Los nocivos efectos de la pandemia sobre el sistema de educación superior nacional preocupan a todas las instituciones que lo componen. Primero, porque miles de estudiantes y sus familias enfrentan bruscos cambios en su condición socioeconómica, que no esperaban ni estaban preparados para enfrentar. Segundo, porque las casas de estudios han visto mermados sus ingresos operacionales, producto de la caída en la matrícula, la suspensión o el abandono temprano de los estudios. Adicionalmente, las instituciones han debido hacer inversiones especiales para asegurar la continuidad del año académico bajo modalidades de educación a distancia. Todo esto ha afectado la robustez presupuestaria de los planteles.
Las instituciones técnico-profesionales son las más golpeadas por estos hechos, puesto que dependen casi exclusivamente del ingreso arancelario de sus estudiantes, al no contar con aportes basales por parte del Estado. Súmese a esto que la gran mayoría de sus estudiantes proceden de los sectores socioeconómicos vulnerables de la sociedad.
En estas circunstancias, diversos actores —incluyendo el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, Vertebral— han propuesto al Comité Técnico de Financiamiento del Mineduc una serie de medidas paliativas; entre ellas, brindar un resuelto apoyo a los estudiantes a través de diferentes mecanismos.
Por ejemplo, mejorar la cobertura del arancel de referencia de Becas Nuevo Milenio I y II, para igualarlas a la Beca Bicentenario. Es absolutamente injusto que alumnos de un mismo nivel de vulnerabilidad tengan un trato diferenciado, privilegiando a algunos respecto de otros. Además de los recientes anuncios en materia de acceso a nuevos créditos para la educación superior en el plan de apoyo dirigido a la clase media, también se requiere abrir, en las excepcionales circunstancias actuales, una nueva convocatoria de becas para auxiliar a los estudiantes que han experimentado cambios drásticos en sus condiciones producto de la pandemia. Estas medidas contarían con un amplio consenso.
Por otro lado, debería permitirse prontamente que los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) puedan ser usados por parte de todas las instituciones de educación superior que lo requieran. Para ello deberían establecerse mecanismos transparentes de asignación de los recursos entre instituciones acreditadas, sin discriminaciones, sobre la base de criterios objetivos de elegibilidad y plazos suficientes para su restitución.
También urge aprobar en reemplazo del CAE y el FSCU un sistema de créditos unificado, administrado y garantizado por el Estado, contingente al ingreso, accesible a cualquier joven y adulto que estudie en Chile, sin importar el tipo o tamaño de institución. La única exigencia ha de ser el cumplimiento de los parámetros de acreditación institucional de la Comisión Nacional de Acreditación.
De adoptarse estas medidas se otorgaría flexibilidades a los estudiantes más afectados por el avance del COVID-19 y a las instituciones de educación superior que hacen ingentes esfuerzos por contribuir en tan extraordinarias circunstancias a la educación de los jóvenes y la cohesión de la comunidad nacional. Luego, mirando hacia el mediano plazo, habrá que discutir —entre las instituciones y el gobierno— cómo restablecer una estrategia sustentable de desarrollo para nuestra educación superior.
