Durante agosto de este año se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el estudio del proyecto eólico Faro del Sur que se emplazaría en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y que estaba a cargo de las empresas Hif Chile y Enel Green Power, el cual permitiría la producción de hidrógeno verde mediante el uso de energía eólica.
Se trataba de proyecto que aportaría al desarrollo sustentable del país, con miras a la descarbonización de la matriz energética, objetivo que se espera alcanzar en 2050. Tendría una capacidad de 325 MW, contemplaba la instalación de 65 aerogeneradores de última generación y una inversión de US$ 500 millones. Por otro lado, en los 24 meses que duraría su construcción abriría cerca de 310 plazas de trabajo, con un peak de 600 puestos, y luego en su operación requeriría de un promedio de 34 operadores directos.
No obstante, recientemente fue retirado por las empresas señalando exigencias que sobrepasan el estándar habitual para este tipo de iniciativas, aun cuando se habían entregado todos los antecedentes exigidos por la normativa. ¿Cuáles fueron los principales reparos del organismo evaluador? Principalmente, se establecieron argumentos sobre las implicancias medioambientales que podría tener su instalación.
El informe da cuenta de varios puntos técnicos relacionados a la recuperación de suelos, análisis de las rutas migratorias de las aves en el periodo de un año, manejo de monumentos naturales, hasta el impacto de paisaje y sombreado que podría presentar en el territorio donde estaría situado.
Sin embargo, el proyecto incorporaba algunas de esas preocupaciones en su estudio, por ejemplo, detallaba un sistema de detección pionero en Latinoamérica, con el que podían detener los aerogeneradores a través de un radar en caso de que se acercaran bandadas, y por medio del uso recopilar información respecto a la trayectoria, altura, temporalidad, para ser cada vez más preciso ante estas situaciones de riesgo.
Estos requisitos, catalogados como excepcionales por las empresas encargadas, pero también por diversos representantes de la industria energética, abren el debate sobre la manera en la que se deberían evaluar este tipo de proyectos y qué retroalimentación deberían brindar las entidades gubernamentales a cargo para orientar, fiscalizar y facilitar el proceso, para entender qué requerimientos se pueden incorporar y cuáles definitivamente hacen inviables iniciativas de este tipo en la región.
Es importante hacer una revisión a nivel país de estas medidas, que, si bien buscan elevar el estándar de protección al medioambiente, también pueden enviar una señal que podría afectar la inversión de empresas de desarrollo de energías renovables y de hidrógeno verde en Chile, industria en la que nuestro país quiere ser líder a nivel mundial y que contribuiría en gran medida a enfrentar el Cambio Climático.
Por otro lado, contar con un panorama cargado de incertidumbre podría tener serias consecuencias considerando los problemas económicos que estamos atravesando actualmente. De hecho, las últimas proyecciones de la OCDE señalan a Chile como el país con la ralentización económica más evidente, cayendo en septiembre 73 centésimas y dejándolo con un total de 94,53 puntos, lo que lo sitúa con el nivel más bajo de todos los miembros, siendo la nación que ha tenido los descensos más pronunciados en los últimos meses. Una de las recomendaciones para remediar esta situación y fortalecer la productividad y la competencia, es justamente revisar el conjunto de regulaciones existentes y su impacto en la competencia. Con esto como antecedente, claramente tener un proyecto de esta naturaleza sería un gran aporte.
Lo que esperaría de estas entidades es que ayudasen a este tipo de proyectos a desarrollar dichos estudios de mejor forma, con una actitud vigilante, pero también propositiva actuando como guía y un apoyo para las empresas, de manera que estas iniciativas que tienen un potencial tan importante puedan ejecutarse.
Nuestro país cuenta con las condiciones necesarias para la producción de hidrógeno verde, lo que, sumado a la importante incorporación de energías renovables a la matriz energética nacional, cuya meta establecida por el Ministerio de Energía es alcanzar hasta un 70% al año 2050, permitirían posicionarnos como un referente en energías limpias, lo que, sin duda alguna, traería beneficios sociales, económicos y medioambientales.
