Violencias sexuales: cuando no basta con más justicia

En Chile, y según la evidencia histórico-judicial, podemos sostener que, desde mediados del siglo XVI hasta la fecha, acontecen sucesivamente delitos de agresión sexual contra mujeres, niñas y niños. Por lo mismo –y lamentablemente–, esta columna paradójicamente no está escrita ni a destiempo ni en un momento oportuno, pues es contemporánea desde hace más de 350 años.

Por eso, fijar nuestra mirada hoy en los delitos sexuales nos reclama y nos remonta en el tiempo, ya que lo excesivo e intolerable de las violencias sexuales nos exige una perspectiva histórica.

Los espacios y tiempos donde acontecen estos delitos, a lo largo de la historia de nuestro país, son diversos y distintos –qué duda cabe–, pero son parte de raíces ontológicas similares: la católica y la hispana, atravesadas por marcas corporales, dolores, emociones y silencios cómplices –de familiares y de vecinos–; imprecisiones e interpretaciones jurídicas de autoridades, agentes judiciales y del mismo cuerpo social; amenazas y artimañas de los agresores con base en la vulnerabilidad de la víctima; el respeto sempiterno a las jerarquías parentales y familiares que ocultan o naturalizan las arremetidas sexuales dentro del hogar; la cercanía –doméstica o vecinal– del abusador respecto de sus víctimas; la posibilidad de que acontezca, de igual forma, tanto en el espacio público como en el privado y que estos delitos no respetan ni posiciones socioeconómicas ni rangos etarios dentro de la sociedad; es decir, cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser agresor.

Son entendibles las manifestaciones de desprecio y repudio de la sociedad frente a estos delitos. Es evidente que la sociedad chilena los tolera cada vez menos y, sea que los calle o que los haga públicos, los protagonistas y su entorno los condenan con cada vez más rigurosidad. Sin embargo, y aunque estamos en un momento significativo en la historia de los delitos sexuales en Chile, un momento en que observamos manifestaciones espontáneas y articuladas contra el abuso y los delitos sexuales, lo anterior no indica necesariamente un cambio profundo ni en las estructuras de poder ni en las relaciones sociales que definen estos comportamientos trasgresores.

Creer que los delitos sexuales se deben a la inseguridad pública o que son producto de la “motivación sexual” o “de una naturaleza sexual irrefrenable” por parte del hombre, son argumentos utilizados en la larga duración temporal. Esto hace pensar que la única manera de enfrentar este drama es robusteciendo los procesos judiciales, incrementando las penas de presidio o, incluso, aplicando la pena de muerte para los que cometan este tipo de delitos.

Como sociedad es posible, y tal vez necesario, reflexionar sobre esto; sin embargo, no es lo único que debemos hacer, ni mucho menos pensar que con eso el problema se soluciona. Para repensar el hacer se hace necesario entender los delitos sexuales como un resultado de relaciones históricas entre géneros y relaciones socioculturales propias del devenir histórico. Es decir: debemos comprender los delitos sexuales como un proceso temporal, como un campo de lucha, una disputa, que también es posible de trasformar.

Lo anterior, porque se ha evidenciado desde hace décadas que los delitos sexuales son básicamente un ejercicio de poder, control, coacción y dominación a través de la violencia, más que una acción sexualmente motivada, independientemente de que el acto por el cual se materializa el delito necesariamente debe revestir una connotación sexual. El cuerpo marcado y trasformado a través de la violencia es irremediablemente la prueba del delito.

Desde la década de 1970, el factor violencia como motor de los delitos sexuales se instaló con gran fuerza en el debate de las ciencias sociales y humanas. En las décadas anteriores, la idea de “motivación sexual” fue siempre el factor que preponderaba en el momento de proponer un hilo conductor para tales actos criminales –tanto para la comprobación del medio utilizado por el agresor como para fines investigativos de la justicia–, ignorando abiertamente el rol que desempeñaban los factores de índole sociocultural, como la violencia.

[cita tipo=»destaque»]Así, en el caso de que una menor de edad sea violentada, nos volcamos contra el imaginario de una madre desnaturalizada, una mala madre, una madre irresponsable. Si es una mujer adolescente o adulta la que es violentada, la transformamos en una borracha, mentirosa, provocadora. De esta forma, la sociedad se libra de la responsabilidad y amargura y vuelve a centrar en las mujeres la responsabilidad de ser violadas, masacradas y torturadas sexualmente. Así es como la violación se conjuga entre el control y la coacción del cuerpo y el control moral de la víctima y sus cercanos. Porque la reducción moral es un requisito para que el control y la coacción se consuman, y la sexualidad, como la vivimos en la sociedad chilena, se rebalsa, se chorrea, de moralidad.[/cita]

Pensar que los delitos sexuales son promovidos absoluta y únicamente por un móvil sexual es abiertamente insuficiente y estéril. Pensarlos desde esa matriz nos arrebata la posibilidad de seguirle la huella, la necesaria perspectiva histórica, y nos empuja a la naturalización de la construcción cultural “de sofocar el deseo sexual masculino”, el cual justifica que aquel supuesto deseo se aplaque como sea o contra que o quien sea. Seguir pensando el delito desde la motivación sexual no nos permite provocar e interpelar, las estructuras sociales y culturales, y —lo peor— nos obliga a naturalizar aquellas estructuras.

Así, lo anterior nos debería interpelar no solo judicialmente, sino que también social y culturalmente. No basta con preocuparnos del violador para encerrarlo tras las rejas o exigir vigorosamente la condena de su muerte. Incluso podríamos sostener que aquellas gestiones no solucionarán en nada el drama social que mujeres, niñas y niños viven desde hace siglos y seguirán viviendo en Chile. Esta manera de “abordar” los delitos sexuales, además, eclipsa a la víctima y su memoria, pues la transformamos en la culminación judicial de una carrera delictual o, simplemente, en un hito en la vida del violador.

El poder que se le atribuye al violador sobre la víctima no solo es el de arrebatarle la vida, sino que también es el de marcarle el curso su vida que, a partir de ese momento, convergerá siempre hacia el infausto encuentro, en un viaje sin retorno: la violación trazó toda su vida. El triunfo del agresor sobre “su” víctima no solo es físico, sino también psicológico, moral y testimonial. Es más –y por muy ingrato que suene–: el hecho de exigir solamente una pena ejemplar o incluso la pena de muerte para los violadores solo busca atenuar, reducir, nuestro propio sufrimiento frente a la injusticia intolerable que nos exige frenéticamente buscar una razón o justificación de por qué acontecen estos actos.

Así, en el caso de que una menor de edad sea violentada, nos volcamos contra el imaginario de una madre desnaturalizada, una mala madre, una madre irresponsable. Si es una mujer adolescente o adulta la que es violentada, la transformamos en una borracha, mentirosa, provocadora. De esta forma, la sociedad se libra de la responsabilidad y amargura y vuelve a centrar en las mujeres la responsabilidad de ser violadas, masacradas y torturadas sexualmente. Así es como la violación se conjuga entre el control y la coacción del cuerpo y el control moral de la víctima y sus cercanos. Porque la reducción moral es un requisito para que el control y la coacción se consuman, y la sexualidad, como la vivimos en la sociedad chilena, se rebalsa, se chorrea, de moralidad.

La labor científica penal y la sociedad en su conjunto no pueden seguir aisladas del aporte que las ciencias sociales y humanas han hecho desde hace décadas al análisis de los delitos sexuales. Por ejemplo, es fundamental que reconozcamos y asumamos las contribuciones desestructurantes del feminismo que, no exento de recibir constantemente críticas irresponsables y absurdas, indica que para este tipo de casos “los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino de expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad” (Rita Laura Segato).

Entonces, el problema nos compete a todos y todas. Asumamos que los agresores no se encuentran fuera de la sociedad que hemos construido, ni que las victimas están dotadas de una cualidad esencial que las hace ser víctimas desde su nacimiento, pues ni los hombres nacen “monstruos”, ni las mujeres, víctimas. Sin embargo, las condiciones históricas que nos trasforman en monstruos, cómplices y víctimas nos acechan a todos, penden sobre todos, sin excepción alguna.

Día a día, desde hace siglos, recibimos bofetadas de realidad que nos recuerdan que vivimos en un país y en un mundo donde se insulta, tortura, acosa, viola, descuartiza y asesina a mujeres, niños y niñas. Una sociedad donde las mujeres, niños y niñas aún no son sujetos de derecho. Una sociedad que promueve primero el padecer en silencio ante todas las atrocidades. Y se nos recuerda diariamente que soportamos un drama social donde las víctimas siempre han sido las mismas.