Opinión
El agua es un tema complejo, está demás decir que tiene impacto en la salud y la calidad de vida de la población, incluso según algunos, un 60% del PIB nacional se vería afectado por la falta de agua, por eso estará en la discusión de la nueva constitución y permitirá despejar si el agua tendrá un nuevo trato.
Por su parte, los constituyentes elegido por votación popular representan distintas corrientes de pensamiento y sectores de la sociedad, entre ellos, existe un consenso casi transversal que el agua debe estar en la nueva constitución, a lo menos para declararla como un bien nacional de uso público, como un derecho fundamental y que las personas deben tener prioridad en el uso del agua (en buena hora). Lo anterior, si bien es cierto es una buena señal, es solo una declaración de voluntades, pero está lejos de solucionar el problema central de la escasez hídrica.
Entonces ¿Qué impide avanzar en solucionar la escasez hídrica? Los nuevos escenarios están cambiando en forma acelerada con tal profundidad que se requiere un proceso de adaptación de largo plazo también profundo y amplio. La falta de recursos, de tecnología, información e inversiones se pueden resolver, pero el principal impedimento que existe es de carácter político. Los últimos cuatro gobierno no han tenido la voluntad de concretar cambios estructurales por la complejidad política, social y económica de estos y sus eventuales efectos en sectores exportadores como la agricultura y minería, de servicios públicos como el agua potable y saneamiento y en el Estado y la población.
La modificación del rol del Estado que ha cumplido en este conflicto, no puede continuar siendo el de un espectador restringido a dictar decretos de emergencia calificando la escasez hídrica y un asignador de grandes cantidades de recursos públicos a los privados para enfrentar la crisis, sin tener un plan y sin exigir resultados concretos a los actores beneficiados con dichas transferencias de recursos. La falta de liderazgo político es una parte importante del problema, en particular en la construcción de acuerdos y diseñar estrategias nacionales que permitan orientar a los usuarios del agua y las comunidades. Es cierto que en la actualidad el estado no cuenta con una gobernanza o marco jurídico que permita asumir este protagonismo, pero tampoco existe un plan de cambios en ese sentido. El estado está moviéndose en forma muy lenta y le resta presencia en los territorios perdiendo legitimidad.
La falta de voluntad política de los últimos gobiernos para realizar propuestas de cambios estructurales, planes u hojas de ruta para enfrentar el desastre hídrico, nos ha impedido avanzar con la urgencia que se requiere. Para construir estos cambios, implica tomar decisiones políticas y negociar consensos con diferentes grupos de interés que tienen poder y que serán observados por la comunidad, aumentando el riesgo del costo político y desincentivando a los gobiernos que tienen solo 4 años vigencia y los beneficios de este proceso se verán 10 o 15 años después.
Por otra parte, el ambiente de desconfianzas de las instituciones públicas y los distintos sectores productivos que reina en el país, es una barrera importantes para conversar y buscar los consensos de largo plazo y evitar caer en decisiones de corto plazo con influencia política coyuntural de acuerdo al gobierno de turno, que cambian cada cuatro años desconociendo lo realizado por el gobierno anterior. En este sentido algunos sectores productivos ven este proceso de cambio una amenaza a sus intereses.
La propuesta del MOP que ingresó al congreso de la nueva Subsecretaría de Recursos hídricos de esa cartera, no está orientada a resolver este tipo de problemática. Los cambios requieren de un Estado más empoderado en lo regulatorio y fiscalizador de los ecosistemas y medio ambiente, con una estructura y procesos que permitan la participación de los actores de las cuencas en la toma de decisiones estratégicas y con autonomía de las decisiones políticas coyunturales.
La urgencia de iniciar un proceso estratégico, consensuado y participativo para enfrentar esta crisis no acepta más demoras, ya estamos reaccionado tarde y los cambios climáticos cada día tienen mayor impacto como las altas temperatura del hemisferio norte donde se llegó a más de 50°C y los informes meteorológicos no son muy auspiciosos, como las lluvias en Alemania, China, Bélgica y otros.
Las actuales estructuras y los modelos de gestión hídrica ya no responden a las nuevas demandas, no es casual que sea la Corte Suprema de Justicia a través de sus fallos ha realizado cambios importantes en relación al agua, como el caso del aumento del abastecimiento de agua de 50 a 100 litros por habitante al día que la municipalidad de Nogales debía abastecer a la población o el fallo de marzo del 2021, donde reconoce que toda persona, por su dignidad tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación o el fallo que ordena paralizar las plantaciones de paltos (monocultivos) en Pichidegua, mientras el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determine si estos proyectos agrícolas deben ingresar a Evaluación de Impacto Ambiental o el fallo que obliga al Estado a abastecer de agua potable a vecinos de Petorca, criticando “la falta de voluntad política” del Gobierno para asegurar el derecho humano al agua”.
El Estado y los sectores productivos no pueden seguir esperando y deben actuar en la búsqueda de acuerdos que permitan desatar el nudo que los tiene entrampados, al margen que el proceso político y social que vive el país sea propicio para la toma de decisiones políticas de largo plazo, pero no podemos esperar más.
