Opinión
La condonación del CAE es un retroceso desde varios ámbitos. Es otra muestra de cómo triunfa el populismo en Chile y hace recordar el dicho “guagua que no llora, no mama”. Es un crédito que fue concebido para contribuir a la equidad, pues ha ayudado a quienes no tenían acceso a la gratuidad.
En 1981 se produjo el mayor cambio en la Educación Superior (ES) en Chile, cuando se crean las universidades privadas que entran a competir con las estatales y las “públicas”, estas últimas sin fines de lucro y circunscritas a las regionales y católicas. El otro aspecto es la creación de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT).
Como resultado, el número de instituciones de ES tuvo un crecimiento explosivo, así como la posibilidad de masificar el acceso a las matrículas, tal como sucedió.
Sin embargo, la expansión del sistema se topó con las dificultades para financiar los estudios mediante recursos financieros de largo plazo. La insuficiencia de recursos públicos obligó al Gobierno a buscarlos en el sector bancario, que podría realizar préstamos de largo plazo. Pero las entidades bancarias se mostraron renuentes a entregar financiamiento por varios motivos, ente ellos, la ausencia de garantías del estudiante para respaldar el compromiso y el alto riesgo de una operación, cuyo servicio iba a depender de su éxito cuando se incorporara al trabajo. Esto explica que las primeras licitaciones resultaron fallidas entre los bancos.
Para resolver estos inconvenientes se optó por otorgar la garantía fiscal para los créditos, de manera que las entidades financieras minimizaran los riesgos.
El otro respaldo financiero que ofreció el Estado fue el otorgamiento de becas para costear la educación. Sin embargo, la capacidad de los fondos públicos para entregarlas era muy limitada, ante las exigencias de cubrir otras demandas estales, situación que se mantiene hasta ahora. En todo caso, se produjo una transformación del sistema de becas que en 2011 alcanzó a 302.200 beneficios, concentradas en las becas de arancel (54,4%), de posgrado (9,8%) y otras específicas (35,8%), ente ellas, la de mantención en la ES.
La transformación del sistema de créditos dependientes del Estado también fue completo. El Fondo Solidario del Crédito Universitario (FSCU), fue creado en 1994, pero tenía el problema que solo tenían acceso las entidades del entonces CRUCH (estatales y “públicas”), con lo cual no podía optar el estudiantado de las nuevas privadas, IP y CFT, muy numerosos.
Por los antecedentes anteriores, se crea el nuevo Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2006, que existe hasta ahora y otorga beneficios preferentes en relación con los créditos usuales de la banca, además de la garantía estatal en caso de falencia. Estos beneficios han aumentado en el transcurso del tiempo:
– La deuda se establece en UF + 2% anual.
– Las cuotas están limitadas al 10% del ingreso disponible en el año anterior.
– Si durante los primeros dos años de estudios no se paga, deberá hacerlo la institución donde estudia.
– Si el deudor está desempleado en su actividad laboral, puede postergar el servicio.
– A los 15 años de vigencia se condona el saldo pendiente.
Los beneficiados aumentaron de manera explosiva. En 2.006 alcanzaron a 92.258, mientras 10 años después, en 2016, se cuentan 509.637.
Los estudiantes son agrupados en carteras uniformes, las cuales son licitadas entre los bancos. En aquellos casos sin postulantes, el fisco debe adquirirla. Como los bancos tienen asegurada la recuperación del crédito gracias a su garantía estatal, la cobranza de los impagos la hacían en forma liviana. Cuando se decidió entregar a las propias entidades educadoras la recuperación de los impagos, los resultados fueron insatisfactorios y desiguales.
En estas circunstancias se tuvo que recurrir a una entidad autónoma que se encargara de las cobranzas; de allí surgió la Comisión Ingresa, especializada en esta función (Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, como organismo autónomo del Estado, Ley N° 20.027).
La gratuidad de la ES y el término del CAE es popular entre los estudiantes, pues para los principales actores tiene ventajas y cero costo personal o grupal. Si se trata de obtener respaldo como personas (por ejemplo los parlamentarios), grupo político o gremial, está al alcance. De ahí su aceptación.
Ante las demandas estudiantiles, la ex Presidenta Bachelet prometió al fin de su mandato que se condonarían los créditos, objetivo que fue confirmado durante su candidatura presidencial por Gabriel Boric, lo cual fomentó permanentes presiones de los estudiantes para que se concretara esta promesa. Aquí nuevamente aparecen las “dos almas” del Gobierno. Los ministros de Educación han afirmado que están preparando una solución al problema. El ministro de Hacienda ha expresado que su tarea es reducir la inflación y el déficit fiscal y que hay otras urgencias prioritarias para el Gobierno. Además, los recursos para la condonación serían tan cuantiosos que no están disponibles, especialmente si el país está estancado, y solo se podría financiar un incremento de las becas en los próximos años, las cuales favorecen a los sectores más postergados del país.
Las estimaciones sobre el costo fiscal de la medida van desde US$ 1.040 millones a US$10.000 millones, dependiendo de quienes se vieran favorecidos:
Para solucionar el tema han surgido propuestas de menor costo, como es el componente mixto que une al CAE con una beca limitada. Por ejemplo, a los recién admitidos a alguna de las instituciones que tiene el derecho de otorgarlas, una beca que cubriría 2 años de la estadía y, una vez que ha cumplido satisfactoriamente esos años, se les otorgaría un crédito en las condiciones del CAE para el saldo de estudios pendiente.
Otra alternativa es la contraria: un crédito para cubrir los dos primeros años y becas para el resto del período.
La situación descrita ha llevado a que los propias entidades de la ES establezcan en forma independiente diferentes tipos de becas y créditos buscando atraer a los mejores postulantes al sistema. Es decir, la situación es mucho más compleja que la sola condonación del CAE.
En cualquier caso los recursos fiscales necesarios son muy cuantiosos y el Estado tiene usos alternativos en las otras políticas sociales, en un mundo en que prevalece la escasez, no reconocida entre aquellos que reclamaban en las manifestaciones estudiantiles “seamos realistas, pidamos lo imposible”, el lema de París en mayo de 1968.
Tal como ocurre en casos similares, una vez que los estudiantes y sus familias han visto cercana la condonación del CAE, la cobranza del crédito en los últimos años ha tenido un desplome notorio, agregándose aquellos que, estando en situación de cancelar las cuotas, no lo hacen con el pretexto que la condonación es un compromiso reiterado de los últimos dos gobiernos.
La condonación del CAE es un retroceso desde varios ámbitos. Es otra muestra de cómo triunfa el populismo en Chile y hace recordar el dicho “guagua que no llora, no mama”. Es un crédito que fue concebido para contribuir a la equidad, ya que ha ayudado a quienes no tenían acceso a la gratuidad y pertenecen a esta clase media, cada vez más amplia, que se ha ido formando en el país, la cual podría costear los pagos del crédito cuando se incorporan al trabajo y mejorar la trayectoria de sus familias. Espero que no prospere.
