La noticia de colusión en los precios de la industria del papel, nos ha llenado a todos de indignación. ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos ayer? Que el precio que los chilenos estuvimos pagando, a priori, entre 2000 y 2011, no es el resultado de empresas que compiten, sino que responde al arreglo entre ejecutivos, quienes a través de almuerzos en hoteles y clubes de golf, y correos electrónicos enviados a casillas creadas con nombres falsos, acordaban repartirse el mercado en perjuicio de todos los chilenos.
Como consecuencia, los consumidores pagamos cada vez que adquirimos estos productos de primerísima necesidad, un precio inflado. Durante esos diez años ese sobreprecio salió de nuestros bolsillos –el presupuesto de las familias de Chile–, para ir a parar a las cuentas corrientes empresas inescrupulosas que no respetaron la ley.
No podemos permitir que estas conductas escandalosas queden en las sombras. Debemos hacer todo lo posible por prevenirlas, investigarlas, y, una vez descubiertas, sancionar como corresponde a los responsables. Con todo, las penas que establece hoy la legislación, no dan el ancho para castigar como corresponde estos hechos repudiables.
Hace poco tiempo que Chile está adoptando medidas concretas para combatir estos hechos. En 2009, la Fiscalía Nacional Económica fue dotada de herramientas más potentes para desbaratar colusiones: Primero, se les otorgó las facultades para realizar allanamientos, incautar documentos y computadores y solicitar la interceptación de conversaciones telefónicas; y en segunda instancia, se aplicó la delación compensada, que consiste en un incentivo a la empresa o persona que participa en una colusión para delatarse a sí misma y a los demás a cambio de liberarse de la multa, siempre que aporte la información necesaria para conseguir la sanción de los demás. Este caso parece confirmar la importancia de estos instrumentos.
Sin embargo, nos quedan pasos decisivos que dar para evitar en serio estos abusos. Por una parte, las multas que hoy en día se pueden aplicar son muy bajas. En el caso que analizamos las empresas vendieron, por los productos involucrados, más de 485 millones de dólares sólo el año 2013, y el máximo legal que podrían recibir por sanción es apenas superior a 20 millones de dólares. En una colusión de diez años y considerando el tamaño de estas empresas, el máximo legal no asusta a nadie; puede salir más barato incumplir la ley, aunque el infractor sea descubierto y condenado. Por otra parte, los ejecutivos que articularon este abuso no recibirán sanción.
Actualmente en la Cámara de Diputados estamos discutiendo un proyecto de ley, enviado en marzo de este año por la Presidenta de la República, que fortalece decididamente la institucionalidad de defensa de la libre competencia. El proyecto aborda adecuadamente dos deudas urgentes: Por una parte elimina el tope fijo a las multas, para que constituyan una sanción de verdad a los grandes abusos. Por otra, establece penas de cárcel para los ejecutivos que son autores de estos fraudes.
La pronta aprobación de estas reformas es un asunto de primera importancia y un compromiso ineludible con todos los ciudadanos.
