante en 2011, casi 70%. Y así muchos casos. Todas ellas nacidas durante o después de grandes crisis políticas, fracturas sociales, revueltas populares o término de dictaduras, como en Chile.
Por lo tanto, no es efectivo que un entorno conflictivo haga imposible proponer una Constitución de consenso. El estallido, la crisis política y la fractura social no son un impedimento para que Chile elabore una Carta Fundamental que concite gran apoyo, como claramente lo fue la propuesta de la Comisión Experta.
