Opinión
Hace algunos días el Senado aprobó el proyecto de ley que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, el que ahora pasa a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Un gran avance para la promoción y protección de los derechos de las personas mayores, contribuyendo así a su participación e inclusión en la sociedad y que esperamos se despache lo antes posible para convertirse en ley.
La Cámara de Diputadas y Diputados tiene en sus manos una oportunidad histórica: aprobar un proyecto que garantice los derechos de las personas mayores. Una legislación que busca no solo reducir las brechas, sino que también contribuir a dejar atrás la discriminación por razones de edad, que se ha perpetuado por años, desde pequeños chistes inocentes, hasta calar incluso en la institucionalidad del Estado.
Sin embargo, hay un punto que no ha sido parte de la discusión y que es necesario relevar: la discriminación que sufren las personas mayores en relación con la remuneración mínima. En Chile, sobre la base del último ajuste en enero de este 2023, los trabajadores mayores de 65 años obtienen solo el 75% del sueldo mínimo que para el resto de los trabajadores (Ley N°21.456). ¿Cuál es el motivo de esta distinción? Supuestamente la menor productividad en relación con la edad. Craso error. Estudios cualitativos muestran los distintos aportes que realizan las personas mayores al mundo del trabajo; no es solo experiencia, sino que también potencian la calidad y cuentan con un mayor nivel de responsabilidad, confiabilidad y resiliencia. Por lo que este tipo de medidas solo profundizan el edadismo o discriminación por edad institucional que está vigente en nuestra legislación y que ya es la tercera causa de mayor discriminación en el mundo (después del racismo y el sexismo).
El proyecto de ley mencionado inicialmente se refiere al trabajo indicando que “las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente, con igualdad de oportunidades y de trato respecto a los demás”. Pero, actualmente, cuando las personas mayores logran superar las distintas barreras excluyentes y sumarse al mercado formal –tema para otras innumerables columnas–, pueden recibir un sueldo mínimo de $305.851, y no de $410.000 como el resto de las personas. ¿Se cumpliría entonces la igualdad de oportunidades que menciona esta ley? Evidentemente, la respuesta es un rotundo no. Son muchas personas de 65 o más años las que se mantienen activas en el mundo laboral, sin, por supuesto, trabajar menos horas ni con menor eficiencia, por lo que urge corregir la legislación vigente que regula el sueldo mínimo en Chile.
Las personas mayores son el 20% de nuestra población, y serán el 32% para el 2050. Hoy debemos cambiar las cosas y exigir derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas. La discriminación por edad al final tiene un impacto negativo no solo en la economía, sino que en la sociedad en general. Por esto, es urgente empujar por una remuneración justa y equitativa que sirva para promover la empleabilidad de este grupo etario y favorecer una vejez autónoma. Solo así podremos hablar de una sociedad realmente inclusiva que trabaja por hacer transformaciones hoy. Mañana será demasiado tarde para quienes son y seremos mayores.
