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Debemos conocer el informe Scicluna

por 6 agosto, 2018

Debemos conocer el informe Scicluna
Como toda gran crisis, representa también una gran oportunidad. La reconstrucción de ella no puede ser solo labor de otros obispos que concentren nuevamente todo el poder. Tanto a nivel nacional como mundial tenemos que aprender que una Iglesia efectivamente cristiana y fraternal debe ser construida con un espíritu democrático, y con la participación responsable y solidaria de todos sus miembros. Y para ello es fundamental contar con la información pertinente. En el caso nuestro tenemos, pues, que conocer el Informe Scicluna en toda su extensión, exceptuando, por cierto, la identidad de las víctimas que hayan declarado bajo condición de anonimato.
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La gigantesca crisis que sufre hoy la Iglesia católica se debe, en definitiva, a que los muy positivos cambios doctrinarios del Concilio Vaticano II (que consolidaron el desarrollo de la doctrina social iniciado en 1891 con Rerum Novarum) no se vieron reflejados en una democratización de las estructuras de la Iglesia. De este modo, se preservó el carácter profundamente autoritario y absolutista de aquellas, que venía desde el medioevo; y que se agravó con la infalibilidad papal aprobada en el Concilio Vaticano I, pese a la frontal oposición de decenas de obispos que abandonaron el evento con la finalidad de consagrar una histórica protesta.

Por tanto, la Iglesia preservó una estructura de poder totalmente vertical, contradictoria con el claro mensaje del Evangelio en este plano: “No se dejen llamar Maestro, porque un solo Maestro tienen ustedes, y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle Padre a nadie en la tierra, porque un solo Padre tienen: el que está en el cielo. Ni deben hacerse llamar jefes, porque para ustedes, Cristo es el jefe único. Que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás. Porque el que se hace grande será rebajado, y el que se humilla será engrandecido” (Mateo 23; 8-12).

Y como lo señaló el célebre pensador católico inglés, John Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Aserto que desarrolló precisamente al calor de la lucha en la que participó activamente contra la declaración de infalibilidad papal de 1870.

En los últimos tiempos la corrupción eclesiástica se ha dado fundamentalmente en torno a dos ejes: el financiero y el sexual. Y este último ha adquirido especial gravedad, dado que se ha expresado en la pederastia sacerdotal y en su virtual encubrimiento por parte de numerosos obispos. No nos olvidemos que quizá el peor pecado señalado por Jesucristo en el Evangelio es la corrupción de menores: “El que recibe en mi nombre a un niño (…) a mí me recibe. Pero si alguien hace caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar” (Mateo
18; 5-6).

Providencialmente, el fiasco de la visita papal a Chile sirvió para que Francisco finalmente comprendiera que la Iglesia de nuestro país se encontraba en una situación crítica. Esto le fue corroborado en toda su magnitud por el Informe que elaboró el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, luego de su visita inspectiva de febrero de este año. Este informe sacó conclusiones tan devastadoras para la jerarquía chilena, que Francisco les pidió a todos los obispos poner sus cargos a su disposición.

En Chile esta lacra se ha dado particularmente porque ha disfrutado de la negligencia o protección de las más altas esferas de la Iglesia. El propio cardenal Errázuriz desarrolló permanentemente una conducta condescendiente al respecto, según lo ha reconocido públicamente. De este modo, cuando explotó el caso del obispo Cox, en 2002, Errázuriz señaló que el acusado “tenía una afectuosidad un tanto exuberante”, la que “se dirigía a todo tipo de personas, si bien resultaba más sorprendente en relación con los niños”; y que “cuando sus amigos y sus superiores llegamos a ser muy duros para corregirlo, él guardaba silencio y pedía humildemente perdón. Nos decía que se iba a esforzar seriamente por encontrar un estilo distinto de trato, pero no lo lograba” (La Nación, 2-11-2002). Evidentemente, Errázuriz se refería al período en que él era Superior de Schoenstatt en Chile, es decir, entre 1965 y 1971. Recordemos que Errázuriz se fue a Alemania ese año, y en 1974 fue electo Superior Mundial de la institución.

Y pese a estos antecedentes, Cox ¡fue designado obispo en 1974, y en 1981 fue nombrado Secretario del Consejo Pontificio para la Familia en Roma! Curiosamente fue “degradado” en 1985, volviendo a Chile al cargo de obispo auxiliar de La Serena. Luego llegó a ser obispo titular de la localidad en 1990, para luego ser nuevamente “degradado” a cargos menores en 1997 y, finalmente, ser sancionado con la reclusión en un monasterio en Alemania en 2002, solamente cuando la prensa nacional publicó su escandaloso historial.

Errázuriz protegió también al “cura Tato” (José Andrés Aguirre Ovalle, que finalmente fue condenado a 12 años de cárcel en 2005 por nueve casos de abusos deshonestos con niños y un estupro), pese a que ya en 1994 el Arzobispado de Santiago sabía que el sacerdote había dejado embarazada a una menor de edad (ver La Nación, 15-10-2004). Y “consultado sobre por qué el cura Tato no había sido expulsado de la Iglesia apenas se supo que había cometido abusos y había tenido una hija, Errázuriz dijo que en ese momento se creyó posible su rehabilitación y posterior reinserción pastoral uniéndolo a un movimiento en el extranjero que ‘brindaba un excelente acompañamiento espiritual’” (El Diario de Atacama, 18-7-2004).

De este modo, Aguirre fue enviado a Costa Rica y Honduras en 1994 e, increíblemente, a su vuelta en 1998, se lo nombró en la Vicaría Pastoral de Quilicura (ver La Tercera, 12-11-2013). Y, en 2000, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la misma comuna (ver La Nación, 15-10-2004), donde continuó sus conductas delictuales.

Y en el caso más conocido de Karadima, Errázuriz “congeló” el proceso canónico por seis años, ya que la primera denuncia la recibió en 2003 y el proceso solo se activó en 2009, según su propia confesión ante la jueza Jessica González. Peor aún, de acuerdo a su concepción ética, los obispos no tenían por qué llevar los casos de delitos pederastas a la justicia civil: “Hay que tener presente que el obispo tiene una función de pastor y de padre, no solo en bien de los fieles, sino también ante cada sacerdote de su diócesis. Quisiera saber qué papá va a la justicia a delatar a su hijo” (El Mercurio, 26-5-2002).

Providencialmente, el fiasco de la visita papal a Chile, sirvió para que Francisco finalmente comprendiera que la Iglesia de nuestro país se encontraba en una situación crítica. Esto le fue corroborado en toda su magnitud por el Informe que elaboró el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, luego de su visita inspectiva de febrero de este año. Este informe sacó conclusiones tan devastadoras para la jerarquía chilena, que Francisco les pidió a todos los obispos poner sus cargos a su disposición.

Como toda gran crisis, representa también una gran oportunidad. Lo mismo podemos decir de la grave crisis que afecta a nuestra Iglesia. Sin embargo, la reconstrucción de ella no puede ser solo labor de otros obispos que concentren nuevamente todo el poder. Tanto a nivel nacional como mundial tenemos que aprender que una Iglesia efectivamente cristiana y fraternal debe ser construida con un espíritu democrático, y con la participación responsable y solidaria de todos sus miembros. Y para ello es fundamental contar con la información pertinente.

En el caso nuestro tenemos, pues, que conocer el Informe Scicluna en toda su extensión, exceptuando, por cierto, la identidad de las víctimas que hayan declarado bajo condición de anonimato. De otra forma, los laicos no podremos aportar en la solución de problemas cuya intensidad y extensión desconozcamos, y continuaremos formando parte de una institución autoritaria y vertical, expuesta siempre a gravísimos problemas de corrupción.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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