La centroizquierda tiene que responder con más claridad y precisión cómo reemplazará el modelo neoliberal, más allá de instalar un verdadero Estado de Bienestar y el pacto tributario que permita financiar la ampliación de derechos sociales, y cómo generará una estrategia de transformación y diversificación productiva que permita retomar un crecimiento económico mayor y de características distintas al logrado con anterioridad, más coherente con la igualdad y sustentabilidad.
El sistema democrático tiene el consenso mayoritario entre la población del país como el mejor sistema de Gobierno. La democracia es la base de todo, democracia de verdad, no de mentira o a medias, como les gusta a muchos(as), para lo cual el nuevo ciclo que se inicia y el impulso de un nuevo modelo de desarrollo estarán acompañados por un poderoso proceso de democratización y consolidación de la democracia.
Pero la democracia de verdad tiene que ir acompañada por un cambio cultural de grandes dimensiones, que ponga a la persona en el centro del quehacer público, los Derechos Humanos en su mirada integral como piedra angular de las políticas y decisiones tanto públicas como privadas, la igualdad en la diversidad, la colaboración y cooperación, un crecimiento económico que contribuya a la equidad distributiva y a mayor justicia social, donde los trabajadores son un patrimonio de la empresa y no “capital humano”, y donde predomine la solidaridad, el respeto, la consideración y la mentalidad participativa.
A continuación presentamos elementos para responder la pregunta principal planteada.
La disminución de la desigualdad debe ser la prioridad en las políticas públicas, entendiendo que no es lo mismo lograr la igualdad que disminuir la desigualdad. Esto se juega en el campo de los valores, en el ámbito del cambio cultural. Que los ciudadanos no estén disponibles para aceptar la mantención de los niveles de desigualdad existentes.
Si queremos recuperar el crecimiento con beneficios para todos y convivir en paz social, la política debe modificar sus prioridades. La desigualdad es un tema ciudadano, no solo de economistas y empresarios que no han sido capaces de dotar a la economía de otros sentidos. Chile no es una sociedad anónima dirigida por expertos y empresarios, es una República Democrática. Los problemas económicos no se resuelven ni se han resuelto nunca por autorregulación de los mercados, los resuelve la política.
Por mucho tiempo en Chile se evitó discutir sobre la distribución de la riqueza, era un tema de expertos, pero es demasiado importante, afecta a todo el mundo y lo viven todos los días las personas afectadas. La dimensión subjetiva de la desigualdad estuvo extraordinariamente presente en la crisis de octubre. Claramente no basta como único indicador del desarrollo el aumento del PIB. Mientras no se ataque la raíz del problema, independientemente del nivel de riqueza que alcance el país, los problemas del malestar, la rabia y la violencia no se resolverán.
Thomas Piketty diferencia dos componentes en la distribución de los ingresos: los ingresos del trabajo y los del capital y patrimonio. La desigualdad por patrimonio es dos veces más alta que la de ingresos, como indica la OCDE. En Chile se ha estudiado bastante la distribución de los ingresos del trabajo, pero ha sido un tema casi vetado el origen del capital y su impacto en la desigualdad. En los hogares chilenos el 10% más acomodado es dueño del 60% del patrimonio neto total, mientras el 40% de los hogares menos acomodados no tiene patrimonio neto. Se dice también, por otra parte, que en una empresa en Europa los salarios más altos superan 15 veces los más bajos, mientras que en Chile esa relación es entre 30 y 40 veces.
Es evidente que la desigualdad es grande y si le sumamos los anunciados riesgos de la automatización, se debería requerir un nuevo consenso entre el Estado, los dueños del capital y los ciudadanos, si se desea evitar nuevos “estallidos”. La crisis multifactorial que está afectando al país puede ser, en realidad, una oportunidad para efectivamente pensar en un nuevo pacto social que aborde esta realidad.
Continuando con Piketty, nos indica: «La principal fuerza de convergencia para reducir las desigualdades es la difusión de los conocimientos y la capacitación y formación de habilidades. Este proceso permite al mismo tiempo el aumento general de la productividad y la reducción de las desigualdades». Compartir el saber es un bien público por excelencia y no un fenómeno de mercado o de conveniencia competitiva. Es un rol clave de la política pública.
El ingreso mínimo juega un papel fundamental. En los primeros años de los gobiernos de la Concertación, los principales mecanismos para disminuir la pobreza fueron: el aumento del salario mínimo, la incorporación de la mujer al mercado formal del trabajo, el número de perceptores de ingresos por grupo familiar, y el tamaño de la familia y las transferencias monetarias directas según el tamaño y características del hogar.
Otras medidas que puedan contribuir, serían que en el sector público o empresas que se financian con fondos públicos la diferencia de remuneraciones no superen las 15 veces; el pago de cargas familiares es un mecanismo simple para mejorar la distribución de ingresos según el tamaño del hogar y contribuye a formalizar los empleos, antiguamente estas asignaciones llegaron a ser el 1.5 % del Gasto Público, hoy no llegan al 0.2 % , y hoy el país es muchísimo más rico que en los años 70; las remuneraciones del sector público siempre han sido una referencia para determinar los salarios medios del sector privado.
En Chile los mercados importantes están en manos de 3 o 4 empresas, las que por su posición dominante controlan todas las dinámicas de la competencia. No es verdad entonces que exista libre competencia. La pymes y minipymes, por sus enormes dificultades de acceso a los mercados, ven limitado severamente su desarrollo y posibilidad de pagar mejores salarios. Las compras públicas podrían estimular el desarrollo de esas empresas de menor tamaño. Para ello, lo más importante es abrir el sistema de compras de todas las empresas y servicios públicos, incluyendo inversiones, obras públicas, vivienda, Fuerzas Armadas y de Orden, en todos los niveles de administración del Estado: nación, región, provincia y comuna, fijando metas de apertura de mercados por tamaño de empresas concurrentes.
Los instrumentos tributarios y subsidios son recursos fiscales que, muchas veces, orientan el desarrollo de empresas, y han sido utilizados recurrentemente en Chile, pero, casi siempre y prioritariamente, para las grandes compañías. Varios instrumentos hoy se podrían reorientar para ser utilizados en apoyar a empresas de menor tamaño, por ejemplo, compra o reformulación de las deudas con los bancos o gobierno (plazos más largos y/o costos menores; la reparación de unidades productivas afectadas por disturbios o agresiones violentas; la flexibilización y ordenamiento urbano para actividades productivas de ese tipo de empresas; el no pago de tributos para empresas que inician su funcionamiento (1 año).
La gran reorientación hacia actividades económicas estratégicas. Los economistas suelen debatir mucho sobre los equilibrios macroeconómicos pero hablan poco sobre la producción, y ello es fundamental.
Los dos sectores más dinámicos de la economía del país son la Minería y la Alimentación (desde la producción a la mesa). Ahí se deben concentrar los primeros esfuerzos de inversión, incorporación de la ciencia y tecnología a la innovación, así como experimentación para enfrentar el cambio climático. La innovación y preparación del trabajador experto se deben hacer para ese fin, y desde ahí, para luego expandirse en el resto de la economía. Tanto la minería como la alimentación tienen que proyectarse además como Economía Circular. Ambos sectores para su adecuado funcionamiento requieren de dos recursos muy escasos: el agua y la energía. De cómo se resuelvan esas limitaciones y se conviertan en oportunidades, depende la dinámica de crecimiento futuro no solo de la minería y de la industria de alimentos, sino de todo el país y el bienestar de las personas.
El agua es uno de los principales bienes públicos de un país. Su uso eficiente y su correcta devolución al medio, son dos temas centrales en cualquier cambio de futuro. El cambio climático se ha expresado en disminución de lluvias y aumento de las temperaturas, incorporando un factor de incertidumbre en todos los sectores productivos, en particular el sector alimentario. El problema del agua se puede transformar en una gran nueva oportunidad de desarrollo en la medida que solucionemos bien el andamiaje institucional necesario para aquello.
Hay que mejorar el uso del agua en la agricultura, que representa el 70% del consumo, mientras que el uso doméstico alcanza un 6%. En Chile se cultivan 5.0 millones de hectáreas, de las cuales solo 1.2 millones están bajo riego y apenas 0.3 millones están regadas con sistemas tecnificados: si mejoramos la eficiencia del riego, se liberarían grandes volúmenes de agua para el consumo humano, la minería o la industria y se podría duplicar la actual superficie de riego.
Resolver el problema del agua en las ciudades está aportando nuevas soluciones para enfrentar el cambio climático, en las técnicas de reutilización de las aguas para usar en riego de la misma ciudad o en la agricultura, o la industria, controlando las pérdidas en la distribución de aguas, acumulación de aguas lluvias, potabilización de aguas de los ríos, desalinización de aguas en las ciudades costeras. Este tipo de soluciones requieren contar con tecnologías y conocimiento científico disponible en el mundo, son nuevos espacios de trabajo para una economía circular y protectora del medio ambiente.
El sector agua es un espacio óptimo para pasar a la industria 5.0, cuando la tecnología es un medio para las personas, la sostenibilidad y la resiliencia.
El sector energético ha logrado importantes grados de consenso entre los distintos actores del país: políticos, empresarios, ministros, científicos y la sociedad civil, concuerdan en la importancia de ir hacia una transición energética.
La producción de hidrógeno verde puede ser muy competitiva a nivel internacional, abriendo un nuevo sector económico similar a la industria minera. A su vez, los distintos tipos de energía renovable encuentran en Chile condiciones óptimas para su generación. La energía solar en el norte, la eólica en el sur, la energía a partir del agua salada en la costa, la explotación del litio (baterías), entre otras. El desarrollo económico de los territorios tiene aquí importantes oportunidades.
En los últimos tiempos surge con fuerza un modelo alternativo, el de producir in situ la energía demandada: se llama “energía distribuida”. La energía se produce más cerca del consumidor, no incurre en gastos de transmisión ni sufre pérdidas en las líneas, y la energía sobrante se puede vender a la red.
Poner en marcha la transición energética y un polo tecnológico en relación con la energía aumentará la productividad de toda la economía, se generarán grandes conocimientos y ello demandará la formación de capacidades e innovación en las personas que participen en ese mercado laboral, en la producción, la exportación de combustibles y la creación de tecnologías asociadas al hidrógeno verde y las otras fuentes de energías renovables.
Los nuevos desafíos que se nos vienen deben tener muy presente la diversidad de recursos que están disponibles en las actuales regiones, y que no será fácil, ni bueno, como en otros periodos, implementar modelos de crecimiento desde el centro. Las nuevas autoridades regionales elegidas velarán por que los recursos tengan una distribución menos desigual, en un marco de protección del medio ambiente y respeto a sus distintas comunidades.
Serán también un nuevo motor para impulsar una gestión inteligente y estratégica del desarrollo de sus territorios. La minería, la alimentación y los recursos como el agua y la energía, van a demandar definir las competencias exclusivas y compartidas entre los distintos niveles de la administración del Estado, y es muy posible que el nuevo eje ordenador de la gestión pública sea la carretera digital que facilita la comunicación en tiempo real y la administración de las cuencas.
Considerando las condiciones geográficas y su relación con el ciclo natural del agua, el factor territorial clave será la Cuenca Hidrográfica, que por cierto trasciende la división administrativa del país. El año 2017 se publicó el estudio “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, donde se encuentra la información y el análisis disponible de las 101 cuencas repartidas en todo el territorio nacional. El problema no es de información, sino que de gestión de un bien público.
La población en Chile se ha ido concentrando en zonas urbanas, cerca del 90% vive en ciudades y más del 60% habita en zonas metropolitanas, pero carecemos de gobiernos metropolitanos. El tipo de desarrollo urbano se hace cada vez más insostenible. En los últimos años el déficit de vivienda se ha acrecentado con el proceso migratorio, que sumado al déficit acumulado ha incrementado el nivel de hacinamiento, un aumento de los asentamientos irregulares o campamentos, y una fuerte alza en los precios de alquiler y adquisición de viviendas.
La consagración del derecho a la ciudad en la nueva Constitución y la acumulación de dificultades (seguridad-delincuencia, hacinamiento, conectividad, cuentas de servicios impagas, trabajos lejanos al domicilio, en fin) harán indispensable impulsar un desarrollo urbano sostenible y, en particular, con urgencia iniciar un programa integral de regeneración de barrios.
