Opinión
Se ha anunciado el fin de la Prueba de Transición y el inició de una nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). La nueva prueba estará basada en la medición de competencias y habilidades dejando atrás una evaluación que estuvo basada en el dominio de contenidos curriculares. La promesa es que el nuevo sistema será más justo y equitativo. ¿Nuestros estudiantes y familias resistirán una nueva promesa sin cumplir?
La prueba de transición demostró que un cambio en el tipo de preguntas y de contenidos a evaluar producía una leve disminución de la brecha social que año a año se verificaba con la prueba PSU. En su aplicación del 2020 las autoridades se felicitaban por la reducción de brechas que demostraba la nueva prueba. Sin embargo, en la versión 2021 esta disminución se detuvo y, probablemente como fue en el caso de la PSU, la disminución no solo se estabiliza en los primeros años, sino que las brechas pueden volver a aumentar volviendo a sus puntos originales. En la última versión comunicacionalmente se relevó la disminución de las brechas entre las modalidades de Enseñanza Media. Se trata de un buen logro y que es explicable por la nula consideración que tuvo la ex PSU del currículo de la Enseñanza Media Técnico Profesional. Pese a ello, y considerando los puntajes obtenidos por estudiantes de ambas modalidades, las diferencias sociales y de capital cultural tienen una fuerte relación con los puntajes obtenidos en la PDT. ¿La nueva prueba podrá garantizar realmente una disminución de las diferencias asociadas a la realidad social de los estudiantes?
Se ha insistido que las pruebas de selección actúan como una especie de termómetro y que solo miden los contenidos que se han propuesto medir y no resuelven la distribución desigual de los mismos atribuidos a la realidad social y cultural de los estudiantes. Pese a que esta afirmación es conceptualmente discutible, el problema no radica en el instrumento, sino que en las consecuencias de los resultados que arroja su aplicación. En efecto, los esfuerzos técnicos por mejorar la calidad de los instrumentos de medición pueden seguir avanzando hasta llegar a la perfección. Pero el contexto de desigualdad de su aplicación no permitirá que estudiantes que están en los niveles inferiores de la escala social y de las oportunidades educativas puedan obtener los puntajes adecuados para ingresar a las universidades con en el estándar mínimo de selección.
De este modo el problema no es sólo técnico e instrumental. Es más amplio y refiere, finalmente, al modelo de justicia educacional en el cual descansa el sistema de selección y de acceso a la educación superior. El problema no es nuevo en el debate educativo en el país. Lo nuevo es el contexto. Estamos en un momento constituyente donde esta discusión puede encontrar una instancia superior de solución. La nueva constitución debe declarar la igualdad fundamental de todas las personas y el derecho que tienen a la educación. Siguiendo un principio de justicia igualitaria todos las personas cualquiera sea su edad y condición social debe tener acceso a una educación de calidad similar y de resultados equivalentes a lo largo de la vida. La educación no se limita al sistema escolar ni concluye en cuarto año de enseñanza media. La nueva constitución ¿garantizará el derecho a la Educación Superior? Y si es así ¿los procesos selectivos actuales y los instrumentos que se aplicarán permitirán garantizar los derechos de todos los estudiantes para acceder a la Educación Superior?
Dado que la desigualdad social y de posiciones no se resolverá de un día para otro será importante, además, actuar con un principio complementario de justicia correctiva. Ello implica que la sociedad debe corregir las desigualdades y garantizar más a los que tienen menos. De este modo además de reconocer el derecho a la educación de todos y todas se espera que la nueva constitución obligue al Estado a actuar con un reconocimiento particular hacia quienes requieren una atención diferente para igualar las oportunidades y los resultados inclusivos a los cuales aspira la sociedad. El debate constitucional ayudará a definir el modelo de justicia educacional que inspirará el acceso a la educación superior de los próximos años y de las nuevas generaciones.
