Opinión
Un elemento central del posible acuerdo es el esfuerzo fiscal que el país puede y debe hacer para enfrentar la emergencia. En la mesa estarán al menos dos propuestas que plantean, con rigor y solvencia técnica, que es posible un aumento sustantivo del gasto, recurriendo a las reservas disponibles y al endeudamiento externo a tasas bajas e, incluso, negativas. Una es la del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, que ya en abril sostuvo que era posible un gasto adicional del orden de un 5% del PIB, es decir, de unos 12 mil millones de dólares.
A casi cinco meses de la irrupción de la pandemia del coronavirus, el Presidente Piñera hizo un sorpresivo giro en lo que había sido su estrategia política para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica que azota al país, como a casi todos los países del mundo. El giro se anuncia en momentos en los que el aumento de contagios, de enfermos críticos y de muertos excede las previsiones de la autoridad sanitaria, en que el sistema de salud se encuentra en el límite del colapso y en que la amenaza del hambre comienza a acosar a miles de familias.
Las reacciones de la sociedad frente a la pandemia han sido diversas: ejemplar el profesionalismo y la dedicación de los profesionales de la salud; notables las miles de iniciativas de solidaridad expresadas en la reaparición espontánea de ollas comunes en poblaciones de muchas comunas del país y la multiplicación de cadenas de apoyo del más diverso origen; resistencia o dificultades para acatar las normas que impone la cuarentena total allí donde se la decreta; reaparición de expresiones de protesta social en múltiples territorios. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales, vinculadas principalmente al narcotráfico, afirman su presencia en los territorios que controlan y al parecer agudizan sus disputas y sus niveles de enfrentamiento generando violencia y temor, especialmente en áreas de la Región Metropolitana.
Existe un amplio consenso en que la crisis actual es la mayor que el país ha enfrentado en décadas. Su origen es exógeno y los efectos de la pandemia ha desatado una crisis global de inédita magnitud. La pandemia surgió en Chile en marzo, mes que aparecía clave para intentar que el trastorno social y político desatado por el estallido del 18 de octubre se encauzara por un camino político y pacífico. Se añadía a este cuadro sombrío una economía en un evidente proceso de desaceleración.
En este escenario, el Gobierno no optó por el camino que el buen sentido habría aconsejado y que, en general, los pueblos demandan o apoyan cuando se enfrentan catástrofes de magnitud: convocar a la unidad nacional para enfrentar desafíos imprevistos. Opción más incomprensible, sobre todo, después de la experiencia reciente del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución suscrito recién en noviembre de 2019 por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, que si bien no resolvió, obviamente, todas las cuestiones planteadas por la revuelta ni restituyó la paz social, por lo menos señaló una ruta para construir un nuevo orden político y social consagrado en una Constitución concordada con amplias mayorías. Todo ello sigue pendiente.
Se optó, en cambio, por un manejo más bien concentrado y poco transparente y participativo en materia de política sanitaria y de confrontación más que de acuerdo con la oposición en el Parlamento. Aun así, prácticamente nadie discutió la legitimidad del Gobierno para conducir el país y enfrentar la crisis. El Congreso aprobó, aunque con muchas críticas, todos los proyectos para acudir en apoyo de las familias más vulnerables y de las empresas. Faltan a la verdad las quejas del oficialismo respecto a una oposición obstruccionista frente a la emergencia. Parecen, además, más que razonables las múltiples críticas que han surgido no solo de los partidos de la oposición, sino de ámbitos académicos, científicos y de organismos de la sociedad civil hacia la estrategia sanitaria del Gobierno o al insuficiente apoyo público a las familias que han perdido sus ingresos y a las empresas que han caído en la insolvencia.
Con todo, han hecho bien los partidos que han respondido positivamente al llamado del Presidente a un acuerdo político para enfrentar la emergencia. Nadie debe restarse a un esfuerzo común para aliviar la situación desesperada de amplios sectores de la población y para colaborar a detener una pandemia que aparece fuera de control.
El acuerdo necesariamente debe ser acotado y su plazo de concreción breve, ya que se requieren medidas inmediatas. Parece adecuado que estos criterios –un plazo de quince días y un temario de tres puntos: protección social, estrategia fiscal y reactivación económica– hayan sido acordados en el primer encuentro entre el Gobierno y los partidos concurrentes, sin perjuicio de que es indispensable convocar a todos los partidos disponibles al diálogo, algunos de los cuales fueron inexplicablemente excluidos en la primera convocatoria.
Hay que agregar que sería un acuerdo para el año y medio de mandato que resta al Gobierno actual. A mi juicio, no se trata, como algunos han planteado, de un pacto social para concordar un acuerdo de mediano y largo plazo sobre el rumbo del país una vez superados los efectos más inmediatos de la actual emergencia. No hay hoy día ninguna condición que lo permita: todavía existen diferencias muy profundas sobre el sistema político y el modelo de desarrollo que el país necesita para superar las graves fracturas sociales, culturales y políticas que el estallido social dejó al desnudo, y que los efectos de la pandemia seguramente profundizarán.
Estos asuntos estarán en la agenda del proceso constituyente que deberá iniciarse con el plebiscito de octubre y en el intenso calendario electoral de 2020, que culminará con la elección de un nuevo Gobierno y Congreso Nacional. Se equivocan las voces que piden que el acuerdo en curso renueve el compromiso con el plebiscito de octubre: este es un mandato constitucional que solo podría ser revisado por una muy amplia mayoría del Congreso, lo que no tiene ninguna viabilidad. Se trata de un asunto ya resuelto.
Un elemento central del posible acuerdo es el esfuerzo fiscal que el país puede y debe hacer para enfrentar la emergencia. En la mesa estarán al menos dos propuestas que plantean con rigor y solvencia técnica que es posible un aumento sustantivo del gasto, recurriendo a las reservas disponibles y al endeudamiento externo a tasas bajas, e incluso negativas. Una es la del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, que ya en abril sostuvo que era posible un gasto adicional del orden de un 5% del PIB, es decir, de unos 12 mil millones de dólares.
La misma cifra ha sido recogida en el informe de un conjunto de economistas, que fue solicitado y hecho suyo por el Colegio Médico. Ello permitiría mejorar sustantivamente el Ingreso Familiar de Emergencia que debería alcanzar un monto del orden de los 400 mil pesos en promedio para que supere el nivel de pobreza; fortalecer el Fondo Solidario del seguro de desempleo para que los trabajadores desempleados no usen sus cuentas individuales en este periodo; y contar con recursos para la concesión de créditos directos de agencias del Estado a empresas pequeñas que complementen la política de garantías del Estado para prestamos concedidos por la banca privada.
Esta es la médula del acuerdo necesario, en la medida en que expresa el nivel de compromiso de la sociedad para acudir a aliviar los sufrimientos que agobian a millones de compatriotas. El país está en condiciones del esfuerzo propuesto: las reservas fueron construidas para enfrentar tiempos adversos y la deuda chilena es de las más bajas del mundo. Pero no se trata solo de macroeconomía o de hacer posible las cuarentenas indispensables: es un elemental deber humanitario, del que el Gobierno y el Congreso deben hacerse cargo.
Por cierto, habrá que discutir los instrumentos para hacer efectiva la protección social, la sostenibilidad de las empresas y la posterior recuperación económica. En materia de protección social es indispensable actuar con criterios de urgencia: el invierno viene duro. Ello implica procedimientos simples para el acceso y entregas expedidas de los beneficios que se acuerden. Las numerosas propuestas surgidas al respecto deberán ser escuchadas y tenidas en cuenta.
En materia sanitaria, lo fundamental es un giro en el estilo de gestión. Este debe abrirse al diálogo, la colaboración y a la transparencia de los datos, factores indispensables para generar confianza y obtener la disciplina social que requiere el autocuidado. La participación de tres actores parece decisiva en este plano: el Colegio Médico, la comunidad científica y los alcaldes. Los dos primeros, por el alto grado de credibilidad de que gozan en una sociedad que desconfía tanto del Gobierno como del Congreso. Los últimos, porque las autoridades municipales son las más cercanas a las comunidades más vulnerables, dirigen la red de salud primaria que debe asumir mayor protagonismo en el combate a la pandemia y porque su nivel de confianza ciudadana ha aumentado notoriamente en este tiempo.
