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La “ilegitimidad de origen” de la Constitución de 1980

por 30 septiembre, 2020

La “ilegitimidad de origen” de la Constitución de 1980
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Cuando Sebastián Piñera fue elegido Presidente por segunda vez, sucediendo a la también elegida dos veces Michelle Bachelet, hubo quienes quisieron ver en eso un signo saludable de la democracia chilena (recuerdo una columna celebratoria en el diario español El País, por ejemplo). La alternancia en el poder de Bachelet y Piñera sería un signo de madurez política en Chile, permitiendo la oxigenación del sistema político y el fortalecimiento de las instituciones.

Con el estallido social quedó claro que dicha alternancia obedeció más a un agotamiento de un sistema político de 30 años que a una supuesta democracia saludable. Cada vez menos gente votaba (la abstención llegó al 50,98% en la última elección presidencial), lo cual ya venía sucediendo desde antes. El sistema político chileno no presentaba alternativas electorales válidas al votante. Los candidatos no eran políticamente atractivos y sus proyectos no entusiasmaban a más de la mitad del padrón electoral. El estallido social, en gran parte producto de dicho agotamiento, trajo como consecuencia directa el plebiscito por una nueva Constitución del 25 de octubre. Chilenas, chilenos, y no pocos extranjeros, podrán elegir si quieren una nueva Carta Magna o no.

En esa coyuntura política, el historiador Juan Luis Ossa Santa Cruz escribió un libro, recientemente publicado por el Fondo de Cultura Económica, titulado Chile Constitucional. Se trata de un interesante repaso por los procesos constituyentes más importantes de nuestra historia republicana, detallando el contexto histórico de las constituciones de 1828, 1833, 1925 y 1980.

En dicho libro, Ossa Santa Cruz argumenta que la Constitución de 1980 tiene un problema de “ilegitimidad de origen”, debido al carácter refundacional de esta. En otras palabras, el haber roto con la tradición constitucional predecesora, perdiendo el gradualismo de los procesos constituyentes anteriores, es lo que le otorgaría dicha “ilegitimidad de origen” a la Constitución de 1980.

Si bien es cierto estoy de acuerdo en que la Constitución de 1980 tiene un evidente problema de “ilegitimidad de origen” (cosa que solo los sectores más duros de la derecha chilena se atreven a cuestionar hoy en día), discrepo en torno a las razones de dicha ilegitimidad. Me parece que la “ilegitimidad de origen” de la Carta Magna de 1980 radica principalmente en la nula participación popular en el proceso constituyente que le dio vida. Es precisamente el carácter eminentemente antidemocrático de dicho proceso constituyente lo que le otorga una innegable ilegitimidad a la Carta Fundamental de 1980.

Aquella nula participación ciudadana, sobre todo marcada por una notoria ausencia de representación de los sectores populares en el proceso constituyente (proceso dominado principalmente por la Comisión Ortúzar y la Junta de Gobierno, ambas funcionando a puertas cerradas), parece ser un aspecto mucho más relevante que el innegable carácter refundacional argumentado por Ossa Santa Cruz.

En la misma línea, el pertinente libro de Ossa Santa Cruz también nos permite reflexionar en torno a otra característica de la historia constitucional de Chile: la ausencia de participación popular en cada uno de los procesos constituyentes de nuestra historia republicana. Ni en la Constitución de 1828, ni en la de 1833, hubo algún tipo de representación popular en los debates para la redacción de la Carta Fundamental, mucho menos participación directa de los sectores populares del país. Tampoco lo hubo en 1925, aquella liderada por Arturo Alessandri e importantes sectores de las Fuerzas Armadas. En esta última sí hubo una “Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales” organizada por sectores de izquierda, pero nunca fue considerada.

En definitiva, todas las constituciones anteriores fueron pensadas, discutidas y redactadas por representantes de las oligarquías chilenas de cada época. La de 1980, además, en un contexto dictatorial y de constantes violaciones a los Derechos Humanos.

En consecuencia, Chile nunca ha tenido un proceso constituyente plenamente democrático. He ahí la relevancia de lo que está en juego el 25 de octubre. Chile nunca ha tenido un Asamblea Constituyente o una Convención Constitucional donde el pueblo chileno haya expresado su voluntad política en busca de construir el país al que las grandes mayorías (que provienen, sin dudas, de los sectores populares de cada rincón del país) aspiran. Todos los grandes procesos constituyentes anteriores (1828, 1833, 1925 y 1980) han sido sin el pueblo chileno y, por lo mismo, en contra del pueblo.

Por lo tanto, todos ellos contienen un problema de “ilegitimidad de origen”. Dichas Cartas Fundamentales han sido hijas de la fronda aristocrática; antidemocráticas en origen y resultado. Lo que se viene es único; es mucho lo que está en juego. El pueblo chileno tiene al frente una de esas raras oportunidades donde efectivamente podrá ejercer soberanía popular. Para el 25 de octubre no hay razones justificadas o excusas posibles para no votar.

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