Opinión
A finales de 2018, el presidente Jail Bolsonaro hace un polémico llamado a los estudiantes brasileños a filmar a profesores que consideren estar “adoctrinando” políticamente a los alumnos en el aula.[1] En Chile, a principios del año 2019 un docente fue despedido por haber utilizado la palabra “dictadura” en el contexto de sus clases de lenguaje para hacer referencia a la dictadura de Augusto Pinochet. Antes de ser despedido, la directora le dijo que “esos temas era mejor no tratarlos, que si los niños creían que era un gobierno militar, bueno, que era mejor dejarlo así”.[2] Más tarde y luego del llamado “estallido social” de octubre de 2019, Marcela Cubillos, ministra de Educación del momento, anuncia la elaboración de un proyecto de ley para frenar el “adoctrinamiento” en establecimientos educacionales, luego de denunciar que profesores estaban transmitiendo a sus alumnos consignas y propaganda política contraria al Gobierno.
Hoy, dado el triunfo de la opción Apruebo de una nueva Carta Magna e iniciado un proceso que incluye la elección de constituyentes, es posible que surjan expectativas hacia los docentes de un quehacer libre de creencias y posturas políticas, especialmente aquellos encargados de las áreas de formación política y ciudadana.
Estos casos representan el extremo de una polémica y antiguo debate respecto al rol docente y la neutralidad en la entrega de conocimientos, en general, y en términos de la formación política en particular. Las medidas tomadas en los ejemplos citados se basan en la expectativa –igualmente motivada por creencias o ideologías políticas– de que el ejercicio docente debe asumir una postura apolítica, escindiendo la actividad técnica y profesional de la acción política, los asuntos públicos de los privados y la vida personal de la vida profesional (Ginsburg & Kamat, 2009).
Asimismo, se espera un actuar centrado en objetivos estandarizados, donde se entiende al profesor como un transmisor de conocimientos predefinidos y con procedimientos basados únicamente en componentes científicos y técnicos. Los críticos a estas medidas señalan que tales prácticas buscan controlar y prescribir el actuar de los docentes en un acto de negación de autonomía profesional que, en la práctica, los desprofesionaliza (Ruffinelli, 2017). Al mismo tiempo, estas acciones vulnerarían la libertad de cátedra, entendida como la facultad de que disponen los profesionales de la enseñanza, sea cual sea su nivel de docencia, “para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que consideren de interés profesional, sin riesgo ni amenaza de sanción alguna, excepto mediante la adecuada demostración de inexcusable incumplimiento de la ética profesional” (Madrid, 2013, p. 356).
Con ello, el debate respecto a si es deseable o no que los profesores revelen sus posiciones políticas está cargado de juicios y fines normativos. Esto implica una tensión en el ejercicio docente, especialmente sobre aquellos encargados de la formación ciudadana, considerando que se trata de una generación socializada en un contexto dictatorial o posdictatorial donde los temas políticos fueron altamente evitados (Jara Ibarra, 2019). Esto se complejiza aún más en el desafío de ejercer ahora inmersos en un nuevo escenario de alta politización, donde la contingencia exige muchas veces de manera inevitable el tratamiento de estos temas en el aula.
Más allá de estos casos que, de nuevo, representan el extremo de una polémica, es necesario reconocer que todo quehacer profesional está motivado por sistemas de creencias a nivel individual y social, reflexión que aplica a todas las profesiones y a todas las disciplinas pedagógicas. Por ello, vale la pena preguntarse: ¿es posible un ejercicio docente en que las creencias personales no jueguen un rol central?
Lo anterior, entendiendo que profesores toman decisiones diarias sobre qué enseñar y cómo enseñarlo, es decir, implementan el marco de contenidos de acuerdo con sus propias creencias epistemológicas e ideológicas sobre el aprendizaje. Las creencias en el ámbito de la educación y de la enseñanza se cubren de múltiples revestimientos, que involucran aspectos macrosociales, institucionales y niveles microideológicos que se entrelazan e interactúan constantemente (Pachler et al., 2008), y donde estas creencias, a su vez, definen cada una de las decisiones, subyacen a las formas particulares de acción y se trasforman en modos predeterminado de hacer, pensar y juzgar las cosas (Knowles, 2018; Pachler et al., 2008).
Es así difícil pretender que los profesionales de la educación puedan transmitir una batería de contenidos estandarizados en un quehacer pedagógico totalmente neutro, higiénico y orientado exclusivamente a un objetivo impuesto de manera externa, donde el conjunto de creencias y visiones propias no logren irrumpir (Duplass, 2014; Ruffinelli, 2017). Más aun, el propio currículum escolar –formal o informal– en que los docentes se basan para la transmisión de sus contenidos en clase, se trata de una selección o decisión cultural de lo que transmite la escuela (Kwan-Choi Tse, 2009; Magendzo, 1986), siendo un dispositivo pedagógico a través del cual opera la reproducción cultural de los grupos que componen la sociedad (Bernstein, 1975; Bourdieu & Passeron, 2001). El currículum, por lo tanto, no es ideológicamente neutral (Cox et al., 2015; Cox & García, 2015; Ginsburg & Kamat, 2009).
En Chile, desde el año 2016 existe el mandato de un Plan de Formación Ciudadana para todos los niveles de enseñanza, junto a la implementación de una asignatura de Educación Ciudadana para los últimos niveles de educación media. Investigación previa ha detectado gran diversidad y heterogeneidad respecto a lo que cada escuela entiende por y, en consecuencia, forma en política y ciudadanía (Jara Ibarra et al., 2019; PNUD, 2018). Por ello, considerando el espacio que en esta área quedaría para la discrecionalidad, más allá de concentrar esfuerzos por analizar la presencia –o no– de una imposible neutralidad en la entrega de los contenidos del área de la ciudadanía, resulta interesante el observar y analizar las creencias de los docentes respecto a la formación ciudadana, pues esto podría impactar en el tipo de ciudadanía que los establecimientos potenciarán, la manera en que intentarán desarrollar el compromiso cívico. Además de los enfoques pedagógicos que adoptarán para dar tratamiento a temas más controvertidos, tan propios del contexto y debate político y que pueden dar origen a las polémicas antes referidas.
Se vuelve relevante entonces conocer las creencias de docentes en relación con la educación para la ciudadanía, sus visiones sobre la democracia, sus instituciones y las distintas formas de participación, problema observado internacionalmente, pero en general desatendido para el caso chileno. En este sentido, desde el Centro de Políticas Comparadas de Educación[3] de la Universidad Diego Portales estamos realizando investigación que avanza en observar las creencias del profesorado respecto a la formación ciudadana y política de sus estudiantes, de qué manera ello se relaciona con sus prácticas y decisiones pedagógicas y de qué forma abordan el tratamiento de temas controvertidos en el aula. Esto, con la intención de aportar al conocimiento y ojalá fortalecimiento de la formación ciudadana en nuestro país, produciendo evidencia sobre las distintas estrategias pedagógicas que puedan aportar directamente a los docentes que enfrentan el desafío de educar ciudadanas y ciudadanos en un contexto de vertiginoso cambio y grandes desafíos políticos para la actual y las nuevas generaciones.
[1]http://www.laizquierdadiario.com/Bolsonaro-pide-a-estudiantes-que-graben-sus-clases-para-poder-perseguir-y-procesar-a-profesores
[2]https://www.eldesconcierto.cl/2019/01/04/profesor-gano-juicio-tras-ser-despedido-por-ensenar-la-palabra-dictadura-en-colegio-de-las-condes-les-dije-que-el-golpe-militar-no-era-un-gobierno/
