Opinión
El debate generado a propósito de la inclusión de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de estas mismas en las encuestas de opinión pública, aunque discreta y sutil, sugiere algunas precisiones respecto de la relación entre la función de defensa y la opinión pública.
Sabido es que la defensa es una de las funciones básicas de toda sociedad organizada. Comparte esta condición con el gobierno interior, el manejo de la hacienda pública y la administración de justicia. La doctrina clásica es virtualmente unánime en esto. En tiempos recientes, a las cuatro funciones se ha agregado las relaciones exteriores. No hay ermitaños en el sistema internacional –aunque si unos cuantos parias- y de ahí que sus vinculaciones externas han pasado a ser componente fundamental de la acción política de todo Estado.
La función de defensa, para una correcta y eficiente ejecución, requiere de importantes niveles de legitimidad. Por cierto, esto es consustancial a todas las funciones públicas pero en el caso de la defensa tiene algunas connotaciones especiales. Por lo pronto, las FFAA, las ejecutoras principales de la función, son las detentadoras de la fuerza legítima del Estado. Además, la función de defensa involucra recursos financieros considerables. Prácticamente toda forma de poderío militar es costosa y los recursos involucrados deben competir con aquellos asignados a otras funciones públicas, usualmente en condiciones desventajosas. Todo esto eleva el umbral de legitimidad social y asociado a esto el del escrutinio público. Es un efecto natural y no tiene nada de negativo.
La legitimidad de la función de defensa descansa en el conocimiento que tiene la opinión pública sobre la forma como se ejecuta. Esto plantea algunas complejidades. Por lo pronto, la ejecución de la función de defensa requiere algún nivel de reserva –condición que comparte con la política exterior. En el mundo de la información esas cotas son menores, pero existen. Lo central es entonces lograr un equilibrio entre la información pública y la preservación de la reserva en los asuntos más complejos y sensibles. En esto los sistemas democráticos tienen amplia experiencia. La práctica comparada indica que es posible informar adecuadamente a la opinión pública sin comprometer la información sensible.
Hay varias vías para informar a la opinión pública. Posiblemente la de mayor jerarquía es la inclusión de acápites de defensa en la cuenta pública del Jefe del Estado o Jefe del Gobierno, una práctica muy difundida en los sistemas políticos. Los libros blancos de la defensa son otro mecanismo. De hecho, la ilustración a la opinión pública es uno de sus cometidos, junto a la orientación general sobre el ejercicio de la función de defensa y la comunicación de intenciones y actitudes estratégicas a los demás actores internacionales. También los eventos de raigambre intelectual en las academias de defensa constituyen mecanismos idóneos. En un nivel más táctico, si así cabe expresarse, las instituciones militares suelen organizar eventos en los cuales los civiles pueden interactuar directamente con personal militar y medios terrestres, aéreos y navales. E incluso la industria cinematográfica también puede ser un instrumento válido para este fin; de ahí la colaboración que establece con los ministerios o departamentos defensa de algunos países.
La adecuada información sobre la función de defensa es un componente fundamental de la cultura estratégica de una nación que a su turno es un antecedente fundamental de la legitimidad de la función de defensa. Se cierra así una suerte de círculo virtuoso respecto una función indispensable en el escenario internacional, hoy como ayer, en cualquier escenario geoestratégico.
En Chile, la difusión de la función de defensa –incluso antes que se acuñara el concepto- se ha nutrido de todos estas vías, con la posible excepción del instrumento cinematográfico. Desde luego, la cuenta a la nación del Presidente de la República tradicionalmente ha incluido un acápite sobre defensa nacional, aunque normalmente ha sido uno de los menos relevantes, reflejo de los vaivenes de esta función en la óptica política, especialmente durante el siglo XX. Luego, desde los años 90, los Libros de la Defensa han sido un instrumento valioso y funcional. En el orden intelectual, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y las academias de guerra de las Fuerzas Armadas han efectuado una contribución constante al acervo estratégico de la opinión pública informada. De tiempo en tiempo, algunos programas universitarios han efectuado también un aporte relevante en este mismo sentido. Y por cierto las Fuerza Armadas, tradicionalmente han organizado jornadas de puertas abiertas en regimientos, bases aéreas y unidades navales.
En consecuencia, restaba saber que efectos han tenidos todos estos instrumentos de difusión de la función de defensa en el conocimiento público. Los estudios de opinión sobre la percepción ciudadana comenzaron a mediados de los 90, tanto en nivel académico como oficial. Consistentemente, los resultados han sido favorables a las Fuerzas Armadas y por su intermedio a la función de defensa, lo que permite asumir su legitimidad social. Naturalmente, las percepciones ciudadanas han experimentado fluctuaciones pero esto es natural y desde luego, no afecta solo a la defensa.
Ciertamente, es posible argumentar en torno a la conveniencia temporal de mantener a las fuerzas armadas en los estudios de percepción social pero no cabe duda que es relevante conocer los niveles de legitimidad social que tiene la función de defensa, especialmente en escenarios altamente evolutivos en el plano internacional y que además, demandará mucho esfuerzo de gobernabilidad en los años venideros.
