Opinión
Uno de los importantes desafíos actuales en materia de protección de niñez y adolescencia es abordar el bullying y acoso escolar en todos los niveles educativos. Un Estado cuidador debe ser capaz de garantizar espacios libres de violencia, donde el buen trato y el respeto por los demás sea foco central de la educación que reciben las niñas y niños por parte de sus cuidadores y de los espacios educativos que creamos para su propia convivencia y desarrollo durante la niñez y adolescencia.
Existen estudios que explican los motivos del fenómeno como una consecuencia de crecer en entornos de violencia, lo que es muy preocupante si consideramos que en el último año 1 de cada 4 niñas y niños declara haber sido víctima de violencia en Chile. Al reconocer que la violencia en el entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra los derechos fundamentales, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es importante encontrar su origen y atacarla.
La pandemia y el encierro han empeorado la situación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante el año 2020 uno de cada tres niños en el mundo sufrió acoso escolar, con mayor aumento entre quinto básico y primero medio en donde la prevalencia del acoso escolar en niños llegó al 32%, mientras que en niñas es del 28%.
En un nuevo ambiente educativo donde la mayoría de las clases se desarrolla de manera virtual, es importante regular ese espacio y considerarlo como una extensión de la vida social donde los niños y niñas necesitan supervisión y atención de sus cuidadores. A partir del estudio “Victimización online y offline: un análisis de grupos de adolescentes víctimas de acoso y ciberacoso en Chile” realizado por diferentes universidades a nivel mundial dice que, 20% de los niños y niñas dice ser víctima de hostigamiento, siendo un 65% de quienes lo causan del mismo establecimiento educacional, mientras que un 58% dice haberlo sufrido en persona y un 47% por medio de internet. Si hacemos zoom en quienes suelen sufrir mayor acoso, nos encontramos con niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBTIQA+, neuro-divergentes y quienes viven con alguna discapacidad a causa de la poca educación en torno a la diversidad e inclusión.
Es muy relevante que quienes lideren el diseño de políticas públicas para la niñez y adolescencia tengan la responsabilidad de hacerse cargo y abordar la violencia hacia la niñez como fenómeno complejo, sin simplificar los eventos y entenderlos como parte de un modelo educativo y de desarrollo que está lejos de garantizar el bienestar y buen vivir. Para ello, es necesario disminuir las brechas de acceso en pandemia y acelerar la tramitación del proyecto de Educación Sexual Integral que luego de su rechazo en 2020 se presentó nuevamente en el Congreso hace unas semanas.
Ad portas de una elección presidencial y parlamentaria, quienes nos postulamos a cargos de representación debemos realizar un compromiso concreto para empujar la Ley Integral contra todas las violencias hacia la niñez que reconozca la deuda con las niñas, niños y adolescentes y que asegure su bienestar y felicidad hoy, no mañana.
