Opinión
La unidad fundamental de la que surge Chile son sus pueblos. En un cabildo de 1810 se da el primer tímido gesto de autonomía. Luego, ya en la declaración de Independencia de 1818, O’Higgins hace emanar de “los pueblos” la autoridad para dar tal paso emancipatorio. Los pueblos, agrupados en las tres provincias originales, siguieron jugando un rol relevante durante todo el primer período de la historia de nuestro país, el que se consagró en las leyes federales de 1826 y en la Constitución de 1828. Un país descentralizado y democrático comenzaba a dar sus primeros pasos, de la mano del liberalismo predominante en las clases ilustradas del país, hermanado con el natural espíritu libertario de “los pueblos”.
Pero la contraofensiva conservadora no se hizo esperar. Un golpe de Estado propiciado por el monopolista Portales logró convertir a una parte del Ejército en fuerzas de choque para retrotraer, mediante la guerra civil, los avances democráticos e imponer, con la Constitución de 1833, un régimen fuertemente centralizado y autoritario.
Comenzó desde entonces el castigo a los pueblos y a su organización básica, los municipios, lo que se prolongaría todo el resto de los siglos XIX y XX. Hasta hoy, los municipios son el pariente pobre de la organización estatal. Pobres, no solo por la gran carencia de recursos de la mayor parte de ellos, sino pobres también por su escasa consideración jurídica. Se encuentran al final de la Constitución, casi cayéndose del texto y además son considerados como una mera “administración local”, privándoseles del carácter de “gobierno”, que sí se reconoce a los niveles nacional, regional y provincial, aunque estos dos últimos sigan teniendo hasta hoy un Ejecutivo designado por el poder central.
Pero el estallido social y sobre todo la pandemia han reposicionado en los hechos a los municipios en el panorama político nacional. La convocatoria de las municipalidades a una consulta ciudadana sobre un proceso constituyente fue el impulso y antesala para el acuerdo del 15N en el Congreso. Hoy por hoy, dos alcaldes aparecen como favoritos en las encuestas presidenciales. En la pandemia, fueron los alcaldes los que se convirtieron en un efectivo contrapoder a la negligencia y temeridad del gobierno nacional, por ejemplo, cuando el hoy enjuiciado ministro Mañalich insistía en reanudar clases. Y todo este protagonismo alcaldicio ha sido muy transversal, demostrando que, unos más y otros menos, los alcaldes suelen estar en mucha mayor sintonía con la ciudadanía que el Gobierno Nacional o el Congreso.
La Nueva Constitución que esperamos el pueblo de Chile ordene elaborar en el próximo plebiscito del 25 de octubre, debería dar cuenta de este nuevo protagonismo municipal y consagrarlo jurídicamente. Se trata de poner al revés la actual estructura centralista del Estado chileno.
En orden de tratamiento, la Constitución debería partir instituyendo a las comunas como la unidad política fundamental de Chile. Devolverles toda su dignidad, denominando a las municipalidades como “Gobiernos Comunales” y estableciendo mecanismos de financiamiento que aseguren un porcentaje mínimo de la inversión pública para ser definido a nivel comunal.
Por cierto, ello debe ir acompañado, ya a nivel legal, de un fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el control de probidad en las municipalidades. Aunque duela reconocerlo, todo suele tener un lado oscuro, no solo la luna. El mantenimiento de largos cacicazgos en las municipalidades ha sido uno de los factores principales para que los municipios compitan con la policía uniformada y las Fuerzas Armadas en los máximos niveles de corrupción.
El desafío para los futuros gobiernos municipales es gigantesco. La fortaleza de Chile frente a las previsibles nuevas amenazas sanitarias o ambientales se jugará en los territorios. Es allí donde es posible construir comunidades resilientes, que reconectadas con la naturaleza en la que se emplazan, puedan preservar condiciones de vida lo más benéficas posibles. Las tecnologías de la comunicación ofrecen, por su lado, la posibilidad de relocalizar actividades, especialmente en el ámbito servicios. Hoy alguien puede teletrabajar en un juzgado en Santiago desde su hogar en Combarbalá. Los hogares se convierten en espacios productivos y educativos para muchas personas. ¡Qué maravillosa posibilidad de descongestionar las urbes asfixiadas y de revivificar comunidades a lo largo de todo Chile! Pero ello requiere un entorno local que brinde las posibilidades de esparcimiento, socialización y recreación indispensables.
Las amenazas y oportunidades que se presentan ante el país son inmensas. Ello requiere nuevos municipios, empoderados y democratizados. El proceso constituyente genera las condiciones para construir esos municipios, levantándoles a los pueblos el castigo impuesto desde la centralista y autoritaria Constitución de 1833. Pero ello tiene como prerrequisito un renovado protagonismo ciudadano, que marque al hueso a los constituyentes, generando instancias territoriales de información y retroalimentación. Nada de cheques en blanco. Combinando deliberación local y movilización ciudadana podrá impedirse que la Convención Constitucional sea secuestrada por los poderes fácticos. Una Constitución para las comunas y desde las comunas es posible.
