Opinión
El recién pasado 25 de este mes se estrenó el documental Haydee y el Pez Volador, filme donde se retrata mi historia de décadas de lucha por lograr justicia respecto a la torturas y aborto forzado que sufrí a manos de agentes de la Armada en plena dictadura militar. Esta película expone parte importante de mi intimidad, lo que no es nada fácil cuando se trata de hechos como estos, y si bien eso es algo que me produce gran dolor, pienso que bien lo vale por la posibilidad de visibilizar la lucha de los sobrevivientes de la dictadura durante estas últimas décadas y aportar a sanar heridas que van infinitamente más allá de mi propio cuerpo, porque su profundidad cruza todo ámbito de la vida de nuestro país en las últimas décadas.
Adicionalmente, el día 26 de junio se conmemoró nuevamente el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura. El año pasado como sobrevivientes llevamos a cabo una conmemoración importante, en la cual llenamos una de las salas del ex Congreso Nacional y que fue un espaldarazo a las organizaciones de sobrevivientes y familiares, tanto a sus luchas como a su compromiso constante con la verdad, la justicia y la memoria. En dicho contexto, se hizo explícito que el fin de la impunidad del pasado en estos crímenes, es fundamental para prevenir que sigan dándose en el presente. Como resulta evidente, en el año 2020 no se pudo ni podrá realizar un acto público como ese, pero es imposible dejar pasar la oportunidad que ofrecen los hechos recién mencionados para referirme a dos cosas fundamentales.
Lo primero es extender mi reconocimiento y saludo más afectuoso para todas y todos quienes hemos sobrevivido a vejaciones como estas. Estos actos son una de las marcas más infames que tiene nuestro continente, como los hechos de la Operación Cóndor y otros ejemplos de salvaje represión, cuyo recuerdo nunca va a dejar de estar presente, pues ha sido constitutivo de nuestra historia. He tenido la oportunidad de conocer casos y personas de muchos países, con testimonios que estremecen al mismo tiempo que entregan mucha esperanza.
Como en la mayoría de estos países la tortura sigue siendo un dispositivo utilizado, e incluso existen fuerzas políticas y económicas que tienen una ligazón ineludible con estas prácticas, permanece la necesidad política de recordar y alzar la voz para denunciar esta horrible realidad. El paso del tiempo hace que los ecos de quienes ya no están se retomen por las nuevas generaciones, y por eso estoy segura que la memoria es una semilla de vida que no podrá ser destruida.
Lo segundo es la necesidad de manifestar mi más honda preocupación por nuestra actual situación. Entre el 18 de octubre del año pasado y mediados de marzo del 2020 todos fuimos testigos de que volvió a pasar lo que tanto se ha luchado para que nunca más ocurriera en Chile: violaciones masivas y sistemáticas a los DD.HH. Esto reveló que se había hecho bien poco para resolver el problema de fondo, entre otras cosas, porque se permitió que la impunidad siguiera presente, y ello es inevitablemente contradictorio con un efectivo compromiso democrático. Es más, en la actualidad hay miles de presos políticos de la revuelta que deben enfrentar la situación de pandemia en una de las condiciones más peligrosas para la vida y salud de cualquier persona, como es el encierro.
El orden neoliberal, en sus bases políticas, institucionales y económicas, se instaló mediante la violencia en dictadura y se profundizó durante el retorno al gobierno civil a través de administraciones que veían la democracia como un juego elitario antipopular. Este orden ya se encontraba en cuestionamiento antes de la pandemia, con el estallido social que el gobierno enfrentó con represión. Ahora, cuando las demandas se vuelcan a algo tan esencial como poder combatir el hambre que la presente situación ha traído, el gobierno responde nuevamente con violencia y un uso desmedido de la fuerza policial.
En efecto, la pandemia ha revelado todas las miserias de nuestro país, partiendo por un gobierno que prefiere mentir y sacrificar vidas para defender al gran empresariado y promover una perspectiva punitiva para controlar a la población, cuando lo que debería hacer es reconocer sus falencias y comenzar a actuar bajo una perspectiva de derechos que ponga la defensa de la dignidad humana en el centro.
A pesar del abandono del gobierno, la población se ha volcado en desplegar un sinnúmero de iniciativas de solidaridad en apoyo a quienes más lo requieren en el actual contexto. El deber del Estado es el de poner a disposición sus recursos para que todas las personas puedan cumplir con la cuarentena con sus necesidades económicas cubiertas y no perseguir punitivamente a quienes se organizan para llenar ese vacío, poniendo no solo los Derechos Humanos de a quienes persigue en peligro, sino que dificulta el poder cumplir ordenadamente las medidas sanitarias para superar la pandemia, como desea la mayoría de la población.
Este momento demanda de nosotros ser vigilantes y activos, para denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos que se haga con la excusa de enfrentar esta emergencia sanitaria y económica. Y en caso de que estas ocurran, debemos perseguir que se haga justicia en los crímenes del presente, a diferencia de la impunidad que aún existe en los del pasado. Esa es la base del desafío que nuestros pueblos tienen en Chile para avanzar a dotarnos de una Constitución nueva, que exprese los deseos de vivir con dignidad en un país donde los Derechos Humanos son una parte central de nuestra democracia.
