Opinión
Desde hace tiempo se ha vuelto un lugar común medir la presencia o ausencia del Estado de Derecho por la cantidad de actos violentos ocurridos en alguna parte de nuestro territorio.
Pero como frecuentemente ocurre con los lugares comunes, estos simplifican y vacían de contenido los problemas, y sólo se repiten porque a todos parecen hacer sentido y generan, en quienes los expresan, una grata sensación de lucidez.
Así, entonces, la Araucanía sería un ejemplo arquetípico de la ausencia de Estado de Derecho. Lo mismo Plaza Dignidad, el Barrio Lastarria y otros espacios que han sido vandalizados.
Esta idea, sin embargo, es incorrecta, al menos por dos razones.
Primero, porque restringe el Estado de Derecho al orden y seguridad pública. O sea, a una labor policial. Sin embargo, el concepto es más complejo y abarca más dimensiones. Entre otras, tiene que ver con cautelar la libertad de las personas y su igualdad ante la ley, y con la capacidad de hacer que esta última se cumpla a lo largo y ancho del territorio.
Pero como muchos saben, incluidos quienes deben velar por ello, estamos lejos de esa situación: en los pequeños pueblos y campos de Chile circulan infinidad de automóviles sin los permisos requeridos y no son pocos los conductores que no poseen licencia. Ni hablar de los letreros de tránsito, considerados sólo una sugerencia.
No menos relevante ni menos conocida es la economía informal, que según los entendidos alcanza ya al 40%. Calles y parques se llenan a diario de comerciantes improvisados, a ellos se unen los “coleros” de las ferias, los “colaboradores” de las aplicaciones de transporte y una larga lista de “emprendedores” que se extiende hasta los “clandestinos”, que expenden alcohol y organizan eventos. Al otro lado del espejo se ubican los grandes evasores o elusores de impuestos. Todos ellos, a vista y paciencia de la autoridad.
Para no aburrir con ejemplos, baste mencionar la “ley Cholito”, que es de una ingenuidad que provoca ternura. Esta ley (Nr. 21.020) dice en su artículo 12º que se prohíbe el abandono de animales. Pero, como es de sobra conocido, los perros callejeros siguen y probablemente seguirán siendo uno de los principales problemas sanitarios de Chile (ni hablar de los perros asilvestrados). Los abandonan por doquier, están en todos lados, cientos de miles (350 mil aproximadamente), sin amo, sin chip, sin canil municipal, reproduciéndose libres, a la espera que alguien les dé comida o de un paseante descuidado a quien morder.
La segunda razón por la cual es falaz restringir el concepto de Estado de Derecho al orden y seguridad pública, es porque sólo se aplica a cierto tipo de acciones vandálicas y no en general. En muchas poblaciones hace décadas que no existe capacidad de enfrentar a las bandas delictuales que imponen sus propias reglas de funcionamiento. Pero como los afectados no pertenecen a la clase alta, no viven en los barrios acomodados, ni representan grandes intereses, no son merecedores de ser declarados desamparados del Estado de Derecho. Sólo son víctimas de desconsiderados delincuentes.
Como se dijo, entre otras cosas, éste supone la cautela de la libertad de las personas y de su igualdad ante la ley. Eso implica hacerla respetar en todos los ámbitos y en todo el territorio. Todas las leyes, no sólo las de orden público, en los barrios acomodados o en resguardo de grandes intereses.
Aunque les pese a los defensores del “jaguarismo” criollo, en esta incapacidad Chile se hermana de manera indefectible con Latinoamérica. Con ella comparte una de las fantasías más antiguas del continente: que basta con promulgar una ley para que se cumpla.
La ausencia de Estado de Derecho no es, entonces, un problema de la Araucanía, ni de plaza Dignidad, es más amplia y compleja, y sobrepasa con mucho la deficiente labor policial de mantención del orden y seguridad pública.
En otras palabras, el poncho es aún mucho más grande de lo que se quiere reconocer.
