Opinión
En relación con la fiscalización exclusiva a las personas migrantes, sin duda es profundamente equivocado poner únicamente en ellas la sospecha.
En relación con las situaciones recientemente observadas en Lo Valledor, es crucial, primero que nada, acoger las legítimas preocupaciones de las y los habitantes del territorio nacional en materia de seguridad. Sin duda, el Estado debe seguir trabajando en la generación de iniciativas para disminuir el temor y la actividad delictual en el país. No obstante, a diferencia de lo que hemos observado, no deben ser los propios ciudadanos quienes tomen medidas en esta materia. Aquello puede poner en peligro sus propias vidas, las de su entorno y las de quienes se someten a estas.
En relación con la fiscalización exclusiva a las personas migrantes, sin duda es profundamente equivocado poner únicamente en ellas la sospecha. Si se persevera por una medida de control de identidad en determinados espacios, esta debiese ser generalizada, siendo fundamental que quienes revisen la documentación de la población migrante en particular estén capacitados no solo para un buen proceder, sino también para distinguir, por ejemplo, entre la documentación relativa a las diferentes etapas de la regularización migratoria.
Por otra parte, resulta clave seguir avanzando en la regularización de la población migrante y en optimizar la eficiencia en el acceso a documentación migratoria. Como han señalado distintas organizaciones (pro)migrantes y como afirman expertos en estas temáticas, las personas indocumentadas mayoritariamente aspiran a regularizarse. La regularización no se trata de simples “perdonazos”, como algunos han señalado. Más bien, la regularización de las personas extranjeras es, en sí misma, una medida de seguridad. Esta permite contar con información que mejora la gestión de la migración, facilita la persecución y prevención del delito, y promueve la incorporación de las personas migrantes en diferentes ámbitos de la sociedad receptora.
Por último, es necesario avanzar en la generación de programas sociales y comunicacionales que visibilicen la diversidad de la población migrante en Chile, evitando así estereotipos y estigmas que pueden conllevar actos de violencia y discriminaciones arbitrarias. Dar voz también a las organizaciones migrantes y pro-migrantes, a personas expertas, todas con conocimiento acumulado en estás materias, resulta fundamental para avanzar en soluciones que aborden estas problemáticas en toda su complejidad.
