Opinión
Desde el inicio de la Convención Constitucional la derecha ha comenzado a reclamar por su condición de minoría y por la poca o nula acogida que han tenido sus propuestas. Más allá de su queja, la derecha chilena deberá hacer un esfuerzo por entender que la democracia funciona sobre dos principios.
El primero es la alternancia en el poder: quienes lo detentan pueden dejar de hacerlo y ser relevados por otros. El segundo es que las reglas y políticas las fijan quienes logran construir mayorías para llegar al poder. La combinación de ambos principios es lo que debiera obligar a los partidos políticos a hacerse cargo de los intereses y problemas de la ciudadanía, y a generar propuestas para concretarlos y resolverlos. De su acierto en este cometido dependerá que accedan y permanezcan en el poder.
La derecha post Pinochet no había requerido hasta ahora de este aprendizaje, dado que siempre dispuso de mecanismos para imponer su voluntad, aun siendo minoría. Ya fuera por el número de parlamentarios que las normas de funcionamiento político le daban, por el quórum requerido para modificar determinadas leyes o por los mecanismos de veto que tenía.
En una primera etapa contó con los senadores designados. Nueve personas procedentes de la institucionalidad heredada de la dictadura, más Pinochet como senador vitalicio, que de facto le sumaban votos. Recién en 2006, cuando el avance de la transición amenazó con inclinar las designaciones a favor de la Concertación, la derecha accedió a eliminarlos.
El sistema electoral binominal, además, le daba una sobrerrepresentación en el Congreso, asegurando que sus intereses fueran, al menos, equiparados a los de la mayoría. Este sistema acompañó a la política chilena hasta 2018, en que fue cambiado.
A ello se suma una serie de leyes de rango constitucional, cuya modificación requiere de cuatro séptimos de los votos. Estas leyes, contempladas en la Constitución de 1980, impedían que muchos ámbitos de la vida social, económica y política pudieran ser cambiados sin la venia de la derecha. Incluido el propio sistema electoral que garantizaba su sobrerrepresentación.
Cuando todo ello no bastó, comenzó a transformar al Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara a la que recurría cada vez que discrepaba con la decisión de la mayoría. De hecho, el fortalecimiento del TC fue la condición que puso en 2005 para acceder a eliminar los senadores designados. Es justo señalar, sin embargo, que ambas coaliciones recurrieron casi igual número de veces a él en este período.
Las situaciones descritas impidieron que la derecha post Pinochet desarrollara un proyecto político ideológico que fuera más allá de solo defender sus intereses de clase. En ese contexto, no necesitó aprender a convencer en un debate democrático, sino que le bastaba con saber fijar condiciones y luego imponerlas.
Pues bien, la elección de la Convención Constitucional, en la que pasó a ser una minoría sin privilegios políticos, debiera enseñarle que, para construir un camino viable, tendrá que persuadir a los demás de las bondades de sus propuestas y que estas tienen como objetivo el bienestar general de la sociedad y no solo del sector que representa.
De lo contrario, quedará reducida a la absoluta irrelevancia.
Más importante aún: tendrá que apurarse en aprender, debido a que con toda seguridad las nuevas reglas políticas que emerjan de la Convención no tendrán los “enclaves autoritarios”, los “cerrojos institucionales”, ni las “subvenciones electorales” a las que estaba acostumbrada.
En otras palabras, deberá entender que en un sistema democrático las mayorías deben gobernar respetando y dialogando con la minoría. Pero no sometiéndose a ella.
