Señor Director:
Hemos visto con alegría, pero también con cierta consternación cómo han aumentado las operaciones aéreas en los últimos años. El fenómeno low cost y la aparición de nuevas aerolíneas, han provocado un aumento exponencial de viajes tanto nacionales como internacionales. Ya en el año 2016, ellas aumentaron más de un 10% de un año a otro. A ello se suma la extensión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez ya en funcionamiento, y la licitación de 7 proyectos por 618..000.000 de dólares en los próximos dos años, destinados a mejorar el servicio en los aeropuertos y aeródromos de Antofagasta, Los Lagos, Araucanía y Atacama.
Si bien nos alegramos del crecimiento económico de Chile que justifica estas inversiones, lamentamos el hecho de que la dotación de trabajadores aeronáuticos no ha tenido un aumento similar que haga sostenible el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema aeronáutico nacional.
De acuerdo a estadísticas de la OACI, organismo ligado a Naciones Unidas encargado de fijar estándares para el funcionamiento y buen desarrollo de la aviación civil internacional, cada un millón de operaciones aéreas existe un accidente grave, y en Chile, lamentablemente, ya hemos pasado esa cifra con holgura.
Queremos señalar que nuestra experiencia como funcionarios es muy diversa, pues como DGAC fiscalizamos asuntos tales como, por ejemplo, que los pilotos tengan sus certificaciones al día, que no se encuentren en estado de intemperancia, que las aeronaves mismas tengan revisiones al día, que las personas que realizan tales revisiones estén certificadas al día, estado de fuselaje, estado de la losa del aeropuerto, despeje de cualquier elemento que obstruya la pista de aterrizaje, eliminación de aves y animales que puedan interrumpir el tráfico aéreo en los recintos aeroportuarios y un largo etcétera. Más de alguna vez, en virtud a nuestra acción preventiva, creemos haber evitado graves incidentes.
Lamentablemente, el aumento de las operaciones aéreas y el déficit de funcionarios ha hecho que el número de fiscalizaciones realizadas no sea suficiente. Es una cuestión que no pasa por nuestra voluntad como funcionarios, sino que por cuestiones del aumento exponencial de las operaciones a fiscalizar, e incluso por la falta de infraestructura y tecnología.
Sumado a ello, los tratados internacionales imponen a los funcionarios de Seguridad aeroportuaria, la fiscalización de los denominados actos de interferencia ilícita entre los que se encuentran el terrorismo y el tráfico de drogas.
Lamentablemente, nuestros funcionarios no cuentan con la dotación suficiente, ni con las facultades necesarias para poder prevenir tales delitos, lo que se suma a la ausencia de carabineros y funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública suficientes para prevenir y reprimir incluso un simple robo.
Cabe señalar que ante un incidente grave, aumenta la desconfianza y las restricciones en el comercio aéreo desde y hacia los países responsables. Aumenta ostensiblemente el precio de los seguros, el comercio internacional se hace más caro, las fiscalizaciones nacionales e internacionales aumentan y el tráfico aéreo decae. Países que han enfrentado incidentes graves se han convertido en verdaderos parias del tráfico aéreo internacional.
Para seguir contando con una seguridad aeronáutica que garantice efectivamente la vida de los pasajeros y la indemnidad del comercio aéreo nacional e internacional, creemos que entre otros elementos, como el aumento de la dotación de funcionarios y la inversión en tecnología, se requiere también, la implementación de una asignación por fiscalización para los funcionarios aeronáuticos.
Creemos que es necesario que su gobierno se tome en serio este importante tema. No estamos luchando solo por una asignación, sino que a través de ella se fortalezca el sistema aeronáutico nacional y la seguridad aérea. Nadie, y mucho menos nuestra asociación, queremos un accidente grave o un incidente que genere un daño irreparable tanto en vidas humanas como para el prestigio de aeronáutica nacional. Lamentablemente, ante cualquier accidente, finalmente terminan pagando los trabajadores, y en vez de establecerse las responsabilidades institucionales, todo se concentra en la responsabilidades administrativas, civiles y aún penales, de funcionarios sobre exigidos y mal pagados.
Creemos que existen las condiciones para un accidente aéreo grave en Chile que deje cientos de muertos. Hacemos este llamado de alerta a la sociedad en general y a los pasajeros en particular, advirtiéndoles de antemano que su vida y la vida de todas las personas que se suben un avión, están en un riesgo inminente.
Es el actual gobierno quien tiene la facultades legales y el presupuesto necesario para poder evitarlo. Es el presente gobierno quién tiene la responsabilidad nacional internacional de resguardar con eficacia la seguridad aérea. Esperamos que, en caso de que se produzca un grave incidente aéreo en Chile, no la terminen imputando injustamente a los funcionarios públicos que trabajamos en el sistema aeronáutico y que hemos advertido de las deficiencias estructurales e institucionales a los sucesivos gobiernos.
Gonzalo Acuña. Presidente de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC)
